El juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana está incorporando ya a las distintas macrocausas el acuerdo al que llegó con la titular del juzgado, María Núñez Bolaños, por el que él asumía la investigación de todos los macroprocesos, mientras que la magistradas se quedaba con la competencia para el resto de asuntos ordinarios, un pacto que ya ha desatado otra auténtica batalla legal en el seno de estos procesos porque las defensas consideran que con esta nueva atribución se ha vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por la ley.

Tal y como adelantó este periódico, la juez Bolaños renunció a la instrucción de las macrocausas tras reincorporarse el pasado 3 de septiembre al juzgado tras once meses de baja por motivos de salud y después de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivase las diligencias informativas abiertas a la juez a raíz de la denuncia presentada por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El juez Vilaplana ha incorporado el plan de actuación y el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJA que lo ratifica, en una providencia contra la que las defensas pueden presentar un recurso de reforma.

El pacto alcanzado por ambos magistrados, según refleja el acuerdo remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el pasado 4 de agosto, incluía un nuevo "plan de actuación" que se justifica en que ambos magistrados habían asumido "de forma simultánea" la instrucción de los procedimientos en este juzgado y tenía en cuenta, primordialmente, la "experiencia obtenida" por el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, que lleva en este juzgado desde 2016 y ha venido asumiendo la "sustitución" de la titular, lo que ha determinado que "durante un muy prolongado lapso temporal venga conociendo de forma ininterrumpida" la investigación de las macrocausas, obteniendo un "conocimiento preciso de su problemática, objeto y naturaleza, en relación a las diligencias de instrucción y decisiones judiciales adoptadas y pendientes de practicar y adoptar" en unos procesos además que tienen una "especial complejidad y relevancia".

En segundo lugar, el acuerdo se refiere a las "necesidades del servicio vinculadas con el mantenimiento y la continuidad de los trámites, señalamientos y diligencias pendientes ya conocidas y/o adoptadas por el juez en el curso y avance de la sustanciación de las referidas causas durante la prolongada baja" de la juez Bolaños, por lo que concluyen que es mejor que dicho magistrado de refuezo continúe conociendo las macrocausas.

El acuerdo, que no cita las verdaderas razones de la renuncia de Bolaños, como son el cansancio de la magistrada tras una persecución escandalosa desde que llegó al juzgado en el año 2015, fue ratificado por la Sala de Gobierno del TSJA en su reunión del pasado 14 de septiembre y este acuerdo será ahora trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su ratificación.

Sin embargo, este acuerdo ya está siendo impugnado por muchas defensas, que consideran que el nuevo reparto de funciones en el juzgado supone la designación de un juez ad hoc, a propósito, para investigar las macrocausas, y que este acuerdo no se basa en reglas generales, objetivas o abstractas como podría haber sido, por ejemplo, la distribución de las macrocausas en función de la cifra con la que terminan las diligencias previas de cada asunto.

Algunos abogados como Gonzalo Martínez Fresneda, Francisco Baena Bocanegra, Juan Carlos Alférez, Adolfo Cuéllar y Alfonso Martínez del Hoyo –que representan a varios ex consejeros de la Junta y ex altos cargos en algunas de las macrocausas– han presentado ya un incidente de nulidad en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde han solicitado que se revoque el pacto alcanzado entre ambos jueces para el reparto de las macrocausas, lo que implica que éstas volverían de nuevo a ser instruidas por la titular, la magistrada María Núñez Bolaños.

Una segunda vía para impugnar la designación de José Ignacio Vilaplana como juez de las macrocausas lleva directamente hasta el Tribunal Supremo, en concreto, a la sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo. Uno de los abogados que defiende también a varios de los investigados en las macrocausas ha explicado a este periódico que va a recurrir directamente la aprobación por parte de la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del acuerdo alcanzado entre Bolaños yVilaplana para el reparto de las macrocausas.

De hecho, en el acuerdo del TSJA se especifica que, conforme a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de gobierno de los tribunales, contra los actos de las Salas de Gobierno podrá interponerse "recurso de alzada ante el Pleno del CGPJ y, en su caso, recurso de revisión, en los plazos, formas y por los motivos que establece la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo Común de las Administraciones Públicas, disponiendo el artículo 122.1 de la citada ley 39/2015, que el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso", según detalla la certificación emitida por el secretario de gobierno en funciones con fecha 21 de septiembre.