Los tres peritos que destriparon las irregularidades de los ERE de la Junta de Andalucía y fueron fundamentales para condenar a dos presidentes y varios altos cargos de la Administración regresaron ayer a la Audiencia de Sevilla para comparecer en otro juicio relativo a una pieza separada de la macrocausa, el de las ayudas a la empresa cordobesa Industrias Elizana. Rosa María Hernández y Eduardo Villaseca volvieron a flanquear a Ángel Turrión en el estrado y su sola presencia ante la Sección Primera ya fue noticia por sí misma, ya que los dos primeros habían solicitado por escrito no intervenir más en estos actos al no haber recibido la misma valoración ni la misma retribución que el tercero. Pero los dos fueron y, aunque la defensa del ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera intentó pedir la nulidad de su informe basándose en esas discrepancias, el presidente del tribunal lo atajó de inmediato: “Ese tema es ajeno a esta causa”, dijo Pedro Izquierdo. Antes, Turrión aseguró que no tenía conocimiento de ese escrito de sus compañeros.

Según ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Hernández y Villaseca no tuvieron “responsabilidad alguna en la pericia” de los ERE, sino que actuaron como simples “colaboradores” de Turrión, jefe de los peritos de auxilio judicial de la Intervención General del Estado. Así los definió un informe del Ministerio de Hacienda para explicar que, al no haber realizado las mismas funciones, no tenían derecho a la misma retribución.

Villaseca y Hernández llegaron juntos a la Audiencia; Turrión apareció después. Aun así, como en el juicio político, fue él quien llevó la voz cantante durante la pericial, en la que dejó claro que Rivera, “al igual que cualquier gestor público”, debería haber enviado a la Intervención el expediente de concesión de la subvención a Elizana, “cosa que no hizo”, con lo cual esa ayuda “no fue fiscalizada”. También insistió en que no existió solicitud de ayuda por parte de la empresa, que había “inconsistencias continuas e incoherencias” en la resolución de concesión y que la Dirección General de Trabajo “retorció el lenguaje” para justificar la partida como una subvención excepcional, cuando en realidad se destinó a pagar salarios y obligaciones con la Seguridad Social.

“¿Qué excepcionalidad diferencia los sueldos de Elizana de los de cualquier otra empresa de Andalucía? Ninguna. Subvencionar sueldos es estrambótico, no tiene sentido. Los sueldos y los salarios son obligación de la empresa, le vaya bien o le vaya mal. Y la excepcionalidad se pierde cuando se repite. Aquí se repitió 270 veces, que son las ayudas que se dieron”, explicó Turrión.