El sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha asegurado este martes que, ante lo que parece un traslado sin marcha atrás de las sedes judiciales de Sevilla a la ubicación en el campus de Abengoa en Palmas Altas, ha realizado una recogida de firmas entre los funcionarios de esta ciudad que ha concluido que tres de cada cuatro funcionarios consultados manifiestan su "rotunda disconformidad con el traslado, mientras no se garantice un plan de movilidad adecuado, real, viable y sostenible".

La organización sindical ha explicado que la recogida de firmas ha pretendido comprobar la opinión del colectivo que se verá afectado por la nueva ubicación, que "perjudicaría la conciliación familiar al no existir ni guarderías ni colegios en la zona", si bien en el edificio de Abengoa sí que hay una guardería para los trabajadores.

Actualmente, el único medio de transporte público disponible para llegar al campus de Palmas altas es la línea 35 de autobús, ya que la línea 34 termina en los Bermejales con 22 paradas. Esta línea 35 conecta el Prado de San Sebastián con el campus, con tres paradas (Reina Mercedes, Paseo de Europa y avenida Alemania) y según las Administración comprometidas, este recorrido lo cubriría una lanzadera que se reduciría a una línea “exprés” con una única parada en el trayecto cerca del Hospital Virgen del Rocío.

Otra previsión es la que afecta a la Línea 3 de metro, que según el proyecto existente, conectaría Pino Montano con los Bermejales, con 17 estaciones: un primer tramo desde la zona norte hasta Prado de San Sebastián, para continuar hacia La Palmera a través de la avenida de La Borbolla y el Parque de María Luisa, hasta desembocar en Heliópolis y Los Bermejales, si bien las últimas informaciones apuntan a que esta línea se haría llegar hasta Bellavista, pasando por Palmas Altas.

Sin embargo, como se anunció por parte del Ayuntamiento y de la Consejería de Fomento el pasado mes de noviembre, se calcula que hasta el final del mandato (2023) no habrían empezado las obras de esta línea de Metro. "Esta previsión cronológica, unida al propósito del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y del alcalde, Juan Espadas, de trasladar a Palmas Altas las sedes judiciales antes de finalizar 2022, nos lleva a concluir que, para acceder a la pretendida Ciudad de la Justicia en esa fecha, el único medio de transporte público disponible sería el autobús-lanzadera desde el Prado de San Sebastián, es decir, desplazamiento de tráfico rodado para llegar a la zona de Sevilla con peor acceso y mayor congestión de circulación", añade STAJ.

El sindicato recuerda que si al habitual "colapso circulatorio de la zona y sus accesos, se añade que, entre funcionarios de Cuerpos Generales y Especiales, Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios de Policía y Guardia Civil, personal laboral y personal de limpieza, unas 2.000 personas en total, tendrán que desplazarse diariamente a las oficinas judiciales en hora punta, el caos está servido".

En este sentido, añade que si se atiende al impacto medio ambiental por la concentración de vehículos, dado que el único medio de transporte sería autobús y vehículo particular, sin perjuicio de quienes quieran o puedan desplazarse en bicicleta o andando en los días en los que la climatología y las temperaturas estivales lo permitan, "la idea de ubicar la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas resulta descabellado".

Ante las pretensiones de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y el Ayuntamiento de Sevilla de llevar los órganos judiciales a Palmas Altas a finales de 2022 , "queda claro que no sólo no se garantizan medios de transporte alternativos y sostenibles antes del traslado, sino que, además, evidencian la falta de voluntad política de ofrecer una solución real a la movilidad en la zona y un más que evidente desconocimiento y desprecio de las verdaderas y reales necesidades que la implantación de la Ciudad de la Justicia necesita, tanto para los dos millares de personas que todos los días ejercen sus funciones junto con los abogados y procuradores en las sedes judiciales, como para los ciudadanos que acuden diariamente a las mismas, máxime en esta Administración a la que suelen acudir con cita de inexcusable cumplimiento, cuyo retraso en su asistencia puede tener consecuencias perjudiciales para sus pretensiones y la defensa de sus intereses en los procesos judiciales", concluye STAJ.