La acusación particular que ejerce el grupo municipal de Vox en el caso del desfalco de más de un millón de euros en Lipasam insiste en que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, debe prestar declaración como testigo, una comparecencia que inicialmente el juez había acordado pero que posteriormente dejó en espera de la declaración de la directora generten de la empresa de limpieza, Virginia Pividal, como representante legal de Lipasam y que ha sido fijada para el próximo 8 de julio.

El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno, dictó el pasado 17 de junio una providencia –notificada el día 18– en la que acordó dejar sin efecto la declaración como testigo del presidente del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de Lipasam, el alcalde, Juan Espadas, hasta que fuese “oída la directora gerente, representante legal de Lipasam”.

El instructor atendió así a la petición realizada por la representación jurídica de Lipasam, que señalaba que el conocimiento de los hechos que podía tener el alcalde era de “inferior condición y entidad que el que tenga la actual directora gerente, Virginia Pividal, representante legal de la compañía” y quien por tanto “conoce el día a día de la gestión, de la estructura y funcionamiento del personal y resto de extremos que son relevantes para el propósito del esclarecimiento de los hechos”.

El abogado de Lipasam, Juan Carlos Alférez, consideraba en su escrito que la declaración del regidor hispalense era “innecesaria”, puesto que con la declaración de la gerente se facilitará al juzgado el “conocimiento pleno que tiene la empresa sobre los hechos investigados”. En cualquier caso, Lipasam aseguraba que el alcalde ha mostrado su “total disposición a colaborar con la acción de la justicia y prestar declaración si así se estimara finalmente conveniente, en cuyo caso, solicita al juzgado, que la misma pueda prestarse por videoconferencia por razón de agenda”.

Tras esta petición, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, que también ejerce la acusación en la causa contra el ex contable de Lipasam, ha presentado un escrito en el que insiste en que preste declaración como testigo el alcalde.

En primer lugar, Vox niega que la gerente de la empresa de limpieza ostente la “representación legal” de la compañía, ya que, en su opinión, dicha representación recae sobre el presidente del consejo de administración y Pividal “estará apoderada con facultades de gerente, que serán más o menos amplias sin duda, pero que en absoluto pueden abarcar todas las que son propias de la representación legal”, afirma el letrado de la formación.

Para Vox, lo que sí es cierto es que es al presidente del consejo de administración a quien corresponde la representación en juicio y fuera de él de la sociedad, razón por la que ha entendido “conveniente citarle como testigo”, añadiendo que Juan Espadas no comparece en su calidad de alcalde sino como representante legal de Lipasam.

Vox también se opone a que el regidor, llegado el caso, pueda declarar mediante videoconferencia, al estimar que es “obligada su comparecencia ante el órgano jurisdiccional”, puesto que lo contrario “no sólo sería una resolución contraria a la ley, sino además un acto injustificado de privilegio respecto del resto de ciudadanos que tienen la obligación de comparecer en calidad de testigos ordinarios, por muy apretadas que sean sus agendas”.

Por ello, si se le permitiera declarar por videoconferencia se estaría incurriendo, sostiene la formación política, en un “manifiesto fraude de ley“ puesto que el alcalde no se encuentra entre las “autoridades privilegiadas” que pueden prestar declaración por medios telemáticos.

Por último, Vox señala que si por motivos de agenda el alcalde no puede comparecer en la fecha señalada, “lo haga en la que pueda consensuar con la oficina judicial si así lo tiene a bien considerar Su Señoría”.

En marzo pasado, poco antes de que se declarara el estado de alarma, el ex jefe de servicio del departamento económico y financiero de Lipasam Manuel M. G. confesó ante el juez que se apropió de más de un millón de euros de las cuentas de la empresa pública de limpieza de Sevilla, mediante un sistema que, según declaró, era de “difícil detección” por parte de Lipasam y por eso nunca se detectó en las auditorías realizadas a la sociedad.

Manuel M. G. reconoció expresamente “todos los hechos” denunciados y aseguró que a mediados de 2008 inició sus prácticas de apropiación, que eran de “difícil detección” por parte de Lipasam y de hecho “nunca se detectó nada” en las auditorías que se realizaban a la empresa pública en relación a este desfalco.