El segundo juicio de los ERE

Dos funcionarias aseguran que el expediente de Acyco estaba "muy desordenado e incompleto"

  • Tras revisar la documentación de los expedientes les sorprendió que no había ninguna "firma de un funcionario o un jefe de servicio" de la Consejería de Empleo

Los acusados, en el juicio de Acyco. Los acusados, en el juicio de Acyco.

Los acusados, en el juicio de Acyco. / josé ángel García

Dos funcionarias de la Consejería de Empleo han asegurado este martes, en la décima sesión del juicio por las ayudas de 2,9 millones de euros a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que el expediente administrativo estaba "muy desordenado e incompleto", por lo que tuvieron que ponerlo en primer lugar en orden cronológico y detectaron la falta de "documentación que debería aparecer pero no estaba" en dicho expediente, como por ejemplo la solicitud de ayuda de los trabajadores acogidos al ERE o de la empresa.

Así lo han afirmado dos funcionarias de Empleo que intervinieron en la comisión de información reservada que se abrió cuando estalló el escándalo de los ERE en el año 2011. Una de las funcionarias, María José C. A., que era coordinadora de la secretaría general técnica de la consejería de Empleo, ha ratificado el informe que emitió el 8 de marzo de 2011 y ha dicho que cuando se les encargó el trabajo "urgía saber si existían intrusos" en las ayudas que había gestionado la dirección general de Trabajo.

Lo primero que hicieron fue ordenar la documentación para darle "una secuencia o forma lógica", ya que en ese instante no conocían la existencia de las pólizas para las prejubilaciones, por lo que decidieron ordenar "cronológicamente" toda la documentación que había en el expediente y que, según ha precisado, estaba "muy desordenada".

De esa forma se descubrió que había dos personas que no constaban en el ERE pero sí aparecían en las pólizas, por lo que fueron autorizadas a consultar la vida laboral de estos trabajadores. En el ERE de Acyco fueron incluidos dos intrusos, Andrés Carrasco Muñoz, que según el Ministerio Público era “amigo de la infancia” de Javier Guerrero y había regentado un puesto de churros en El Pedroso, y el que fuera alcalde de San Nicolás del Puerto, Domingo Martínez Castillo, ya fallecido y también “amigo” del ex alto cargo. Estos dos intrusos recibieron de la póliza suscrita para los 36 trabajadores de Acyco las cantidades de 113.480,72 euros y 109.572,19 euros, respectivamente.

A preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, la testigo ha puesto de manifiesto las deficiencias detectadas en el expediente: no había solicitud de ayuda por parte de los trabajadores o de la empresa, ni certificado de estar al corriente la empresa de sus obligaciones fiscales, ni memoria justificativa de ayuda, ni resolución de concesión, ni informe del gabinete jurídico de la Consejería de Empleo. Ni tampoco hubo seguimiento o control de la actividad subvencionada.

Fotocopias no compulsadas

Una segunda funcionaria que participó en el análisis de la documentación, Carmen G. L. ha coincidido en el desorden y la falta de documentos en el expediente de Acyco que aportó al dirección general de Trabajo con motivo de la comisión de información reservada. "Eran fotocopias no compulsadas, estaba desordenado, no era lo que debe ser un expediente administrativo. La mayoría de los expedientes estaban incompletos, no había trazabilidad", ha aseverado al testigo, que ha indicado que intentaron "ordenarlo para comprenderlo, pero iban con mucha prisa, había que trabajar con celeridad".

Aunque esta testigo ha discrepado con la anterior en que, a su juicio, no se les encomendó desde el principio la búsqueda de los intrusos -les ordenaron "comparar y ver lo que les llamara la atención" de los expedientes-, pero sí ha señalado que enseguida "empezamos a ver los intrusos" y les sorprendió que esa información sobre las personas que no habían trabajado en las empresas en cuyos ERE figuraban aparecía simultáneamente en los medios de comunicación.

A esta funcionaria también le sorprendió que "nunca vio la firma de un funcionario o un jefe de servicio" en los expedientes, sí había firmas de personal laboral, por lo que entendió que estas ayudas "las llevaba muy directamente el director general de Trabajo".

En el juicio se iba a tomar declaración a dos guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) pero estas declaraciones, que iban a realizarse mediante videoconferencia con Madrid, han tenido que suspenderse por problemas técnicos con la conexión del sistema de videoconferencias, por lo que volverá a intentarse en la sesión de mañana.

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