Francisco Guerrero Suarez, recién reelegido por sus compañeros como juez decano de Sevilla para un tercer mandato, afirma en esta entrevista que la Justicia no soportaría una segunda paralización por coronavirus y analiza las disfunciones que la crisis sanitaria ha sacado a la luz como la falta de regulación del teletrabajo y la mala gestión para cubrir las bajas. 

— ¿Como se siente tras haber sido reelegido por sus compañeros como juez decano de Sevilla con el 94,1 de los votos?

En una carta que escribí a mis compañeros les decía que necesitaba prudencia, fortaleza y templanza. En estos años me ha servido de mucho valorar las circunstancias y las opiniones de los demás. Siempre he pensado que la crítica no era a la persona sino a la gestión y eso me ha ayudado, he tratado que las ideas de los demás me sirvan para reafirmarme en la gestión y cuando ha llegado el momento de reconocer que no iba por el camino acertado, he retrocedido.

— ¿Como aplicó esos principios a la gestión de la alarma sanitaria por coronavirus?

Desde el punto de vista de la gestión partíamos de algo totalmente nuevo e inexistente hasta entonces y de la falta de una regulación. Es curioso que las distintas guías que iban publicando el Consejo General del Poder Judicial y el resto de órganos de gobierno eran coincidentes en muchas o en la mayoría de las ocasiones. Yo pensaba que solamente había una forma de resolverlo y había que encontrarla.

— ¿Cómo lo solucionaron en Sevilla?

Hubo que improvisar y gestionar partiendo de cero en cuestiones como la prohibición de acceso a los edificios, la prioridad de las medidas sanitarias, como gestionar  los positivos de la enfermedad, a quien comunicárselo, las medidas de limpieza, la suspensión de un determinado servicio o la gestión de las videoconferencias.

— ¿Funcionaron esas soluciones?.

En determinados casos han funcionado sin problemas y en otros hemos tenido que buscar alternativas imaginativas cómo usar para videoconferencias la sala Gesell destinada a la declaración de menores .

— ¿Cual ha sido la principal lección de esta crisis sanitaria?

Que es necesario urgentemente que una sola administración se haga cargo de la gestión de la Justicia y también mayor inversión. Como dependemos de tres  administraciones, eso crea un estrés añadido que se nota en los jueces, en los fiscales, en los Letrados de la Administración de Justicia y en los funcionarios. Al final lo sufre el administrado.

El COVID deja muchas dudas en el ambiente desde el punto de vista de la gestión del día a día, ha demostrado que hace falta una forma de gestionar la no presencia de los funcionarios y deja la evidencia de que la situación de colapso, al menos en los juzgados, era anterior a la declaración  del estado de alarma.

Hubo un momento en que los jueces estábamos resolviendo asuntos desde nuestra casa pero los funcionarios carecían de medios para hacerlo, con lo cual hemos perdido unos meses importantísimos para por lo menos mantener el estado de cosas dentro del colapso general de algunas jurisdicciones.

— ¿En qué se han notado esas disfunciones?

Los funcionarios presenciales durante la gestión de la pandemia han sido claramente insuficientes, hubo un momento en que había un solo funcionario por cada orden jurisdiccional, incluso en el propio Decanato no había funcionarios para organizar el reparto de los asuntos urgentes e inaplazables. Las bajas de funcionarios vulnerables o con dependientes a su cargo no se han cubierto. Desde la vuelta a la normalidad  deberían haber vuelto todos pero había juzgados con tres o cuatro funcionarios que no retornaban y la Administración no daba una explicación satisfactoria, al menos por escrito. La mala gestión da lugar a que no se cubran las bajas pero que tampoco se produzca un ahorro porque hay que estar con medidas de refuerzo que al final resultan mal gestionadas.

— ¿La Justicia está preparada para un segundo brote de COVID-19 en otoño?

Debo decir dos cosas: una positiva, que como hemos andado y desandado tanto, podríamos retomar muchos de los acuerdos dictados y  tendríamos eso adelantado. Lo negativo es que esta administración no soportaría otros tres o cuatro meses de parálisis. Hasta ahora, a efectos del mal llamado teletrabajo, no se han dictado resoluciones desde el punto de vista teórico-práctico de la gestión, cuáles son las órdenes que hay que dar y cuál es es el control de las resoluciones que los funcionarios tendrían que adoptar. Todo eso está sin avanzar y debería regularse no solamente para esta crisis sino para otro concepto de la gestión del trabajo que, debido a los avances técnicos, llegará forzosamente.

— ¿Teme ahora por la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas?.

Ni temo ni dejo de temer. Sobre la Ciudad de la Justicia no tengo noticia alguna salvo aquel viaje en autobús. Evidentemente carecemos de espacio, todavía no sabemos si los tres nuevos juzgados entrarán en funcionamiento el 1 de septiembre o el 1 de octubre y el juzgado Social 12 hasta la semana pasada estaba todavía buscando un espacio en el edificio Noga.

— ¿Se ha producido la temida avalancha de asuntos tras el estado de alarma?

Los números no reflejan ese incremento exasperante que se esperaba. Los términos comparativos en todos los órdenes jurisdiccionales muestran incluso una entrada de asuntos ligeramente inferior respecto a la misma fecha del año anterior. Es posible que la inactividad haya provocado que lleguen al juzgado menos cuestiones como las derivadas del tráfico, pero extrañamente han entrado también menos reclamaciones de cantidad, menos concursos de acreedores y menos despidos. Pero pese a estos asuntos ligeramente inferiores se mantiene el déficit estructural, el exceso de entrada y el colapso por la incapacidad de resolver todos los asuntos de entrada.