juicio delos ERE

Un ex alto cargo niega el pacto criminal de los ERE porque requeriría 200 imputados más

  • Otra defensa critica a la Fiscalía por la búsqueda de su "Santo Grial", la acusación por malversación a los ex altos cargos en este procedimiento y en las piezas separadas

Javier Aguado Hinojal y Juan Márquez, en el juicio de los ERE. Javier Aguado Hinojal y Juan Márquez, en el juicio de los ERE.

Javier Aguado Hinojal y Juan Márquez, en el juicio de los ERE. / EFE

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El abogado Adolfo Cuéllar, que defiende al ex secretario general técnico de Empleo Francisco Javier Aguado Hinojal ha rechazado el pacto criminal de los acusados para implantar el sistema de ayudas de los ERE porque, según ha explicado, ese "plan preconcebido" para defraudar es "materialmente imposible" porque requeriría que estuvieran imputadas en esta causa entre otras 150 y 200 personas, entre el resto de viceconsejeros o consejeros que forman parte de los distintos Gobiernos andaluces entre los años 2001 y 2010, así como los interventores delegados o de Control Financiero Permanente, funcionarios, personales de la agencia IDEA e incluso parlamentarios andaluces.

La defensa ha reprochado a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones populares que en lugar de proponer pruebas de ese supuesto "pactum scaeleris" han acusado por una especie de "suerte de responsabilidad colectiva u objetiva", y ha insistido en que esa curación es "inviable" y el concierto entre los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados "no se ha demostrado".

Cuéllar ha denunciado que a estas personas se les ha acusado de "delitos gravísimos", los "más infames de los que se puede acusar a un funcionario o un un servidor público", y ha lamentado que los acusados han sido sometidos a un "juicio paralelo insólito que lleva al común de los ciudadanos a entender que han desviado para sí o para familiares o del partido los caudales públicos, y eso no es así", ha aseverado.

En su informe, Cuéllar ha criticado que se minusvaloren los informes periciales realizados por los peritos a instancia de las defensas, por cuanto son peritos de una "extraordinaria cualificación profesional", y ha considerado que "no es ajustado a Derecho y al sentido común" que se siga manteniendo que las transferencias de financiación tienen como única finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de los entes instrumentales. 

En este sentido, ha dicho que las transferencias son un instrumento de presupuestación "neutro" y ha citado a San Ignacio de Loyola para afirmar que "las cosas no son buenas o malas en sí, serán buenas o malas según el uso que se les dé", de lo que ha concluido que las transferencias no presuponen una falta de control y "no es cierto que sean un instrumento perverso o ilícito".

Tampoco considera que se sostenga la afirmación de que el Paramento ha sido "inducido a error", como han mantenido hasta la saciedad los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y ha subrayado que al tratarse de un juicio penal, las acusaciones deberían haber traído a la vista oral a los parlamentarios para preguntarles si habían sido o no engañados "a la hora de aprobar una ley", por lo que a su juicio esta afirmación no deja de ser una "conjetura" más, una "opinión sin ninguna base jurídica".

Cuéllar ha dicho asimismo que en este caso no se hay producido una "actuación dolosa" de la Intervención General de la Junta, y ha denunciado, como otras defensas, la situación de indefensión en la que se han visto inmersos porque "no existe una acusación individualizada sobre los hechos que se reprochan" a su cliente.

De la misma forma, ha relatado que es "inviable la criminalización de las modificaciones presupuestarias" y ha añadido que no existe la correlación que establece la Fiscalía entre la primera modificación presupuestaria del año 2000 con las ayudas de Hijos de Andrés Molina y la creación del sistema para "soslayar" los reparos  que había realizado la Intervención de la Junta, dado que ese reparo se produjo tres meses después de la modificación.

La Fiscalía busca su "Santo Grial"

En la sesión de este lunes también ha comenzado su informe el abogado Manuel Pérez Cuajares, que representa al ex director general de Trabajo Juan Márquez, que sustituyó a Javier Guerrero en el cargo, y quien ha solicitado una sentencia absolutoria al estimar que no ha existido "prueba de cargo suficiente" contra este ex alto cargo, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Este letrado ha criticado la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, dado que a su juicio el Ministerio Público ha estado "con un ojo en este juicio y otro en las piezas y en las resoluciones" que ha ido dictando la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla rechazando el doble enjuiciamiento -non bis in ídem- de los ex altos cargos en este juicio y en el resto de las piezas. Pérez Cuájares ha dicho que la Fiscalía ha estado "buscando su Santo Grial, que es llevar a algunos de los ex altos cargos a otras piezas, pero manteniendo aquí la acusación por el delito de malversación".

El defensor considera que el juicio ha dejado "desnuda y al descubierto la falta de actividad probatoria respecto al delito de malversación", pero a pesar de ello la Fiscalía pretende intentar con posterioridad la "persecución en las piezas separadas en el supuesto de que haya una absolución por la malversación" en este juicio.

Pérez Cuajares ha afirmado que el ex director general de Trabajo, que estuvo 23 meses en el cargo, no tuvo participación en la ideación, creación o puesta en marcha del sistema para el pago de las ayudas sociolaborales, por lo que ha agregado que no puede darse una "saltum temporal diabólico" y quien se limitó a continuar el modelo existente y contribuyó a mejorar el somera pueda ser responsable del delito.

Sobre las transferencias de financiación ha insistido en que "ningún delito puede cometerse porque estaban contempladas año tras año en la ley de Presupuestos" de la comunidad autónoma. "Es injusto pretender la condena de quien se limita a continuar lo que lleva ocho años funcionando a su llegada a la dirección general de Trabajo" y "a continuar lo que otros pudieron paralizar, si es que realmente no se ajustaba a la legalidad", ha agregado.

La defensa ha destacado que los interventores han manifestado que "nunca apreciaron menoscabo de fondos públicos, sino meras irregularidades administrativas", y ha recordado que su representado no recibió ningún informe de la Intervención alertando de las irregularidades, "en contraposición a los que sí los recibieron y nada hicieron".

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