El juez reactiva la causa de la Faffe con la imputación de 21 personas por prevaricación y malversación

Entre los investigados figuran el ex director general Fernando Villén y la ex directora económica Anna Valls, quienes ya fueron condenados por el uso de las tarjetas en los prostíbulos

Los correos de la Faffe: el nepotismo, las sobrinas y los "enchufes del delegado"

El ex director de la Faffe Fernando Villén.
El ex director de la Faffe Fernando Villén. / Eduardo Briones / Ep

El juez reactiva la causa de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), tras el análisis de los correos electrónicos de la Unidad Central Operativa (UCO), con la imputación de un total de 21 personas por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los imputados figuran el ex director general de la Faffe Fernando Villén, su hermano Manuel, y la ex directora económica, Anna Valls, quienes ya fueron condenados por el uso de las tarjetas en prostíbulos y han sido citados a declarar en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla entre el 11 de marzo y el 1 de abril, según el calendario de declaraciones establecido por el juez de refuerz José Ignacio Vilaplana. También figuran como investigados una docena de directivos, jefes de área y técnicos de la extinta fundación.

En un auto dictado con fecha 30 de enero pasado y que tiene una extensión de 64 folios, el instructor acuerda asimismo ampliar las investigaciones por otros seis meses y recuerda que en esta causa se investigan delitos de prevaricación y malversación relacionados con la contratación de proveedores de servicios, personal y justificación de aubvenciones.

Sobre la contratación de proveedores, Vilaplana explica que existen indicios de que la Faffe habría llevado a cabo licitaciones y adjudicaciones de contratos en favor de distintos proveedores "al margen de la disciplina y de la legalidad administrativa y financiera aplicable, principalmente, en el curso de los ejercicios -al menos- 2008, 2009 y 2010; acudiendo de forma arbitraria e injustificada a procedimientos simplificados y directos, que en realidad serían de uso y utilización excepcional en cuanto suponen una quiebra de los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad; obstaculizando así la libre concurrencia y competencia entre contratistas y convirtiéndolos en procedimientos de contratación administrativa opacos, en favor de determinados adjudicatarios". El importe de los contratos, según el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, alcanzaría los 9.465.332 euros y la "conducta ilícita descrita se habría materializado e instrumentalizado mediante, v.g., el fraccionamiento y la encadenación de contratos menores, la utilización de la tramitación de procedimientos en su modalidad de urgente, la influencia de las empresas adjudicatarias en la designación de las empresas invitadas a participar -de forma simulada, incluso- en los procesos de licitación, la utilización de ofertas de resguardo por empresas instrumentales, la elaboración de los PPT por las empresas adjudicatarias, la participación de éstas en la aprobación del correspondiente presupuesto; la participación irregular en la contratación de empresas vinculadas con la adjudicataria; injustificadas e irregulares modificaciones contractuales, en especial, la prórroga de los contratos".

Vilaplana señala igualmente que a través de la investigación de la UCO se ha puesto de manifiesto la "existencia de irregularidades en la justificación de subvenciones que la Faffe percibía, fundamentalmente, de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)", alto que estaría en "íntima conexión con las irregularidades en la contratación anteriormente descritas, pues la mayor parte de estas ilicitudes en la justificación de las subvenciones se articularían mediante contrataciones ficticias que permitirían realizar imputaciones de gasto -por servicios realmente no prestados, desde luego -al menos-, en el marco de la correspondiente subvención- a las mismas".

En este punto, el instructo concluye que existirían "indicios solventes de la ilícita justificación de subvenciones por parte de los responsables de la FAFE; irregularidades consistentes en la elaboración de documentación ad hoc, es decir, sin que la misma se ajuste a la realidad de los hechos, con el fin último de justificar ante el órgano gestor, de una manera fraudulenta, los gastos que habrían sido imputados a los fondos públicos recibidos; y con el objeto de evitar la devolución de un importe, procedente de una subvención, que no habría sido gastado o debidamente justificado ante el órgano gestor. De modo que que el principal interés no sería la realización de unos servicios necesarios para la Fundación, relacionados con los fines públicos que le serían propios, sino el de poder justificar -de forma ficticia- el importe de una subvención recibida".

84 contrataciones irregulares

En tercer lugar, el juez también ve indicios de la contratación irregular de personal por parte de la Faffe, de modo que se habría detectado la "posible injustificada -sin observar procedimiento alguno ni respetar las exigencias legales para la contratación- contratación de, al menos, 84 personas; contratación que habría sido realizada con omisión de los principios de publicidad y libre concurrencia, sin procedimiento ni convocatoria de ningún tipo ni observancia de los principios de mérito y capacidad; así como el ilícito mantenimiento del personal así contratado en distintos puestos de trabajo, creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales -con el consiguiente cobro de emolumentos y prestaciones- por parte de aquéllos".

En el mismo sentido, la investigación policial hasta la fecha practicada, prosigue el instructor, "permite colegir que, por parte de responsables de la Faffe, se habría procedido a la contratación de determinado personal -bien directamente, bien a través de empresas subcontratadas-, de forma discrecional y al margen del procedimiento legalmente establecido, es decir, sin tener en cuenta los principios de publicidad, objetividad, igualdad, mérito y capacidad. Igualmente, esta contratación habría podido responder a contraprestaciones por la realización de actos que habrían favorecido determinados intereses políticos o personales, así como que determinado personal, podría no contar con la cualificación necesaria".

El juez incluye en este apartado la contratacion irregular de "familiares y allegados de ciertas personalidades políticas" y así cita un correo electrónico en el que se refieren al hijo de la ex diputada autonómica del PSOE Aurora Atoche y la sobrina de la presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, o la nuera de la cuñada de Felipe González.

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