La Fiscalía pide la absolución de un concejal de San Juan acusado de llamar "gitana de mierda" a una concejala del PP

Un juzgado de Sevilla acogió ayer el juicio de un curioso caso que enfrenta a dos concejales de San Juan de Aznalfarache que forman parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, aunque cada uno pertenece a un partido. Dolores Amaya, del PP, acusa a Carlos Navarrete, del grupo independiente Cambia San Juan, de amenazarla y llamarla “gitana de mierda” durante una discusión en una nave municipal. La denunciante quiere que su compañero de coalición sea condenado por un delito de amenazas leves y que después sea investigado por un delito de odio. El denunciado, lógicamente, desea salir absuelto. Y la Fiscalía, entre uno y otro bando, se puso ayer del lado del segundo, porque también acabó pidiendo su absolución.

Los hechos ocurrieron el 23 de junio del año pasado en una nave en la Plaza de la Mujer Trabajadora. Amaya, que es delegada de Asuntos Sociales, acudió a recoger material para “un chalet en Matalascañas” y Navarrete, que es delegado de Infraestructuras, le respondió que debía haberlo pedido por correo electrónico. Ese desencuentro degeneró en una agria discusión que duró unos siete minutos en el transcurso de la cual ambos intercambiaron reproches y gestos despectivos contra el otro.

La escena fue recogida por una cámara de seguridad instalada dentro del recinto. Ese vídeo fue de hecho la principal prueba del juicio, aunque con el importante inconveniente de que no tenía audio. Confirmar que de verdad existió ese insulto xenófobo fue totalmente imposible, pero las imágenes sí dejaron muy claro que Navarrete en ningún momento hizo ademán de agredir a Amaya.

Los dos implicados declararon ante el juez antes de que se viese el vídeo. Amaya rememoró así lo ocurrido: “Él llegó y no dijo ni buenos días ni nada. Después me dijo que yo no tenía nada que hacer allí y que si lo había pedido por correo. Se puso nervioso y lo primero que soltó es que yo era una sinvergüenza, que no era mi casa y que me fuese. Me dijo palabras muy despectivas, que era una gitana de mierda, y me habló de un perfil falso de Internet que no tiene nada que ver conmigo. Le dije ‘eres un racista’. Él empuñó el puño [sic] y fue José Manuel [un asesor municipal] el que se puso por medio para evitar que este señor fuese a por mí”, relató la denunciante.

El denunciado contó una historia bastante distinta. “No soy yo de esa clase”, alegó tras negar el intento de agresión y las amenazas. También indicó que “la bronca se forma ante su constancia de creer que no se le quiere dar lo que pedía”. “Fue una mera discusión que podía haberse resuelto en el equipo de gobierno”, añadió Navarrete, que achacó la denuncia a que él es “de otro partido” y se ha convertido en “un adversario incómodo”. “Soy muy escrupuloso con los protocolos de compra. Nadie puede pedir nada por su cuenta, hablamos de dinero público”, sentenció.

Después de oír a ambos, la fiscal lo tuvo claro. “Hay dos versiones contradictorias, pero no podemos negar una realidad: el visionado de las imágenes muestra que ambos hicieron aspavientos, sin que se adviertan cortes en la grabación ni una situación amenazante”, espetó.

La dudosa credibilidad de un testigo

Cada una de las partes acudió al juicio con un testigo. El de la denunciante era un asesor de la Delegación de Asuntos Sociales que, según él, no trabajó nunca para Dolores Amaya sino para Medio Ambiente. El caso es que este trabajador aseguró que oyó el famoso “gitana de mierda” y que tuvo que interponerse entre ella y Navarrete para frustrar el supuesto ataque físico. Y eso lo dijo justo después de que la sala entera viese que no había sido así. “Las amenazas no son corroboradas plenamente por el testigo de la denunciante. Hay que poner en tela de juicio la parcialidad del testigo”, indicó la fiscal.