Las vacaciones de los peritos del Estado obligan a retrasar una semana más el juicio por el ERE de Río Grande

Los ERE de la Junta de Andalucía son la macrocausa de nunca acabar y el caso relativo a las ayudas que recibió el restaurante Río Grande va camino de ser el mejor ejemplo. El juicio de esta pieza separada, suspendido primero en marzo por el cambio de abogado del conseguidor Juan Lanzas y después en junio por la enfermedad del presidente del tribunal, ha vuelto a sufrir otro aplazamiento temporal. Esta vez el motivo es que los dos peritos principales que aún deben declarar, que son los que investigaron íntegramente el caso de los ERE, van a estar de vacaciones en la fecha prevista para la reanudación de la vista oral: el 8 de septiembre. Y no sólo eso, sino que ya tienen “viajes planificados” para entonces (uno de ellos irá al extranjero). Ante tal tesitura, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha decidido que retomará el juicio una semana más tarde, el 15 de septiembre.

El pasado 23 de junio, el tribunal comunicó a las partes que uno de los magistrados estaba de baja por problemas de salud y que eso obligaba a suspender las tres sesiones que quedaban para concluir el juicio. La Sala, tras acordarlo con las acusaciones y las defensas, estableció que esas jornadas se celebrarían el 8, el 9 y el 10 de septiembre. Así se lo comunicó a los dos interventores del Estado, Eduardo Villaseca y Rosa Hernández, que en principio iban a comparecer por videoconferencia desde Madrid el 24 de junio.

El día 25, tras recibir la notificación de la Audiencia, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) respondió con un correo electrónico en el que le explicaba a la Audiencia que sus dos empleados estarán de vacaciones hasta el 12 de septiembre, de ahí que solicitase que ambos declarasen “o bien en el mes de julio o bien en cualquier día a partir del lunes 15 de septiembre”.

“Con fecha 24 de junio de 2025 estaba prevista la comparecencia como peritos de dos funcionarios de esta Intervención General en la sesión del juicio oral que se iba a celebrar ese día en el marco del procedimiento de referencia. Con carácter previo [...], esa Audiencia Provincial comunicó su suspensión, de forma que no se pudo celebrar el día 24 de junio y quedó por tanto aplazada”, señala en ese correo Ignacio Góngora, jefe de la Unidad de Auxilio Judicial de la IGAE.

“En relación con lo anterior, se comunica que los citados funcionarios estarán disfrutando de sus vacaciones anuales hasta el día 12 de septiembre inclusive. Ambos peritos tienen viajes planificados hasta dicha fecha”, prosigue. “A lo anterior debe añadirse que uno de los peritos tiene ya contratado un viaje de una semana fuera de España en un grupo organizado del que regresará el día 12 de septiembre”, añade.

“Teniendo en cuenta lo anterior”, Góngora pide que la comparecencia de los funcionarios “se ubique o bien en el mes de julio o bien en cualquier día a partir del lunes 15 de septiembre”. El objetivo es “no perjudicar a dichos peritos en relación con los viajes que tienen ya planificados”, por un lado, y “garantizar que dicha comparecencia pueda desarrollarse de forma adecuada”, por otro. De este modo, sentencia la IGAE, los dos expertos podrán “preparar de forma adecuada” su pericial.

Como es lógico, la Sección Primera acogió positivamente la petición. En una providencia dictada el 30 de junio, los tres magistrados comunican que “dada cuenta del e-mail recibido por parte de los peritos del IGAE de fecha 25 de junio de 2025, se suspende el señalamiento previsto los días 8,9 y 10 de septiembre”. A cambio, el juicio “se señala nuevamente los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2025 a las 10.00 horas”.

Ex altos cargos del Ministerio de Trabajo

La recta final del juicio se está alargando en el tiempo por distintas razones, todas de peso, pero el orden de las comparecencias será el mismo que se acordó cuando el juicio se paralizó en junio. El día 15, además de Rosa Hernández y Eduardo Villaseca, declararán varios ex altos cargos del Ministerio de Trabajo, el guardia civil que investigó las ayudas o María José Rofa, exasesora de Empleo. El día 16 será el turno de los acusados, aunque en principio habrá uno que lo hará el 17, en este caso por videoconferencia desde la cárcel de Alcalá-Meco: se trata de Antonio Albarracín, entre rejas desde que la sentencia de la pieza de Acyco fue firme.

En el caso Río Grande, Anticorrupción solicita tres años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y la administradora única del restaurante, Carmen García, en relación con los 1,5 millones de euros que la Junta concedió a la empresa.