Entre los meses de marzo y junio uno de los temas recurrentes entre quienes tienen hijos en edad escolar es el de los colegios, las plazas disponibles para el nuevo curso y cuántos puntos dan por cada circunstancia familiar. Y el resultado es que no siempre los padres pueden llevar a sus hijos al centro educativo que escogieron en primer lugar. El problema es cuando se producen situaciones incomprensibles como que un niño de tres años no pueda entrar en el colegio con el que casi comparte las paredes de su casa a pesar de haberlo solicitado.

Cuatro años se han llevado dos familias de Alcalá de Guadaíra para que sus hijos entren en el colegio que habían elegido y que, además, está en la misma calle en la que viven, los salesianos. Ahora, el TSJA les ha dado la razón, pero la Delegación Territorial de Educación de Sevilla aún no ha procedido a la ejecución de la sentencia. Este año los menores tendrían que empezar Primaria, "y la lenta burocracia administrativa y judicial puede conllevar que también pierdan meses de este nuevo curso, por lo que los padres confían en que la Junta matricule a sus hijos en el centro que les corresponde en justicia lo antes posible", advierte el abogado de los padres, José María Ruiz Bobillo.

Durante todo este tiempo las familias de los niños han seguido todos los pasos necesarios. En primer lugar, se reunieron con el entonces secretario general de la Delegación de Educación. "La explicación dada entonces y que la Administración ha defendido judicialmente es que, a pesar de que Alcalá de Guadaíra tiene cuatro zonas de influencias bien definidas, para el colegio Nuestra Señora del Águila, al ser el único centro concertado de la localidad, se le otorgaban el máximo de puntos posibles por residencia a todos los solcitantes. Sin embargo, esto no estaba contemplado en la normativa reguladora de la materia", explica Ruiz Bobillo. Una de ellas acudió, además, al Defensor del Pueblo, aunque no obtuvo respuesta.

Es decir, un alumno que viviera a escasos metros del centro tendría los mismos puntos que otro cuya residencia estuviera a kilómetros. Tras la entrevista en la Delegación Territorial de Educación, los padres se vieron abocados a la vía judicial, solicitando la admisión de sus hijos en el centro. En ningún caso pideron la expulsión de los 17 alumnos que fueron admitidos en el centro y que residían fuera de su zona de influencia al entender que los responsables de la situación era la Administración Autonómica.

Tras un largo proceso judicial, el TSJA ha dictado dos sentencias dando la razón a los padres denunciantes de la irregularidad. El abogado de las familias de los dos menores, José María Ruiz Bobillo, asegura que el jefe de los Servicios Jurídicos que estaba en la reunión en la Delegación Territorial de Educación "era muy consciente de que la Administración Autonómica no tenía cobertura normativa para crear una especie de distrito único para el centro concertado de Alcalá de Guadaíra. De hecho, al año siguiente, ya con un cambio de gobierno en la Junta, se aprovechó una reforma del Decreto que regula la escolarización para introducir la posibilidad de establecer un distrito único cuando las circunstancias lo requieran".

Con las dos sentencias del TSJA reconociendo que los niños deben ir al centro concertado solicitado, José Maria Ruiz Bobillo confía en que tanto la nueva consejera de Educación, Patricia del Pozo, y el nuevo delegado territorial en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, "tomen cartas en el asunto de forma urgente y escolaricen de forma inmediata a los dos menores, que ya han perdido tres cursos escolares de poder estudiar en el centro elegido por sus padres y que en Justicia les correspondía".