La Fiscalía de Sevilla ha pedido condenas de hasta cinco años y medio de cárcel para los 18 jóvenes procesados por la “okupación” de unas viviendas de nueva construcción en la calle Macarena, en la parcela que en su día albergaba el Centro Social ocupado y autogestionado Casas Viejas, que había sido desalojado en noviembre de 2007.

El escrito de acusación del fiscal explica que sobre las 9.30 horas del 16 de febrero de 2018, aprovechando que el aparejador de la obra abrió el portal de acceso a las viviendas, casi finalizadas y a punto de ser entregadas a sus propietarios, los activistas le propinaron un violento empujón y entraron en el edificio con intención de ocupar los distintos pisos.

Los inculpados “causaron numerosos desperfectos en el intento de violentar las puertas de acceso”, en concreto daños de 19.479 euros en las viviendas y otros desperfectos por valor de 884 euros en un coche estacionado en la calle.

Minutos después de su acción, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, que era uno de los propietarios, entró en el edificio, subió hasta la terraza y se identificó como policía. Esto motivó que “los inculpados comenzarán a golpearle”, por lo que tuvo que huir al exterior para evitar que la agresión continuara. En ese instante hizo acto de presencia una dotación policial compuesta por varios agentes, quienes pese a identificarse como tales fueron también “violentamente golpeados por los inculpados”.

Asímismo fueron golpeados por “otros individuos no identificados que se habían concentrado en dicho lugar, obstaculizando la calle, todos con actitud violenta y agresiva, emitiendo proclamas a grandes voces e interrumpiendo el tráfico de personas y vehículos”, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico.

Seis de los procesados permanecieron en prisión durante dos meses, hasta el 13 de abril de 2018, y ahora se enfrentan a una petición de hasta cinco años y medio de cárcel. También deberán hacer frente al pago de los desperfectos ocasionados en las viviendas y en el coche estacionado.

Los activistas serán enjuiciados en un juzgado penal por presuntos delitos de usurpación violenta, daños, atentado a agente de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y maltrato de obra.

Precisa el fiscal que el grupo “era aleccionado en lo relativo a las agresiones a los agentes por el  inculpado Oscar O.M.M., súbdito argelino de ignorada situación en España.

Para este acusado y otro de nacionalidad marroquí, la Fiscalia solicita que se sustituya la pena por su expulsión del territorio español.

Como consecuencia de los golpes, seis agentes sufrieron heridas, de las que curaron en un día excepto uno de ellos, que permaneció cuatro días de baja.