LA FILTRACIÓN DE LAS OPOSICIONES DE LA POLICÍA LOCAL DE 2012

El sindicato de la Policía Local cree que la última decisión de la juez deja un "vacío jurídico"

Día de la Policía Local

Día de la Policía Local / Juan Carlos Vázquez Osuna (Sevilla)

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) ha considerado que el nuevo auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla "no resuelve nada" sobre la ejecución de la sentencia que ordena retrotraer la oposición promovida en 2012 para cubrir vacantes de la Policía Local, al momento anterior al caso práctico, porque en el mismo "se produjeron irregularidades invalidantes".

Ante el nuevo auto, con el que el juzgado responde a la petición de aclaración realizada por el Ayuntamiento, el presidente del Sppme en Sevilla, Luis Val, ha manifestado que la contestación deja el asunto "igual que al principio, porque no resuelve nada" de la "duda jurídica" planteada por el Consistorio respecto a la anulación de la suspensión inicial del señalamiento de la fecha del 30 de septiembre para la repetición del examen.

Así, ha considerado que con esta respuesta, el juzgado ha dejado al Ayuntamiento en "un vacío jurídico del que ahora no sabe por dónde salir". Ello, tras el auto de comienzos de mes en el que la juez, tras no acceder a las peticiones respecto a que declarase la "imposibilidad de ejecución" de la sentencia, resuelve la anulación de la resolución municipal que señalaba el 30 de septiembre de este año como fecha de repetición de la prueba anulada de dicho proceso selectivo de 2012, una fecha que había quedado suspendida a mitad de dicho mes por petición del opositor denunciante del caso, al atisbar posibles "irregularidades" en los actos del Consistorio a la hora de ejecutar la sentencia.

Antes de dicha resolución que fijaba el 30 de septiembre como fecha de repetición de la prueba, el Ayuntamiento había comunicado al Juzgado, de cara a ejecutar la sentencia, "la procedencia de cesar a los funcionarios afectados en el momento inmediatamente anterior a la celebración del nuevo examen". Empero, posteriormente el Ayuntamiento solicitaba al juzgado no ejecutar la sentencia, alegando entre otros aspectos una "imposibilidad" de cumplirla "por la pérdida de 44 funcionarios/as de Policía Local en activo, con la consiguiente merma de la seguridad pública".

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