Caso de los ERE

El juez accede a la solicitud del Grupo Joly para declarar por el ERE

  • El presidente de la compañía acudirá a declarar ante el magistrado Vilaplana el 11 de febrero junto a otros ex directivos

Los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla y la sede de la Audiencia Provincial. Los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla y la sede de la Audiencia Provincial.

Los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla y la sede de la Audiencia Provincial. / Juan Carlos Muñoz

El juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, que investiga el caso de los ERE mientras dura la baja de la juez María Núñez Bolaños, ha accedido a la petición realizada por los directivos del Grupo Joly y ha fijado para el 11 de febrero la declaración que fue solicitada para esclarecer la ayuda concedida por la Junta de Andalucía a los 36 ex trabajadores afectados por el ERE de 2004 y que los propios empleados gestionaron a través de la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz.

En un auto dictado con fecha 18 de diciembre, el magistrado acuerda la declaración como investigados –dado que legalmente no es posible de otra forma para garantizar los derechos fundamentales– del presidente del Grupo Joly, José Joly, y de otros dos directivos que formaban parte de la compañía en el año 2004, así como del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera y del representante de la mediadora Uniter, José González Mata, que gestionó la póliza de los ex trabajadores constituidos en la mencionada asociación.

El juez ha acordado asimismo la declaración como testigos del ex director de Trabajo Javier Guerrero y del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, quienes no pueden ser llamados como investigados en aplicación del principio non bis in ídem, al haber sido juzgados en la pieza del denominado "procedimiento específico" de los ERE.

En el auto, se acuerda asimismo que sea examinado por el forense el ex representante del comité de empresa J. R. H., para determinar si tiene las facultades alteradas debido a una enfermedad que padece, y de otro lado el juez ha reclamado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que entregue el atestado sobre estas ayudas a los ex trabajadores.

Con la notificación del auto, Grupo Joly ha tenido conocimiento de que, en paralelo, además de la petición de declaración voluntaria por parte de los directivos, la Fiscalía también había presentado un escrito, conocido ayer junto con el auto, en el que del mismo modo interesaba la práctica de estas declaraciones.

El objeto de esta investigación judicial se centra precisamente en determinar si las ayudas se concedieron a los trabajadores o a la empresa, y en este sentido Grupo Joly está absolutamente convencido de poder demostrar, a través de la abundante documentación aportada ya en la causa, que no hay objeto para mantener esta instrucción abierta.

La empresa tuvo la oportunidad de acreditar ante la Audiencia de Sevilla que no recibió ayudas de los ERE y para ello aportó documentación que confirma que las empresas del Grupo Joly "jamás solicitaron ni obtuvieron ninguna ayuda" y que los ex trabajadores "habrán de ser considerados siempre terceros de buena fe ajenos por completo a cualquier ilícito penal".

La empresa editora ha acreditado que las ayudas fueron para los ex trabajadores

Grupo Joly acreditó con la aportación de esos documentos que llevó a cabo todas las actuaciones legalmente exigidas para poder proceder a la extinción de los contratos de trabajo, dada la concurrencia de las causas legales establecidas, hecho que ocurrió, y que no fue condicionado ni a la obtención de ayuda pública alguna, ni a cualquier otra financiación de los despidos. Así, se demostró que el grupo editor acordó con los 36 ex trabajadores diversas cuantías indemnizatorias por la extinción de sus contratos.

En concreto, la empresa acordó el pago de una indemnización total por importe de 1.560.000 euros, una cantidad que fue abonada íntegramente por el Grupo Joly, sin que la Junta de Andalucía o cualquier otro organismo público financiara o subvencionara el pago de las indemnizaciones a los ex trabajadores, cuyo despido se iba a producir con independencia del acuerdo a que los ex empleados llegaron con la Junta de Andalucía para establecer un plan de prejubilaciones ajeno a la compañía.

En el auto dictado ahora, el juez recoge que el 26 de octubre de 2004, se firmó un protocolo entre la dirección general de Trabajo y la Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz, representada por J. R. H., por el que la dirección de Trabajo se comprometía a pagar la póliza de seguro de prejubilación de los 36 ex trabajadores de las empresas del Grupo Joly. Y añade que dos años y medio después –el 27 de abril de 2007– se firmó un convenio entre la dirección de Trabajo y la agencia Idea por el que se encomienda a esta última el pago de las ayudas individuales correspondientes a las prejubilaciones de los ex trabajadores.

El juez ha atendido de esta forma la petición de declaración voluntaria realizada por los directivos del Grupo Joly. El presidente del Grupo Joly pidió en noviembre pasado personarse en las actuaciones abiertas a los efectos de "solicitar día y hora para la toma de declaración voluntaria", y todo ello con la finalidad de "prestar la máxima colaboración con el órgano judicial y ello a pesar de no haber sido llamado previamente al proceso en condición procesal de clase alguna".

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