La ciudad y los días
Carlos Colón
Montero, Sánchez y el “vecino” Ábalos
Este martes han entrado en funcionamiento 14 Tribunales de Instancia (TI) en Sevilla como parte de la primera fase de la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobada por las Cortes Generales el pasado mes de enero. Esta transformación organizativa impulsada por el Gobierno de España marca el inicio de la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas, “con el objetivo de lograr una Justicia más ágil, más cercana y al servicio real de la ciudadanía”, ha destacado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en relación a la aplicación de esta ley con impacto directo en la provincia.
En esta Fase I, Andalucía pone en marcha 70 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial, cada uno de los cuales contará con un nuevo modelo de Oficina Judicial, que centralizará los servicios comunes, permitiendo aprovechar de manera óptima los recursos disponibles. La experiencia de este nuevo modelo de Oficina Judicial en un juzgado de Badajoz ha permitido constatar una mejora de los tiempos de resolución de juicios, bajando los asuntos pendientes más de un 40% y aumentando la ejecución de resoluciones en un 70%.
Además, el 1 de julio se han puesto en marcha 91 Oficinas de Justicia en el Municipio en la provincia de Sevilla, que permitirán acercar la Justicia a toda la ciudadanía, incluso en localidades sin sede judicial, facilitando trámites como la obtención de documentación judicial, presentación de escritos, atención a víctimas o conexión por videoconferencia con juzgados.
La nueva estructura judicial estatal transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas, lo que permite una mejor gestión de los recursos humanos, mayor agilidad procesal, más capacidad de respuesta ante aumentos de carga de trabajo y ahorro para las arcas públicas. Esto permite, por ejemplo, que en lugar de tener que crear un nuevo juzgado con su sede y plantilla completa, bastará con incorporar nuevas plazas judiciales dentro de un Tribunal de Instancia ya existente, lo que reduce de 400.000 a 86.000 euros el coste por cada nueva plaza de juez.
En total, las comunidades autónomas con competencias transferidas lograrán un ahorro acumulado de 290 millones de euros en los próximos diez años. Y para facilitar esta transformación, el Ministerio ha transferido más de 325 millones de euros procedentes de fondos europeos, a los que se suman 25 millones destinados a soluciones tecnológicas.
El Ministerio también ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas de jueces y 42 de fiscales especializados para reforzar las Secciones de Violencia sobre la Mujer, que se integrarán en los Tribunales de Instancia y asumirán desde octubre todos los delitos de violencia sexual, cumpliendo así el Convenio de Estambul. Además, se crean tres nuevas secciones especializadas en violencia sobre la infancia y adolescencia en Madrid, Barcelona y Málaga.
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