Dos ex diputados provinciales de Hacienda de la Diputación de Sevilla Manuel González Lora y Manuel Domínguez Jiménez han asegurado este martes ante el juez José Ignacio Vilaplana, que investiga presuntas irregularidades en torno a la organización sin papeles durante una década del evento denominado ‘La Pará’ de Gines y la concesión de cuatro subvenciones por parte de la Corporación Provincial, que siempre actuaron en la confianza del criterio de los funcionarios que intervenían en la tramitación de las ayudas.

Uno de los investigados, Manuel González, ha asegurado que no dudaba del buen hacer de los técnicos que intervenían en la tramitación de las subvenciones, por lo que ha llegado a decir que como delegado provincial de Hacienda firmaba los documentos "como un autómata", lo hacía "como un mero trámite", puesto que él se dedicaba a las cuestiones políticas y de organización de los plenos de la corporación provincial, según han explicado a este periódico fuentes del caso.

Por su parte, Manuel Domínguez, también delegado de Hacienda, ha declarado en la misma línea, mostrando su confianza en la tarea de los funcionarios y ha agregado que él sólo se encargaba de comprobar si había "crédito" antes de realizar el pago de la subvención.

Manuel González y Manuel Domínguez solicitaron declarar de forma voluntaria después de que en marzo pasado se acogieran a su derecho a no declarar, porque su abogado tenía que acudir a otros señalamientos judiciales previos.

En esta investigación también está investigado el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. Las cuatro “subvenciones excepcionales” por las que ha sido imputado Villalobos fueron concedidas por la Diputación entre los años 2007 y 2011 por un importe total de 22.000 euros para financiar algunos eventos incluidos en La Pará de Gines, como un espectáculo ecuestre de bandoleros y otro titulado “Aromas del Guadalquivir”, así como para el pago de gastos de alquiler, montaje y desmontaje de 100 boxes.

En marzo pasado, Villalobos prestó declaración como investigado ante el juez Vilaplana, al que afirmó que no podía aportar datos sobre las cuatro subvenciones que se investigan porque cada año firma "7.000 resoluciones" y gestiona un presupuesto de 400 millones, y el presidente "no interviene" en la tramitación de los expedientes de las ayudas.

En cualquier caso, Villalobos mostró su confianza en los funcionarios que intervienen en la tramitación de estos expedientes y por ello firmó dichas resoluciones de concesión de ayudas.