Eduardo Herrera, presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) durante 33 años y exvicepresidente de la Federación Española (RFEF), afrontará el 18 y el 19 de septiembre el segundo y último juicio que tiene pendiente, relativo a la concesión de dos ayudas destinadas a mejorar una instalación deportiva de Granada. El Ministerio Público pide que sea condenado a ocho años de cárcel por dos delitos de falsificación en concurso medial con dos de malversación. Su defensa, en cambio, asegura que no malversó ni falsificó nada y pide su absolución. Precisamente así, libre de toda culpa, salió Herrera del primer juicio, que trató hechos similares ocurridos en Huelva, y de la investigación sobre la contratación de una empresa del tesorero de la RFAF.

Los hechos que se juzgarán en los últimos días del verano datan de 2008. El Consejo Superior de Deportes (CSD) y la RFEF otorgaron entonces 576.599,51 euros a la Federación Andaluza para que instalara hierba artificial en el campo de El Zaidín. Según la Fiscalía, el pliego de condiciones obligaba a que el contrato fuese negociado con publicidad –la defensa niega este punto–, pero Herrera se saltó ese requisito y “consiguió” que la adjudicataria fuese OPSA, aunque “se desconocen las razones de dicho favorecimiento”, expone la acusación en su escrito de conclusiones provisionales. Para ello supuestamente presentó dos presupuestos irreales. En 2011, añade la fiscal, ocurrió lo mismo con otra ayuda de 70.195,41 euros destinados a montar marquesinas también en El Zaidín. En este caso, la beneficiaria fue Poligras Ibérica.

La RFAF se personó como acusación particular al principio del procedimiento, pero el 24 de enero de 2022 se apartó del caso y solicitó el sobreseimiento.

El pasado 7 de febrero, Herrera fue absuelto por la Sección Séptima de los delitos de falsificación, malversación y apropiación que le imputaba la Fiscalía por destinar casi 80.000 euros procedentes del CSD a mejoras en los campos de La Orden, en Huelva. Y el 13 de abril, el Juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla dio la razón a su letrado, Adolfo Cuéllar (Zurbarán Abogados), y archivó la investigación de la contratación de Wawawasi Asesores, cuyos propietarios eran el tesorero de la propia Federación, Francisco Campos, y su esposa.