La Fiscalía de Sevilla ha pedido a la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que recientemente ha procesado  a 27 taxistas de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi por delitos de pertenencia a "organización criminal, coacciones y daños", una aclaración o ampliación para que se concrete la relación de "daños y coacciones" que se atribuyen presuntamente a los investigados.

En un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal José María Cañal recuerda la imputación contra la asociación y algunos de sus integrantes se produce por la comisión de un delito de organización criminal, que "requiere la comisión de hechos delictivos concretos que ya han sido investigados y que formarán parte de la eventual acusación". Por ello y, para evitar que esa imputación "se pueda tachar de sorpresiva", solicita a la instructora que "aclare y amplíe" el auto dictado para incluir expresamente "la relación de daños y coacciones concretos que han sido investigados", de un lado, y las "imputaciones concretas de lo anterior a cada investigado".

El fiscal también ha solicitado a la juez que se incorporen los informes periciales de los daños causados, que ya fueron requeridos en septiembre de 2018, cuando el Ministerio Público instó "la declaración de testigos (múltiples personas afectadas que han denunciado y a veces declarado ante la Policía)", así como la protección de testigos que han comparecido en la causa y han revelado el "estado de terror" impuesto por la mafia del taxi, y la peritación de los daños y perjuicios, etc.

Además, requiere a la juez para que realice el ofrecimiento de acciones a los perjudicados que vayan declarando y ordenando en su caso la peritación de todos los daños y perjuicios causados en las distintas acciones que son objeto de investigación.

De manera alternativa, el Ministerio Público anuncia que en el caso de que la juez no proceda a aclarar y ampliar el auto en el que ha procesado a los 27 taxistas, recurre la decisión de la juez tanto en reforma como en apelación ante la Audiencia de Sevilla.

Por último, advierte que todas estas pruebas quedan supeditadas a los recursos de apelación que están pendientes de resolver por parte de la Audiencia de Sevilla en torno a los efectos que puedan producirse por la alegación de las defensas respecto a la superación de los plazos de instrucción establecidos en el artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

En este sentido, las defensas de algunos de los 27 taxistas han impugnado el auto dictado por la juez en febrero pasado y han vuelto a reclamar el archivo de la causa. Los taxistas alegan que la Audiencia de Sevilla aún no ha resuelto el recurso que presentaron tras haber alegado que se habían superado superado los plazos legales de instrucción fijados en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), al estimar que la prórroga de la investigación se realizó fuera del plazo previsto de seis meses y, por tanto, debe declararse la nulidad de todas las actuaciones posteriores.

La juez finalizó en febrero pasado la instrucción de esta investigación con un contundente auto en el que ha procesado en relación con el uso de "medios coactivos y vandálicos" para mantener el monopolio del uso de la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo. En el auto, la juez puso fin a esta investigación que se inició en el año 2017 y en la que figuran como procesados 27 taxistas, entre ellos la cúpula de Solidaridad del Taxi, como el ex presidente Enrique Filgueras y el actual responsable, Antonio Velarde, así como otros directivos de esta asociación a la que la instructora atribuye los tres delitos mencionados.

Se generó una situación de "auténtica inseguridad ciudadana" 

La magistrada concluyó que de la instrucción practicada se derivan "indicios suficientes" para estimar acreditado que la actividad de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi y dirigida por Enrique Filgueras, estaba "encaminada a un monopolio del servicio de taxis en el aeropuerto de Sevilla, teniendo atribuido el uso exclusivo de la parada existente en la terminal de llegadas, así como de la carpa que se ubica en el exterior de esas instalaciones que tenían concedidas por el aeropuerto de Sevilla, que en ningún modo formaban parte de dicho contrato y a las que se impedía con medios coactivos el acceso de profesionales del taxi y que no formarán parte de la asociación".

Dice la juez que aunque los investigados han negado estos hechos, la investigación ha permitido reunir "indicios suficientes y claros", recordando en relación con el conflicto con los vehículos VTC que se "generó una situación de auténtica inseguridad ciudadana" por el "carácter vandálico y violento que revestían los actos cometidos frente a ellos".

Así, prosigue, en el registro realizado por la Policía en las oficinas de la asociación en el aeropuerto se encontraron "fotografías realizadas a tales vehículos en distintos puntos de la ciudad y existen multitud de denuncias que constan unidas a las presentes actuaciones de incidentes sufridos por conductores de vehículos VTC en la propia parada del aeropuerto, causando daños a sus vehículos, apareciendo grabaciones de las cámaras de seguridad en las que se advierte la presencia en las inmediaciones de el propio presidente o de miembros de la directiva de la asociación, lo que nos lleva a presumir en virtud de indicios que sean los responsables y quienes ordenen dichos ataques, sin perjuicio de que las cámaras no capten lógicamente la acción directa de daños contra esos vehículos".