El juez suspende el desahucio de una familia que tiene un hijo con discapacidad

Un juez de Sevilla ha paralizado el desahucio de una familia que reside desde 2009 en el polígono aeropuerto y que tiene entre sus miembros un menor de edad con una discapacidad reconocida del 36%. El lanzamiento de la familia estaba fijado para el día de ayer, pero después de que este periódico publicara la información sobre el desalojo, la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa) presentó un escrito pidiendo la suspensión del desalojo.

Ahora el juez de Primera Instancia ha enviado un oficio a los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla con la finalidad de que emita un “informe de vulnerabilidad” previsto en el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo, que permite suspender los desahucios mientras dure el estado de alarma a las familias que están en una situación de “especial vulnerabilidad”, tal y como había solicitado el abogado de la familia, José María Carnero.

El letrado mostró ayer su satisfacción por la decisión del juez de suspende el lanzamiento “al menos para constatar que lo que decimos es cierto, pero honestamente he de decir que el Ayuntamiento ha hecho poco” en este caso. El letrado añadió que “sigue esperando que Emvisesa recapacite y no eche a esta familia a la calle”. En el piso objeto del proceso de desahucio viven cinco personas, dos hermanos y la familia de uno de ellos, que tiene dos hijos menores, uno de ellos con una discapacidad del 36%.

Todos los miembros de la unidad familiar se encuentran en situación de desempleo, y no son beneficiarios de prestaciones por desempleo ni de otro tipo de ayudas. Los únicos ingresos familiares son los 387,64 euros mensuales que percibe la madre como cuidadora no profesional, por los cuidados del hijo con discapacidad.

Una vez que el desahucio estaba ya fijado para el 15 de febrero y tras contactar este periódico contactó con el Ayuntamiento, Emvisesa revisó la documentación que la familia había presentado en el juzgado, que según fuentes municipales “no se había notificado ni comunicado a Emvisesa”, y se ha dado un plazo de tres meses para que acrediten “si están en una situación de vulnerabilidad y se puedan analizar distintos escenarios en caso de que así sea”. Mientras tanto, el juez ha decidido suspender el desalojo de la familia.Nor