Coronavirus

Suspenden las jornadas que iba a clausurar el ministro de Justicia

  • Entre los ponentes figura el fiscal jefe y el magistrado Carlos Lledó

El ministro Juan Carlos Campo, en el Congreso de los Diputados

El ministro Juan Carlos Campo, en el Congreso de los Diputados

La crisis del coronavirus ha obligado a suspender también unas jornadas de Derecho Penal que iba a clausurar en Sevilla el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el próximo 20 de marzo. 

Se trataba de unas mesas de trabajo sobre los Problemas de la Instrucción Penal organizados por la Unión Española de Abogados Penalistas. A lo largo de dos días, iban a participar en los debates el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, y el magistrado Carlos Lledó, entre otros.

Las jornadas, previstas en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, debían comenzar el 19 de marzo con una mesa redonda sobre las diligencias policiales de investigación y la autonomía policial a cargo del fiscal jefe, Luis Fernández Arévalo; el catedrático de Derecho Gonzalo Quintero y el ex jefe superior de Policía en Andalucía Occidental José Antonio de la Rosa.

Una segunda mesa redonda trataría la fundamentación de las medidas de investigación tecnológica a cargo de los abogados sevillanos Alfonso Martínez del Hoyo, José María Calero y Adolfo Cuéllar.

Posteriormente otra mesa redonda iba a abordar la defensa de las personas físicas y jurídicas durante la instrucción, con intervención de Carlos Lledó, nuevo presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, y los abogados Fermín Morales Prats y Encarnación Molino.

El 20 de marzo estaba prevista una mesa redonda sobre la duración de las diligencias previas con participación de Victor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal, y los letrados penalistas sevillanos Francisco Baena Bocanegra y Juan Carlos Alférez.

La Unión Española de Abogados Penalistas, constituida en 2013, tiene como finalidad la de velar y promover la adecuación del Derecho penal y del Proceso Penal a las exigencias del Estado de Derecho, a las garantías internacionales sobre derechos fundamentales y a los valores y principios del proceso justo en materia criminal, protegiendo en especial el derecho de defensa y la intervención del abogado en el proceso.

 

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