El que fuera ex portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos comparece este lunes a declarar como testigo en el juicio por el delito societario de Mercasevilla que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla.

El que fuera vicepresidente de la empresa pública Mercasevilla comparece ante el tribunal a propuesta de la defensa del ex director general de la lonja Fernando Mellet, a quien la Fiscalía reclama una condena de 24 años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, en relación con su gestión al frente de la sociedad.

Torrijos declara además después de que un juzgado de lo Penal lo absolviera en junio de 2017 a él y a otros 13 acusados en relación con otra de las piezas relacionadas con el mercado mayorista, la de las supuestas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla, una causa en la que la juez aseguró que “ni tan siquiera existían o cabía apreciar meros indicios delictivos” en la persona del ex concejal, por el supuesto amaño del concurso público para la adjudicación de los terrenos.

Tras su absolución, Torrijos ha reclamado al Ministerio de Justicia una indemnización de 73.500 euros por el “escarnio público” y la “pena de banquillo” que ha sufrido durante los ocho años en los que se instruyó y enjuició esta causa de la venta de los suelos de Mercasevilla, que terminó con la absolución de los diez acusados.

El ex asesor jurídico y un representante de Mercasa también declaran en la vista

La Audiencia de Sevilla ha citado a declarar este lunes, además de a Antonio Torrijos, al abogado y ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; al ex consejero en representación de la sociedad estatal Mercasa Ángel Gil Pascual; al ex delegado de UGT en la empresa Eduardo Muñoz Varga; y al que fuera director general de la lonja Juan Carlos Recio. Al día siguiente, el martes día 5, la Audiencia ha citado a declarar a otros cuatro testigos, entre ellos el ex concejal socialista Alfonso Mir del Castillo.

Tras siete años de instrucción, esta macrocausa que se inició con las querellas presentadas por la propia Mercasevilla y por el Partido Popular por supuestos delitos societarios quedó reducida a cuatro hechos puntuales: un contrato con la empresa Hermes Consulting, el pago de unos palets, una beca que la Fundación Mercasevilla abonó a la hija del presidente de la asociación de mayoristas de Pescado y el cobro por parte de nueve trabajadores prejubilados en el ERE de 2007 de un premio extraordinario de jubilación.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público sostiene que Fernando Mellet, que ocupó el cargo de director general entre 2002 y 2009, durante el ejercicio de sus funciones “y sin perjuicio de otros hechos, cuya corrección compete al ámbito societario y contable”, realizó diversos actos de “disposición concreta de fondos, no amparados en causa justa alguna, que responden a un ánimo de liberalidad, y que han causado un perjuicio económico a Mercasevilla por importe de 449.164,74”.

La Fiscalía destaca en su escrito que la auditoría de Deloitte sobre las cuentas de Mercasevilla apreció diversas irregularidades, entre las que cita expresamente “una ausencia de los necesarios controles en la aprobación de gastos, ordenación de pagos y efectividad de estos últimos, así como falta de una clara delimitación respecto a las personas que intervienen en dichos procesos”.

Los auditores advirtieron además de la “insuficiencia y deficiencia de muchos soportes documentales de gastos”, y de la “frecuente extralimitación por parte del director del tope que le venía impuesto en los poderes notariales conferidos (60.000 euros) respecto a asunción de obligaciones de gastos e inversiones, ordenación de pagos, operaciones de crédito, etc., sin que tampoco hayan contado con aprobación, autorización o ratificación expresa por ninguno de los órganos de administración de la sociedad, a los que no se sometía dichas actuaciones”.

La acusación pública imputa a Mellet un delito de prevaricación, otro de falsedad en documento mercantil y cuatro delitos de malversación, por los que solicita un total de 24 años de prisión y 40 años de inhabilitación. En concepto de responsabilidad civil, reclama que Mellet devuelva a Mercasevilla solidariamente con los otros acusados la cantidad supuestamente malversados.