El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el magistrado Ángel Márquez, será el encargado de enjuiciar el caso de las presuntas irregularidades en la adjudicación a Minorbis del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, un proceso para el que además ha sido designado como ponente, lo que implica que será él quien en su momento redacte la sentencia que afecta a los 16 acusados, entre ellos una decena de funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía.

En una diligencia dictada por la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Tercera se detalla que ha correspondido a dicha Sección de la Audiencia el enjuiciamiento de esta voluminosa causa que comenzó a instruirse en 2015 y que cuenta con un total de 31 tomos y 14.220 folios. La diligencia de la letrada detalla la documentación que ha recibido el tribunal, que está compuesta por tres cajas de archivador tipo AZ, así como "tres baúles de madera gran de color azul" con la "documentación confidencial con el precinto de la Junta de Andalucía referente a Emerita", y un disco duro con las actuaciones digitalizadas.

Se da la circunstancia que desde hace poco en esta misma Sección Tercera está destinada la juez Patricia Fernández, la magistrada que instruyó la causa de la mina y que hasta en dos ocasiones archivó la investigación al no apreciar indicios de delito, si bien esta juez no podrá formar parte de la Sala que enjuicie el caso al haber participado en la fase de instrucción.

En noviembre pasado, la juez dictó el auto de apertura de juicio oral contra los 16 investigados, a los que se atribuyen delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental. Entre los 16 procesados se encuentra el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la ex directora general de Minas María José Asensio y todos los funcionarios y técnicos que intervinieron en el concurso, además de los empresarios de Magtel, los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno.

La acusación particular que ejerce Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso, atribuye a los investigados delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, mientras que Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular, imputa a los investigados cohecho -delito que fue excluido por la Audiencia-, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociación ilegal, y prevaricación ambiental, y solicita además la adopción de medidas cautelares en cuanto a la suspensión del procedimiento administrativo en trámite.

Una tercera acusación, que ejerce la sociedad Andalucía Mining, solicita que se declare la responsabilidad civil de la Junta de Andalucía, así como de Magtel, Minorbis y Grupo México, cifrando los posibles "daños y perjuicios" ocasionados en 7.195.426 euros.

Sin embargo, la Fiscalía reclama la absolución como ya solicitó el archivo en reiteradas ocasiones durante la fase de instrucción. El escrito de conclusiones de la Fiscalía no deja lugar a ninguna duda a la hora de descartar que se haya producido ningún contubernio en el proceso de adjudicación del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar. La Fiscalía de Sevilla, como ha venido considerando a lo largo de la instrucción de esta causa que comenzó en el año 2015, reitera que no aprecia indicios de delito en la actuación de los 16 acusados, entre los que se encuentran todos los funcionarios y técnicos que formaron parte de dos organismos clave en el proceso administrativo: la mesa de contratación y la comisión técnica.

Por su parte, la Junta de Andalucía, que defiende a los 10 funcionarios y técnicos que intervinieron en el concurso, también reclama la absolución en un duro escrito de conclusiones en el que arremete contra las decisiones de la Audiencia de Sevilla, por la "doble instrucción" que el tribunal ha realizado en un proceso que se inició en 2015, fue archivado en dos ocasiones por la juez instructora y en el que la Fiscalía solicitó el sobreseimiento hasta en siete ocasiones al descartar los indicios de delito.

La juez de Instrucción número 3 de Sevilla dictó dos autos, el 6 de noviembre de 2015 y el 11 de marzo de 2019, en los que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, pero la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla dictó sendas resoluciones en las que se reabrió la causa en dos ocasiones. La ponencia de los recursos correspondió a la magistrada Mercedes Alaya, a la que la Junta no cita expresamente, pero como ponente es la magistrada que estudió la causa y elaboró las resoluciones del tribunal.

Esas resoluciones, asevera la Junta, se dictaron con "extralimitación de sus competencias de mera fiscalización y control de la legalidad del juez de Instrucción", lo que a juicio de la Junta ha provocado que los investigados hayan tenido que soportar una "doble instrucción, la llevada a cabo por el órgano ad quo y la ordenada por el órgano ad quem". Esta doble instrucción, concluye el gabinete, ha supuesto "definitivamente una indeseable intromisión en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales plenas que competen al instructor como juez ordinario en la fase de instrucción y en la fase intermedia del proceso penal abreviado".