Las máximas del nuevo jefe de la Audiencia de Sevilla: vigilancia, diálogo y "compañerismo"

La Audiencia de Sevilla tiene un nuevo presidente: Álvaro Martín. Cuando tome posesión del cargo y releve a Ángel Márquez, tendrá cinco años por delante para materializar el programa que defendió ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando presentó su candidatura. Ideas, intenciones y reivindicaciones figuran muchas en las 26 páginas del documento, pero si hay que resumirlas en un par de conceptos, esos serían diálogo y vigilancia: diálogo para que fluyan las buenas relaciones con todos los profesionales (incluidos los propios jueces), las administraciones, las instituciones...; y vigilancia para garantizar que dos grandes procesos ya en marcha, la reorganización del sistema judicial y la mudanza a Palmas Altas, culminan con éxito y ayudan a mejorar la maltrecha Administración de Justicia en Sevilla.

La mayor parte de su programa, en concreto la mitad justa (13 páginas), se dedica al estado de las infraestructuras, las cargas de trabajo de los jueces y la infradotación de medios y personal (según en qué juzgados). La premisa es cruda pero realista. “La provincia de Sevilla ha venido presentando en términos generales una situación de precariedad en sus instalaciones que se ha ido abordando de manera más o menos coordinada por las distintas administraciones, sin lograr dar una adecuada respuesta a las necesidades generales”, reconoce. Ahora, piensa, el rediseño del esqueleto judicial con la creación de los tribunales de instancia “debe ser aprovechado para alcanzar logros definitivos que vayan acompañados de un desarrollo en medios materiales”.

En Sevilla capital (107 juzgados, ocho secciones de la Audiencia y las salas del TSJA), la Ciudad de la Justicia acabará en teoría con esa “relativa dispersión” de las actuales sedes. Martín admite que Palmas Altas “representa el mayor esfuerzo en décadas [...] y ha de marcar el futuro de la Administración de Justicia”, de ahí que reclame “máxima atención” para su desarrollo desde “la colaboración leal con la Consejería de Justicia”.

El problema es que los antiguos edificios de Abengoa se hicieron “para fines distintos” a los de acoger juzgados y están “en una zona con comunicaciones limitadas”. Martín pide “un esfuerzo” para que la sede “se adecúe a las necesidades reales de la Administración de Justicia” y sea dotada “de suficientes accesos y medios de transporte público”. “Lograr este resultado se convertirá en uno de mis objetivos a alcanzar a través del diálogo institucional”, explica.

Tras examinar el físico de la Justicia, Martín disecciona el interior. Es decir, el funcionamiento de los órganos judiciales. En lo relativo a la ciudad, Martín piensa que no hacen falta más funcionarios pero sí más jueces. “Cabe afirmar que la plantilla de funcionarios [...] es suficiente en la Audiencia y en la mayoría de los órganos de la capital, pero resulta escasa en la mayor parte de los partidos judiciales de la periferia”, dice.

Otra cosa son los magistrados. “Algunos presentan una adecuada carga de trabajo [...] y otros se encuentran en una situación inasumible”, comenta. Sólo en la Audiencia, continúa, “se hace necesario abordar la creación de una nueva sección civil”. Y en el orden penal, además de pedir un sexto magistrado para la Sección Séptima porque “se encuentra infradotada sin motivo”, reclama la “creación de una nueva sección” para aliviar la carga que suponen las macrocausas, “cuya complejidad [...] perjudica el desenvolvimiento de las secciones penales que han de afrontar” esos juicios. La no creación de esa Sala “llevará a plazos inaceptables de resolución de asuntos de notables trascendencia social”, advierte.

“Soy consciente de que los medios de la Administración son limitados [...] y hablar de inversiones puede resultar incluso poco sensato, pero la oportunidad que presenta este nuevo enfoque de la Justicia debe ser aprovechada para zanjar estas deficiencias. Me comprometo a trabajar con todas las administraciones para buscar la mejor solución posible a estos problemas tan evidentes”, apostilla.

Sí a la "armonía", no a los "roces"

Para comprobar que Álvaro Martín apuesta por el diálogo no hay más que ver los epígrafes temáticos de su programa: “Relaciones con los órganos de gobierno del Poder Judicial, TSJA, Decanatos de Jueces y la Administración autonómica”, “Diálogo interno entre los magistrados”, “Cuidado de la imagen de la Justicia”, “Relaciones con los magistrados”, “Relaciones con la Fiscalía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local”, “Relaciones con los Cuerpos de la Administración de Justicia y con los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales” y “Relaciones Institucionales y sociales”.

Así, a modo de resumen, entre sus objetivos está “despachar casi a diario con la decana de Sevilla”, “intensificar los mecanismos de diálogo interno entre las diferentes secciones de los dos órdenes jurisdiccionales”, “promover la reunión de los presidentes de las secciones”, “mantener una relación respetuosa y fluida con aquellos periodistas encargados de las noticias judiciales”, “despachar con frecuencia con el fiscal jefe provincial y con los fiscales coordinadores”, “recabar la opinión tanto de los letrados de la Administración de Justicia [...] como de los funcionarios judiciales [...] para involucrarlos en la ardua tarea de mejorar la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia”, “mantener una buena relación institucional con todas las autoridades locales y provinciales” e incluso tener “diálogo fluido con asociaciones dedicadas a la rehabilitación de drogodependientes y alcohólicos”.

“Creo que la principal función que incumbe a un presidente de Audiencia consiste en lograr que [...] se mantenga cohesionada y en armonía fomentando las relaciones personales y el compañerismo y eliminando roces y fricciones”, sentencia el magistrado.