El ex trabajador del Ayuntamiento investigado en el caso Pineda: "Emvisesa quería vender a toda costa para no tener pérdidas"

El ex trabajador de Emvisesa Daniel M. L., que fue despedido tras detectar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que había recibido un pago de 78.650 euros de la empresa de la mujer de Rafael Pineda, ha solicitado el archivo de la causa contra él en un recurso en el que afirma asimismo que la empresa municipal de la vivienda de Sevilla "quería vender a toda costa la parcela de Pino Montano para no tener pérdidas".

En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 10 por el abogado Jesús Rojo Alonso de Caso, que representa al ex empleado de Emvisesa, se recuerda que la venta de la parcela de Emvisesa en Pino Montano Norte fue promovida por la propia empresa municipal y así señala el informe de la directora financiera que decía lo siguiente: "Por todo ello y, dado que el impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el balance de esta empresa municipal, se estima que ascienda como mínimo a 1.230.386,94 euros de beneficio y 1.469.203,60 euros de tesorería, respectivamente, menos el importe correspondiente a la plusvalía, estimado en 23.442,02 euros, informamos favorablemente a la operación de enajenación mediante compraventa de la citada parcela en los términos previstos".

La defensa de Daniel M. L. asegura que toda la investigación policial es "un castillo de naipes falsos que con un simple soplo se desmorona" e insiste, como ya hiciera el abogado de Rafael Pineda -ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía- en que los investigadores estuvieron "escuchando a este investigado sin que su señoría autorizara judicialmente la intervención de su teléfono, ni autorizara a los investigadores para que pudieran escuchar sus conversaciones de forma legal".

El letrado del ex empleado reprocha a la Fiscalía que haya afirmado que Rafael Pineda obtuvo una sustancial rebaja en la adquisición de la parcela, de unos 500.000 euros, una acusación que, en su opinión, se ha realizado "sin explicar la forma en la que se produce la conducta delictiva, es decir, nada se nos dice sobre la forma en la que Pineda consiguió esa supuesta rebaja". En este sentido, asegura que el Ministerio Público no se ha percatado que ante la primera valoración de la parcela, ascendente a 1,9 millones de euros -fechada el 1 de junio de 2022-, "nadie licitó y estuvo la parcela sin venderse desde el año 2022 hasta que se lleva a cabo la segunda valoración a finales de 2023, y no se trató de una rebaja provocada por Rafael Pineda, sino de la valoración del tasador de Emvisesa, según consta en el expediente, siendo valorada por el perito en 1.469.203,60 euros".

Se vendían también los contratos de arrendamiento de la gasolinera y de los restaurantes

Además, explica que cuando la sociedad de la esposa de Pineda, Higuerón Real Estate vendió cinco meses después la parcela estaba enajenando no sólo los terrenos sino también "los derechos de los contratos de arrendamientos", por lo que el valor de la parcela "sería mucho mayor al de compra, pues no estaba vendiendo solo la parcela, sino la parcela y los ingresos de los contratos de arrendamientos suscritos en la parcela, como eran los contratos de arrendamiento de la gasolinera Petroprix, de KFC y Burger King".

De esta forma, concluye que "el arrendamiento de la parcela y la venta de la misma lo llevó a cabo Emvisesa de forma legal, y la sociedad que compró la parcela y posteriormente la vende por mayor precio la compra y vende de forma legal. Y todos los que intervienen en el presente asunto saben que no hay nada de ilegalidad en lo relativo a la parcela".

"La fiscal sabe que Pineda no rebajó el precio de la parcela y que su afirmación no es cierta", afirma el letrado, que reitera que no puede decirse "con un mínimo de seriedad" que el ex jefe de gabinete del Delegado del Gobierno en Andalucía "consiguió que el precio se redujera en 500.000 euros". De la misma forma, advierte de que "ni la UCO, ni el Ministerio Fiscal, ni su señoría tienen la más mínima razón cuando hablan de un arrendamiento o venta fraudulenta".

El defensor concluye asimismo que fue la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Emvisesa la que inicia el nuevo procedimiento de enajenación de la parcela; la que asume el informe económico y el informe de tasación del precio de venta de la parcela; la que elabora las nuevas bases que regulan el procedimiento para la enajenación; la que aprueba dichas bases, entre las que se encuentra el precio de venta, es decir, 1.469.203,60 euros".

Todo ello lleva a la defensa del ex trabajador a asegurar que "si hubo corrupción o fraude en la venta de la parcela, tal como afirma la UCO, el Ministerio Fiscal y su señoría, forzado es concluir que todas las personas que intervinieron en dicha venta son presuntos autores de ese fraude", en alusión a los miembros de la Comisión Ejecutiva, entre los que se encuentran los delegados de Hacienda y de Urbanismo, Juan Bueno y Juan de la Rosa, respectivamente, y de los que ya pidió con anterioridad su imputación en la causa.

Por último, sobre la transferencia de 78.650 euros que recibió Daniel M. L. tras la venta de la parcela, la defensa dice que cuando declare aportará "las pruebas que la justifican y que nada tiene que ver con la venta" de los suelos. "Nada significa que el momento de la transferencia sea cuando la sociedad vende la parcela, pues es en ese momento en el que la sociedad tiene mayor liquidez" para abonar un pago "por un concepto que nada tiene que ver con la venta" y "no existe prueba directa o indiciaria de que Daniel M. L. haya cometido ningún acto delictivo interviniendo de manera fraudulenta en el arrendamiento o venta de la parcela".