Delito de alzamiento de bienes

El juez imputa al empresario Luis Castel por una deuda con el fisco de 1,9 millones

  • La Fiscalía se querella contra el promotor, su mujer y el abogado del PP en Invercaria por un presunto alzamiento de bienes

  • El instructor le ha impuesto una fianza de 5 millones

Luis Castel sale de las oficinas de Lopera en 2008, cuando intentó comprar el Real Betis.

Luis Castel sale de las oficinas de Lopera en 2008, cuando intentó comprar el Real Betis. / Antonio Pizarro

Una deuda con el fisco por importe de 1,9 millones ha llevado ante el juez al empresario Luis Castel, quien en el año 2008 intentó comprar el Real Betis a Manuel Ruiz de Lopera por una cifra que rondaba los 60 millones. La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella contra Luis Castel, al que atribuye presuntamente un delito de frustración de la ejecución –el antiguo delito de alzamiento de bienes– por haber despatrimonializado supuestamente una empresa suya para no hacer frente a una deuda de 1,9 millones con la Hacienda Pública.

Según han confirmado a este periódico fuentes de la investigación, la querella se dirige contra cinco personas, además de Luis Castel, contra su mujer; el abogado del PP en Invercaria, Wenceslao Moreno de Arredondo, que figura como socio y apoderado de una sociedad vinculada a Castel, y contra los administradores de otras dos empresas. El juez de Instrucción número 9 de Sevilla, al que ha correspondido el caso, ha citado a los cinco investigados a declarar el próximo miércoles, y les ha impuesto una fianza de 5 millones de euros, para hacer frente a la posible deuda, así como a los intereses, recargos y multas derivadas del caso.

La Fiscalía ha impulsado y acelerado esta investigación, reclamando la declaración de los investigados, ante el riesgo de la prescripción, dado que los hechos prescribían en diciembre próximo, al cumplirse diez años desde que se hicieron las operaciones bajo sospecha. La investigación judicial se inició a raíz de siete expedientes incoados por la Agencia Tributaria contra la empresa de Castel Vivendia Group Casa, en relación con las deudas tributarias pendientes de pago por la venta de un inmueble a la entidad Edificio Futura, también de Castel, y en la que figura como socio y apoderado el abogado Wenceslao Moreno.

El Ministerio Público asegura en la querella que los embargos trabados por la Agencia Tributaria han resultado infructuosos por el “vaciamiento patrimonial” de Vivendia llevado a cabo por Castel, a través de la sociedad Edificio Futura, que finalmente realizó con el inmueble una dación al Banco Santander para pagar unos préstamos hipotecarios concedidos a Vivendia Group.

La Fiscalía sostiene que la venta del inmueble fue un “negocio ficticio” para evitar pagar el IVA

La acusación pública considera que las operaciones de adquisición del inmueble y la subrogación en las hipotecas fue una actuación “meramente instrumental”, sin otra finalidad que la de “evitar el pago del IVA por Edificio Futura y el embargo de la finca por la Agencia Tributaria por deudas de Vivendia Group”. Así, la Fiscalía destaca que el banco abonó el IVAcorrespondiente a la dación en pago, por lo que la operación que se atribuye a Castel se evidencia como un “mero negocio ficticio en beneficio de la verdadera titularidad de la finca, la entidad Vivendia Group”.

Y considera que esto es así porque, mediante la operación, Vivendia logró extinguir sus “deudas hipotecarias, las existentes antes de la simulada venta a Edificio Futura, y las contraídas con posterioridad a pesar de no ostentar la titularidad de la finca”.

La empresa Sevilla Futura nunca ha tenido otra actividad más allá de la compra del edificio, por lo que para la acusación pública se constata la función “instrumental” de esta sociedad, que no ha presentado autoliquidaciones de IVA, “con declaraciones de Impuesto de Sociedad de resultado negativo o a devolver”, y constando asimismo como únicos bienes las fincas aportadas por Vivendia Group en 2009 por valor de 520.450 euros.

La investigación se ha acelerado porque el delito prescribía a finales de este año

La Fiscalía imputa además a Castel la realización de otras “maniobras de despiste de los fondos” con una serie de transferencias entre sus cuentas. Concluye que hasta enero de 2011 Vivendia disponía de 1,9 millones del IVA pagado por el banco a Edificio Futura, habiendo transcurrido los plazos del periodo de pago voluntario de sus deudas tributarias y habiéndosele notificado incluso dos providencias de apremio y requerimiento de pago por parte de Hacienda por importes de 975.364,92 euros y 250.921,80 euros, en total, 1.226.286,72 euros. Pero para evitar la ejecución de los procedimientos de apremio, Vivendia “vacía las cuentas bancarias entre 2010 y 2011, transfiriendo sus fondos” a otra entidad, Consultores Just in Time 38, que es utilizada por otro de los investigados.

Y de la misma forma, según la Fiscalía, se realizan otros pagos a empresas y personas, como uno de 150.150 euros al abogado Wenceslao Moreno, “sin que conste justificación documental por operaciones económicas, profesionales o financieras para dicha transferencia”.

La acusación pública dice que Castel vació las cuentas de una sociedad entre 2010 y 2011

La Fiscalía destaca igualmente que los hechos constatados por la Agencia Tributaria “evidencian” que la situación de insolvencia de la empresa de Castel Vivendia Group Casa fue “ideada” por su administrador con la “clara intención de hacer ineficaz la vía de apremio iniciada” por Hacienda ante el impago de las obligaciones tributarias. Para ello, Castel, sostiene la acusación pública, diseñó una “conducta sistemática ante la Administración tributaria de reconocimiento de las deudas que autoliquidaba con nula intención de ingresar, solicitando aplazamientos/fraccionamientos”, mientras que al mismo tiempo realizaba actos de disposición de “ocultación de su patrimonio” en relación con la cuota de IVAde 1.920.000 euros que debía ingresar Vivendia.

La querella atribuye a Luis Castel la autoría del delito de frustración de la ejecución, mientras que a los otros cuatro investigados los considera cooperadores necesarios y cómplices del delito.

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