Los altos cargos de Hacienda y Salud afirman que fueron los "técnicos" quienes cambiaron el control de los contratos del SAS en la pandemia

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda Roberto Ochoa comparecieron ayer ante el antiguo Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla como testigos en el marco de la investigación de los contratos de emergencia firmados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de 2020, por un importe de 242 millones de euros. Fueron citados porque Amelia Martínez, hoy viceconsejera de Economía y antes interventora general de la Junta de Andalucía, le aseguró al juez que la idea de cambiar el sistema de control de esos contratos, sin que existiese el preceptivo informe de la Intervención, fue de ellos dos. Pero ambos lo negaron. De hecho, vinieron a testificar que la decisión de pasar de la fiscalización previa al control financiero permanente debió de ser cosa de los “equipos técnicos” de ambas consejerías.

El pasado 18 de noviembre, Martínez declaró como testigo y explicó que la sustitución de la fiscalización previa por el control financiero permanente fue aprobada sin un informe previo de los interventores ni una propuesta del consejero de Hacienda. La modificación, dijo, fue fruto de una charla “informal” entre Ochoa y García en el consejillo del 1 de octubre de 2020. Es decir, la reunión de viceconsejeros en la que se trataron los asuntos que se elevaron al Consejo de Gobierno del día 6, en el que se aprobó ese cambio.

Ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla, que es la nueva denominación del juzgado, Catalina García rebatió la afirmación de Martínez y coincidió con Roberto Ochoa en que fueron sus técnicos, sin especificar quiénes, los que negociaron esa propuesta. Ellos se limitaron a ratificarla.

García, que era viceconsejera de Salud y después llegó a ser consejera, respondió con rotundidad que ella no propuso esa modificación a su homólogo de Hacienda y que aquel 1 de octubre participó por vía telemática. También indicó que las directrices sobre los contratos eran marcadas por el director general de Gestión Económica y Servicios del SAS. Durante su breve comparecencia, además, espetó al juez que su prioridad en esos días era salvar vidas.

Ochoa, por su parte, defendió con vehemencia el sistema de control financiero permanente frente al “muestreo” de contratos que era la base de la fiscalización previa.

El accidente de Córdoba y la conexión

A la una de la tarde, con casi una hora de retraso, comenzó ayer el último acto procesal de esta causa en la que los investigados son los tres últimos gerentes del SAS. El motivo estaba indirectamente relacionado con el accidente de Adamuz. Debido a la catástrofe, el abogado de Podemos no pudo coger el tren y tuvo que intervenir por videoconferencia, pero entonces aparecieron los problemas de conexión, tan habituales en los juzgados. Una vez solventados, Ochoa estuvo durante una hora y media ante el magistrado, mientras que la consejera de Medio Ambiente apenas llegó a los veinte minutos. Las declaraciones acabaron sobre las tres de la tarde.