Los familiares de las víctimas del tornado de Coria reclaman el análisis de los teléfonos móviles y las grabaciones de las cámaras

Los familiares de los tres trabajadores que fallecieron el pasado 4 de abril en el derrumbe de una nave en una finca agrícola de Coria del Río, al paso de un tornado, han recurrido ante la Audiencia de Sevilla la decisión de la juez de denegar la práctica de una serie de diligencias que consideran imprescindibles para el esclarecimiento de los hechos, como el análisis de los teléfonos móviles de las víctimas y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la explotación agrícola.

La instructora acordó recientemente la reapertura de la investigación, al considerar que el archivo inicial fue "precipitado", pero rechazó la práctica de estas pruebas porque entendía que ninguna de ellas "son útiles ni pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados y la participación del investigado en los mismos" y otras se consideran innecesarias porque "ninguna luz arrojaría al esclarecimiento de los hechos o bien se refieren a cuestiones que ni siquiera son objeto de debate o controversia".

Frente a esta opinión de la magistrada, las familias de los fallecidos ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla para que se acepten estas pruebas. Así, el letrado de la familia señala que el análisis forense de los teléfonos móviles de las víctimas es una diligencia "pertinente" por cuanto "puede acreditar de forma directa lo ocurrido los instantes previos al colapso (mensajes, audios, vídeos, llamadas)".

En este sentido, apunta que ese análisis resulta esencial para "determinar si existió una orden empresarial de permanecer en la nave pese a la borrasca Nuria y excluir la hipótesis de accidente inevitable".

De la misma forma, la acusación solicita la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad (CCTV) porque entiende que "son pruebas audiovisuales independientes esenciales para determinar la intensidad real del viento, el estado de la nave y la conducta de responsables y trabajadores". Es más, prosigue el recurso de la familia, "en cualquier investigación de un hecho de este tipo que se precie (tres muertes), resulta lo más lógico y racional que, si existen grabaciones del lugar de los hechos pueda la juez instructora (y las partes) visualizarla", por lo que no comprenden que existan motivos para considerar impertinente la práctica de esta diligencia.

Sobre las grabaciones, solicitan la entrega de las correspondientes al periodo comprendido entre las 08:00 y las 15:00 horas del 4 de abril de 2025, día que se produjo el derrumbe de la nave agrícola, así como de las "24 horas anteriores y posteriores al siniestro".

La familia ha reclamado asimismo la incorporación íntegra del atestado policial y la ratificación de los agentes, ya que, según precisa, "no coinciden las manifestaciones efectuadas por los agentes de Policía que intervienen en el atestado (a mis mandantes) con los documentos remitidos por la Policía al juzgado. De hecho ni siquiera consta en el atestado que existe en la causa el resultado de las gestiones efectuadas por la Policía referentes a teléfonos móviles, declaraciones de los testigos e investigados, etc."

La acusación insiste en que el informe policial solicitado en su día por la juez "no consta que haya sido elaborado y aportado al juzgado y a las partes, existiendo solo un informe básico y urgente de las víctimas que nada investiga sobre los hechos y sus causas". Y además, se tiene constancia por las manifestaciones de los policías a los familiares de los fallecidos que se solicitó a los investigados "una copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad que constituyen una prueba clave".

Un informe "pericial judicial independiente"

Por último, el abogado que representa a las familias considera que la denegación "más sorprendente e irracional" de las pruebas solicitadas es la realización de una "pericial judicial independiente, y admitir como válida únicamente la del propio investigado, que está elaborada por su propio arquitecto que es quien hizo la obra de reforma tras el colapso de 2023".

La juez rechazó este informe al entender que no era necesario por el momento, "máxime sin contar todavía con informes que sí son necesarios y que resultaron del todo esclarecedores (informe de la arquitecta y de la inspectora de obras del Ayuntamiento de Coria del Río e informe de la Inspección de Trabajo, por ejemplo)".

La investigación judicial está a la espera de la entrega de un informe de la Inspección de Trabajo, que la juez considera que puede aportar “más luz sobre la posible responsabilidad que haya podido tener la empresa en el siniestro, y esclarecer si se dan o no todos los elementos que exige el tipo penal para entender cometido el delito contra los derechos de los trabajadores”.