El empresario Luis Castel, quien en el año 2008 intentó comprar el Real Betis a Manuel Ruiz de Lopera, ha negado este miércoles ante el juez el delito de frustración de la ejecución –el antiguo delito de alzamiento de bienes– que le atribuye la Fiscalía de Sevilla, por haber despatrimonializado supuestamente una empresa suya para no hacer frente a una deuda de 1,9 millones con la Hacienda Pública. Castel ha comparecido ante el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, tal y como adelantó este periódico, y en su declaración ha asegurado que la operación de la compra de un inmueble no fue un negocio ficticio, como sostiene en el Ministerio Público, sino que incluso provocó pérdidas de más de tres millones de euros a los inversores en este proyecto.
La investigación judicial se inició por una querella de la Fiscalía de Sevilla, a raíz de los siete expedientes incoados por la Agencia Tributaria contra la empresa de Castel Vivendia Group Casa, en relación con las deudas tributarias pendientes de pago por la venta de un inmueble a la entidad Edificio Futura, también vinculada a Castel.
En la declaración de este miércoles ante el juez se ha puesto de manifiesto la existencia de una inspección de la Agencia Tributaria por esos 1,9 millones de euros, que se cerró de conformidad en el año 2014, según han explicado a este periódico fuentes del caso.
Castel ha insistido en negar que esa operación fuese ficticia, señalando que los inversores han perdido más de tres millones de euros, a pesar de que incluso llego a contratar a consultores para tratar de reflotar Vivendia Group y en este sentido ha anunciado al juez que va a aportar incluso un informe pericial defendiendo su tesis. El dinero del IVA de la operación, según Castel, se destinó única y exclusivamente a abonar los gastos de Vivendia.
Ante el juez también han declarado como investigadas las otras cuatro personas contra las que se dirige la querella de la Fiscalía, la mujer del empresario; el abogado del PP en Invercaria, Wenceslao Moreno de Arredondo, que figura como socio y apoderado Edificio Futura; y los administradores de otras dos empresas.
El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha impuesto una fianza de 5 millones de euros, para hacer frente a la posible deuda, así como a los intereses, recargos y multas derivadas del caso. La Fiscalía impulsó y aceleró esta investigación, reclamando la declaración urgente de los investigados, ante el riesgo de la prescripción, dado que los hechos prescribían en diciembre próximo, al cumplirse diez años desde que se hicieron las operaciones bajo sospecha.
El Ministerio Público asegura en la querella que los embargos trabados por la Agencia Tributaria han resultado infructuosos por el “vaciamiento patrimonial” de Vivendia llevado a cabo por Castel, a través de la sociedad Edificio Futura, que finalmente realizó con el inmueble una dación al Banco Santander para pagar unos préstamos hipotecarios concedidos a Vivendia Group.
La acusación pública considera que las operaciones de adquisición del inmueble y la subrogación en las hipotecas fue una actuación “meramente instrumental”, sin otra finalidad que la de “evitar el pago del IVA por Edificio Futura y el embargo de la finca por la Agencia Tributaria por deudas de Vivendia Group”. Así, la Fiscalía destaca que el banco abonó el IVA correspondiente a la dación en pago, por lo que la operación que se atribuye a Castel se evidencia como un “mero negocio ficticio en beneficio de la verdadera titularidad de la finca, la entidad Vivendia Group”.
Y considera que esto es así porque, mediante la operación, Vivendia logró extinguir sus “deudas hipotecarias, las existentes antes de la simulada venta a Edificio Futura, y las contraídas con posterioridad a pesar de no ostentar la titularidad de la finca”.
La Fiscalía destaca igualmente que los hechos constatados por la Agencia Tributaria “evidencian” que la situación de insolvencia de la empresa de Castel Vivendia Group Casa fue “ideada” por su administrador con la “clara intención de hacer ineficaz la vía de apremio iniciada” por Hacienda ante el impago de las obligaciones tributarias. Para ello, Castel, sostiene la acusación pública, diseñó una “conducta sistemática ante la Administración tributaria de reconocimiento de las deudas que autoliquidaba con nula intención de ingresar, solicitando aplazamientos/fraccionamientos”, mientras que al mismo tiempo realizaba actos de disposición de “ocultación de su patrimonio” en relación con la cuota de IVA de 1.920.000 euros que debía ingresar Vivendia.
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