La UCO concluye que la mujer de Espadas fue ascendida en la Faffe "de manera arbitraria"

Carmen Ibanco García, mujer de Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado y ex secretario general de los socialistas andaluces, promocionó "de manera arbitraria" en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Ésta es la principal conclusión a la que llega la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo atestado remitido al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga delitos de prevaricación y malversacion de caudales públicos en relación con las presuntas irregularidades en la contratación de 85 personas en la extinta fundación.

Este nuevo atestado, que tiene una extensión de 719 folios, se produce después del presentado con el análisis de miles de correos electrónicos internos de la Fundación y en el que se plasmaban las supuestas contrataciones a medida de familiares de directivos y de personas afines al PSOE. La literalidad de los mensajes era tan clara que en uno aparecía incluso la palabra “enchufes” y en otros se pergeña la contratación de dos sobrinas de altos cargos.

Ahora en el nuevo informe policial, que tiene fecha del 14 de mayo, la Guardia Civil señala que aunque se publicó un anuncio en prensa para el puesto que finalmente logró Carmen Ibanco -que es licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales (sección de Psicología)-, la esposa de Espadas remitió el 27 de enero de 2007 su currículum por correo directamente al director de Recursos Humanos de la Faffe, algo que para los agentes "pudiera denotar, a priori, la privilegiada posición que de partida poseía la investigada frente al resto de los interesados en las diferentes ofertas de trabajo", a pesar de que unos días antes, en concreto, el 21 de enero, se había publicado un anuncio en prensa ofertando esa plaza.

Para la UCO, en ese anuncio no se mencionaba esta forma de proceder para el envío del correo, si bien los investigadores reconocen que en este caso la Faffe "sí habría cumplido con el primer requisito previo referente a la publicación de una oferta genérica publicitada en periódicos, a diferencia de la mayoría de los expedientes de contratación estudiados en el presente atestado".

Al puesto se presentaron cinco candidatos que fueron finalmente contratados pero, prosigue el atestado, la única prueba de valoración de la idoneidad del candidato en cuestión era una "entrevista personal". De las 13 fases que debía constar en el proceso de selección tipo para la contratación de personal por parte de la Fundación, "sólo hay constancia de haber realizado hasta la cuarta fase (preselección de los currículos), no habiéndose encontrado ninguna referencia al cumplimiento ni desarrollado del resto de las fases".

Un ascenso interno del que "no existe constancia documental"

La mujer de Espadas fue contratada desde el 1 de febrero de 2007 en la Faffe con la categoría profesional de Técnico de nivel E, con un sueldo bruto de 1.783,81 euros mensuales, pero a principios de 2009 pasó a prestar sus servicios como Técnico de nivel D, es decir, "se produjo una promoción profesional interna de la que documentalmente no existe constancia alguna, ni de la convocatoria, ni del nuevo proceso de selección".

Todo ello lleva a la Guardia Civil a concluir que esta investigada -que en su momento se acogió a su derecho a no declarar cuando fue citada por los agentes del Instituto Armado- "no sólo habría sido beneficiaria de una contratación que no se habría ajustado a la normativa vigente, sino que también se habría beneficiado de un ascenso en su categoría laboral, con la correspondiente mejora salarial, sin haberse llevado a cabo el proceso de selección correspondiente". Con esta promoción, añade la UCO, Carmen Ibanco percibió entre los años 2009 y 2011 un total de 8.683,09 euros de más gracias a pasar de Técnico E a Técnico D.

El atestado concluye que la remisión directa de su currículum al director de Recursos Humanos de la Faffe "pondría de manifiesto la posición ventajosa con la que partía la investigada, respecto al resto de candidatos, al tener acceso directo al responsable de personal de la Fundación". También advierten de las "numerosas deficiencias" en el informe final del "supuesto proceso de selección", porque de las 13 fases que se debían de haber desarrollado según el convenio colectivo, tan sólo se llevaron a cabo las cuatro primeras" y además no consta la realización de la "baremación curricular ni la estructura de la entrevista a desarrollar".

Para la UCO, la "insuficiente justificación existente sobre la contratación pondría de manifiesto que se pudiera haber llevado a cabo vulnerándose los principios normativos de principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad e igualdad de oportunidades recogidos en el convenio colectivo de la Faffe como en la normativa estatal y autonómica relativa a Fundaciones Públicas". Y sobre el ascenso de categoría "no se ha encontrado referencia alguna a la existencia de un proceso de selección para dicho ascenso, por lo que también se podría considerar que se ha llevado a cabo de una manera arbitraria".

Irregularidades en los 85 contratos investigados

El atestado analiza cada una de las 85 contrataciones de la Faffe, de acuerdo con el listado que parte de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y en el que aparecen los nombres y el supuesto "criterio de contratación" que no sería otro que las relaciones familiares con miembros del PSOE, de sindicalistas, organizaciones empresariales o ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Se incluyen así contratos a socialistas como el ex alcalde de Lebrija Antonio Torres, que fue condenado recientemente a dos años y tres meses de cárcel por ser contratado de manera "ilegal y absolutamente irregular", o a la esposa y el cuñado del que fuera director de la Faffe Fernando Villén, quien acumula ya dos condenas por los contratos de la fundación y por el gasto de 32.000 euros en burdeles con las tarjetas de crédito. También aparecen familiares de varios consejeros socialistas de la Junta, de parlamentarios autonómicos del PSOE y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, entre muchos otros.

La Guardia Civil establece una serie de conclusiones en las que incluye las supuestas irregularidades que aprecia en las mismas y que, según precisa, algunas tienen trascendencia en el ámbito penal. En primer lugar, los agentes afirman que se han observado "contrataciones en las cuales no se ha llevado a cabo ningún proceso de selección y otras en las que, a pesar de haberse iniciado un supuesto proceso de selección, éste no se ha ajustado a la normativa vigente en el momento de su formalización, presentando varias irregularidades en las diferentes fases". Así, explica que en la gran mayoría de las contrataciones se habría utilizado con carácter exclusivo "la base interna de la Fundación, denominada SAP R3/HR", lo que habría podido producir "un vicio de origen en la sección de potenciales candidatos, en detrimento, precisamente, del requisito de publicidad marcado legalmente, ya que al utilizar únicamente esa base interna se podría estar reduciendo enormemente el alcance de la oferta de empleo".

Además, una vez terminada la fase de "reclutamiento" se procedía a realizar una preselección de los candidatos más idóneos, para lo cual se debería materializar una baremación de los currículos de los candidatos, acorde con unos criterios y puntuaciones preestablecidas". Sin embargo, asevera la UCO, "no se ha hallado en la documentación analizada ninguna referencia a unas valoraciones previamente marcadas para baremar a los candidatos arrojados por la base de datos consultada, incluso en algunos casos, no aparece ninguna mención de haberse realizado dicho trámite". Y en aquellos casos en los que se hace referencia a esta prueba de baremo, recurrentemente se observa cómo, "sin justificación objetiva, se decide llamar a la siguiente prueba, la entrevista personal, a la persona que a la postre resultaría contratada". Es más, según los investigadores, "se decidía sin que consten los criterios previos ni el cotejo de los currículos, que sólo una de ellas es la más indicada para la siguiente prueba", dándose el caso de una persona a la que se hizo la entrevista personal "un día antes de haberse efectuado el reclutamiento de los posibles candidatos".

De la misma forma, salvo en contadas ocasiones, la entrevista personal habría sido la "única prueba a la que se sometía al futuro trabajador, prueba a la que sólo acudía la persona que posteriormente resultaba contratada".

También detectan irregularidades en la duración de los contratos, puesto que se formalizaban contratos por obra o servicio con una duración determinada, en la mayoría de los casos inferior a los seis meses, y sin embargo, el trabajador "seguía vinculado laboralmente a la Fundación perpetuándose en el tiempo sin modificación o prórroga del contrato, incluso hasta la extinción de la Faffe, salvo en algunos casos que se procedía a su conversión en indefinido", algo que "podría responder a intentar salvar el requisito de solicitar autorización previa a la Dirección General de Presupuestos".

La UCO aprecia infracciones penales

La UCO también concluye que el análisis de la documentación ha revelado varios hechos que pudiera ser constitutivos de otras infracciones, incluso que pueden abarcar el "ámbito penal", como la contratación de cuatro trabajadores que fueron dados de alta en la Faffe pero que habrían estado desarrollando sus funciones como asesores del entonces consejero de Empleo de la Junta de Andalucía. Estos cuatro trabajadores habrían percibido en total 724.036,12 euros, una cantidad que la UCO señala que al tratarse de una fundación que se "nutre con fondos públicos, todo ello podría considerarse un desvío de los mismos".

Junto a ello, explica que hay otros trabajadores que percibieron un "suplemento salarial que no estaría recogido en los correspondientes convenios de la Faffe, no hallando, entre la documentación analizada, ninguna referencia a una justificación de estas circunstancias". Se trata de unos complementos salariales mensuales de entre 192,85 a 440,08 euros.

También considera que podría tratarse de una infracción penal el caso de las "promociones profesionales, con el consiguiente aumento salarial, sin haber concurrido a un proceso de promoción interna, ajustado a la norma, en el seno de la Faffe", como ocurre según la UCO con la esposa de Juan Espadas.

A modo de conclusión final, la Guardia Civil sostiene que estas 85 contrataciones investigadas "se habrían llevado a cabo sin ajustarse a la normativa vigente en el momento de su formalización, conculcando los principios normativos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir en la contratación pública, pudiéndose inferir que han sido llevadas a cabo de manera arbitraria".

Los investigadores recuerdan al final del atestado que todas estas conclusiones han de entender "en términos de presunción", como una consecuencia de la función que a esta unidad, como órgano de Policía Judicial, le confiere la ley para la "averiguación a cerca de las circunstancias de los hechos delictivos investigados y de sus posibles responsables, por lo que quedan sometidas a la valoración judicial".