El juicio con jurado popular en el que se juzgará a partir del 16 de octubre en la Audiencia de Sevilla a Adrian N., el ciudadano rumano acusado de matar a su exnovia Rocío Caíz y descuartizarla en Estepa, ha sufrido un pequeño cambio en su cronograma que hará que la primera jornada, en la que declarará el acusado, se retrase tres días. En vez de celebrarse el martes 17, lo hará el viernes 20. El motivo es que el abogado del homicida ha renunciado a su defensa y su sustituto ha solicitado, y conseguido, que el inicio de la vista oral se aplace unos días para así estudiar en profundidad el caso.

La historia tiene su intríngulis, ya que la renuncia del primer abogado no obedece a las razones habituales, que suelen ser desacuerdos entre cliente y letrado sobre la forma de plantear el asunto. En este caso, el defensor de Adrian N. se apartó de su defensa después de comprobar que lleva años siendo el abogado de la parte contraria, es decir, la familia de la víctima, en otro tipo de casos que nada tienen que ver con esta muerte violenta. De hecho, la acusación particular ejercida por los familiares de Rocío es ostentada por otro despacho en esta causa en la que, además, solicita la prisión permanente revisable por un delito de asesinato.

Esa incompatibilidad de intereses incapacita al abogado que ha representado a Adrian N. durante la instrucción para defenderlo en el juicio. Es más, cuando tuvo que explicárselo a la madre del investigado, le mostró los casos en los que ha intervenido a favor de los Cáiz, que están asentados en la localidad de Martín de la Jara, y no eran ni uno ni dos, sino varias decenas.

Una vez reasignada la defensa a otro abogado, este pidió a principios de esta misma semana el aplazamiento en la Oficina del Jurado de la Audiencia de Sevilla para estudiar los 6 gigabytes de información que contiene el sumario. No pidió demasiado, sólo unos días, y se lo concedieron hasta el viernes de la próxima semana. Mientras tanto, ya se ha entrevistado con su cliente en la cárcel.

Según el plan inicial difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estaba previsto que el juicio comenzase el lunes 16 de octubre con la constitución del jurado, que es lo único que se mantiene tal cual, y al día siguiente se oirían las alegaciones previas de las partes y declararían el acusado y algún testigo, mientras que el miércoles 18 comparecerían los peritos. Con el cambio de cronograma, la primera sesión será el viernes 20 y el resto del juicio se desarrollará a partir del lunes 23.

Los hechos que van a ser enjuiciados ocurrieron en la tarde del 2 de junio de 2021. Para entonces ya había terminado la relación sentimental que habían tenido Rocío, de 17 años, y Adrian, de 23. La pareja incluso había tenido un bebé y había fijado su residencia en Estepa. Tras la ruptura, ella regresó junto a sus padres en Martín de la Jara.

Según indica el escrito provisional de la Fiscalía, la víctima se encontró con el acusado en Estepa el día de los hechos para acordar la entrega del dinero referente a la pensión de alimentos del hijo en común. Horas más tarde, aún en ese inmueble, ambos discutieron por motivos relacionados con la negativa de la fallecida a retomar la relación. En el transcurso de esa refriega, el acusado cogió "un cordón de pantalón", se colocó "detrás” de la menor, le “rodeó el cuello" con la prenda y "con ánimo de acabar con su vida hizo presión constante hasta que el cuerpo” de Rocío “se desvaneció”. La causa de la muerte, por tanto, fue estrangulamiento a lazo.

A continuación, "con ánimo de ocultar el cadáver e imposibilitar su identificación en caso de ser hallado", el acusado "desnudó el cuerpo ya inerte y, haciendo uso de dos cuchillos, procedió a descuartizarlo" y a guardar los restos en bolsas de plástico que durante los días posteriores fue esparciendo en diferentes zonas” de Estepa.

La Fiscalía entiende que estos hechos no son constitutivos de un delito de asesinato, sino de homicidio, y reclama catorce años de cárcel más otros cuatro meses por un delito contra los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos (por el descuartizamiento). La familia de Rocío, en cambio, atribuye a Adrian un asesinato y una agresión sexual y pide la pena máxima de prisión permanente revisable. El Ministerio Público, de todas formas, no cierra la puerta a modificar su calificación en función de las pruebas que se practiquen durante el juicio.