La Fiscalía de Sevilla ha pedido tres años y medio de cárcel para Antonio Manuel C.L., ex mayordomo de la Hermandad del Valle durante ocho años, por apropiarse de 175.982 euros de las arcas de la hermandad. El acusado supo ganarse la confianza de los hermanos y “nadie en la Junta o Cabildo hacía recuento” de lo que se ingresaba.

El escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, dice que cuando el acusado fue nombrado mayordomo en 2007, el entonces hermano mayor y otro cofrade le iban a ayudar en la tarea, pero estas personas “se limitaban a llevar en el programa Excel la contabilidad con los datos que les proporcionaba el acusado”.

“Es a partir del cese como hermano mayor de Félix Hernández cuando, ya sin el debido control de la cuenta bancaria por parte de ningún responsable de la Hermandad, y aprovechando la confianza que había sabido ganarse”, Antonio Manuel C.L. empezó en 2011 a expedir cheques al portador que cobraba por ventanilla y de cuyo importe se apropiaba, además de apoderarse de otra parte de los ingresos en metálico.

El ex mayordomo aprendió en 2011 a copiar en una hoja Excel los movimientos de la cuenta bancaria, que acto seguido “modificaba a su antojo, creando una cuenta o banco paralelos que era la que presentaba a la aprobación de las cuentas anuales de la Hermandad”, precisa el fiscal.

Cuando en junio de 2015 fue nombrado un nuevo mayordomo, el acusado manifestó al Cabildo que dejaba un saldo en banco de 26.939 euros, “siendo así que solo había 16,41 euros”.

El perjuicio económico a la Hermandad, según el fiscal, asciende a 175.982 euros, resultantes de sumar los 56.847 euros reconocidos por el propio acusado, más 119.134 euros de desfase de tesorería entre 2011 y 2015. El escrito del fiscal precisa que el descuadre de cuentas aprobadas en Cabildo suma 219.660 euros.

El Ministerio Público imputa al ex mayordomo un delito continuado de apropiación indebida y pide para él tres años y medio de cárcel y una multa de 10 meses con cuota diaria de 6 euros (1.800 euros).

Esta petición es inferior a los cuatro años y tres meses de cárcel que pide la acusación particular que ejerce un grupo de hermanos -primeros que llevaron el caso a la vía penal- que añaden otro delito de falsedad documental.

La actual Junta de Gobierno encabezada por Gonzalo Pérez de Ayala, personada como acusación particular, ha hecho saber que se adhiere a la petición del fiscal “como garante de la legalidad en defensa de los intereses generales y, en este caso, también de los particulares de la Corporación”.