Alrededor de un centenar de funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado este jueves por la mañana ante la sede de los juzgados de Familia de Sevilla, en la avenida de la Buhaira, para seguir reclamando al Gobierno que negocie una subida salarial "digna", acorde con las funciones que realizan en el día a día, y una modificación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que en su opinión se va a traducir en una carga y amalgama de trabajo que no hará sino empeorar sus condiciones laborales y el servicio que se presta a la ciudadanía. Los profesionales, convocados por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y SPJ-USO, han acudido al acto vestidos de negro para ilustrar el panorama que se les presenta actualmente.

Durante la protesta, que ha durado aproximadamente una hora y ha ido acompañada de silbatos, bocinas y pitos, los funcionarios han lamentado que el Ministerio de Justicia ni siquiera les haya citado para empezar a negociar. En este sentido, han recordado que la Administración ya ha celebrado un encuentro con los jueces, aunque sin frutos por ahora, y que hace un mes alcanzaron un acuerdo con los letrados judiciales (LAJ) para mejorar sus retribuciones. Los funcionarios precisamente reivindican que los LAJ delegan algunas de sus funciones en ellos, a pesar de estar en una escala mucho más baja en este sector público.

Según denuncian los sindicatos, el Gobierno está tratando "como funcionarios de segunda al 93% del personal de la Administración de Justicia", que además "lleva el peso fundamental del trabajo", mientras que al 7% restante (los LAJ) "se le elevan las retribuciones". Además, "no se reconoce la profesionalidad" de todos los cuerpos del sector "ni sus funciones reales" y "se desprecia su implicación y su papel determinante en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos".

En cuanto a la LOEO, "se impone sin negociar" y con ello "se ponen en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas".

Frente a esos problemas, los funcionarios piden la "paralización" de la nueva Ley hasta que haya un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial; el "reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales" o la eliminación de funciones teóricamente asignadas a los LAJ pero que "estos no realizan y que son delegadas a los cuerpos generales sin compensación alguna".

El sector también reclama el incremento del Complemento General del Puesto, que sería de 430 euros mensuales para los médicos forenses y facultativos, 400 euros para Gestión y Técnicos Especialistas de Laboratorio, 375 euros para los funcionarios de Tramitación y los Ayudantes de Laboratorio y 350 euros para los auxilios judiciales. Con este cuerpo hubo una asamblea el miércoles en la Audiencia de Sevilla y este jueves se ha celebrado otra en las sedes de la Buhaira.

A la espera de que empiece la negociación con el Ministerio, los funcionarios están convocados a una huelga general indefinida a partir del próximo lunes 22. De momento, llevan varias semanas haciendo paros los martes, miércoles y jueves.