-¿Qué balance hace de este año que ha transcurrido desde que fue nombrada?

-Cuando se tienen muchos proyectos, el tiempo siempre se queda corto. Se ha puesto en marcha la Unidad coordinadora, reclamada desde hace mucho tiempo tanto desde dentro de la carrera fiscal como desde el sector asociativo. Con ella culmina y se traslada al ámbito civil el diseño iniciado en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 2007, que potenció la especialización del Ministerio Fiscal.

Hemos puesto en marcha los mecanismos de coordinación tanto interna como externa. En este último aspecto se encuentran las reuniones de seguimiento y actualización de los convenios firmados entre la Fiscalía General del Estado y entidades como CERMI, Cruz Roja o Consejo General del Notariado. O la firma de un nuevo Convenio con Plena Inclusión para poner a disposición de los fiscales fórmulas de consecución de la plena accesibilidad de la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Coordinación que, por otro lado, mantenemos cualificada con el CGPJ y el resto de operadores componentes del Foro Justicia y Discapacidad, con los Ministerios de Justicia y Derechos Sociales y en los diversos grupos de trabajo que afrontan los retos inherentes a una sociedad inclusiva e igualitaria con la discapacidad, y que mantenemos abierta a las entidades, asociaciones y fundaciones con las que compartimos sensibilidades.

Abordamos ahora diversos textos doctrinales propios de la institución como Instrucciones y previsiblemente una Circular que requieren de un estudio sosegado.

-El Ministerio Público ha realizado durante la pandemia un especial seguimiento a las residencias de mayores, ¿qué nos puede destacar de esta tarea y con qué situaciones más habituales se han encontrado que hayan afectado a los derechos de nuestros mayores?

-En primer lugar, la implicación de los fiscales en todos los puntos de la geografía ante la dramática afectación de la salud y vida de las personas mayores. La lectura de todos sus informes, inicialmente diarios, de los efectos mortales es testigo de la coordinación inmediatamente puesta en marcha por los fiscales con las administraciones autonómicas sanitarias y de servicios sociales, así como municipales y con los equipos directivos de los centros residenciales y sociosanitarios, para lograr dar respuesta a una situación inédita. En su mayor parte, las actuaciones se centraron en dicha coordinación y en el seguimiento individualizado de aquellas residencias con mayor número de contagios y/o letalidad, instando la adopción de medidas que contrarrestasen su propagación. También se abrieron diligencias preprocesales civiles por la falta de medios materiales (PCR, EPIS), falta de asistencia sanitaria o denegación de traslados hospitalarios. Otro apartado de actuaciones, una vez superada la fase inicial, se ha desarrollado en torno a las reclamaciones de visitas con familiares o la falta de información a las familias. Ya a inicios de este año, algunos supuestos han sido relativos a la negativa a la vacunación de residentes por parte de sus familiares, cuando ellos mismos no podían manifestar su voluntad.

Las medidas adoptadas para la protección de la salud de las personas residentes ha provocado la desaparición o restricción de las actividades comunitarias, terapias, paseos o excursiones que comportan importantes beneficios para el bienestar y salud de las personas, o la supresión de las visitas de familiares o allegados, prohibidas en la fase más aguda de la epidemia (primera ola) y atemperadas más adelante con limitaciones temporales, que ha generado situaciones de estrés, ansiedad, depresión, aislamiento y otras consecuencias graves para la salud, confort y estabilidad emocional de las personas usuarias de las residencias. Asimismo, se han acentuado o surgido problemas de movilidad y agravación de patologías preexistentes. La afectación de derechos ha sido muy amplia y no solo referida a las personas que viven en centros. La pandemia ha afectado negativamente a la salud de las personas más mayores por cuanto que la edad ha sido un factor asociado a la mayor letalidad del virus.

-¿Qué papel puede desarrollar esta Unidad en la mejora del modelo residencial al que ha hecho usted referencia en otras ocasiones?

-Los informes de las fiscalías transmiten la preocupación por el incremento de personas mayores que viven solas sin servicios de ayuda adecuada y suficiente en el domicilio, lo que conduce a su institucionalización. Dicha realidad, unida al cambio demográfico que sitúa la población de más de 65 años como superior al 19% de la población, sugiere reflexiones sobre el modelo residencial existente.

Es deseable un modelo de cuidados y de atención centrado en la persona, que dé respuesta a las necesidades individuales teniendo en cuenta sus preferencias y valores. El respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, de su voluntad, deseos y preferencias y, por tanto, el respeto a su autonomía es el principio sustancial de la Ley 8/21 de reforma civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica. Este texto, de reciente entrada en vigor, no concierne solo a operadores jurídicos. Constituye un mandato dirigido a toda la sociedad, a las administraciones públicas y a las entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan en el sector residencial, para desarrollar un modelo asistencial plural, que respete su individualidad, intimidad y su proyecto de vida.

Los fiscales vamos a estar ahí, reclamando una agenda de servicios que obedezca a dicho mandato, dimanante también de la Convención de derechos de las personas con discapacidad ratificada por España en el ya lejano año 2008, denunciando las situaciones tanto individuales como colectivas que supongan directa o indirectamente vulneración de derechos y ofreciendo a las administraciones autonómica y estatal la activa participación en los grupos de trabajo que se formen tendentes a conseguir dichas mejoras.

¿Cómo se coordina la red de delegados/as provinciales?

Los fiscales asumimos que una garantía del principio de igualdad de toda la ciudadanía ante la ley, constitucionalmente protegido, es la unidad de actuación dentro del ejercicio de nuestras funciones. Tanto estatutariamente a través de los mecanismos previstos reglamentariamente, como mediante las modernas formas de comunicación disponibles, disponemos de espacios de reflexión conjunta, mutuo intercambio de información y fórmulas de difusión de principios de actuación uniformes que finalmente son cristalizados en nuestros textos doctrinales. La Unidad Coordinadora desde Fiscalía General del Estado, con una fluida comunicación con todas las secciones especializadas, contribuye a la diaria vigencia de dichos principios impulsando la formación de los fiscales.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de esta Unidad?

En la actualidad, la gran preocupación es hacer frente a la puesta en marcha de una novedosa legislación que exige la revisión de todos los procedimientos existentes acerca de la capacidad de las personas, la ley 8/21, que, según cifras aproximadas que se barajan, puede ser cercana a 250.000 procedimientos, para adecuarlas a los principios de dicha reforma que potencia la autonomía de las personas con discapacidad. Esta reforma afecta a muchas personas mayores con la capacidad modificada conforme a la legislación anterior.

Disponemos de tres años para diseñar y poner en marcha actuaciones concretas de refuerzo que incentiven la activa colaboración de todos los componentes de juzgados y tribunales y resto de operadores jurídicos en pro de esa ingente tarea que exige escuchar a todas las personas con las condiciones adecuadas de accesibilidad y resolver qué apoyos precisa cada una de ellas. Porque ya no se trata de decidir sustituyendo a las personas y decidiendo en su beneficio, sino de realizar una escucha atenta a su voluntad, deseos y preferencias.

Estar a la altura de la ciudadanía es una gran preocupación. Las personas con discapacidad, sus familias y las personas o instituciones están llamadas a prestar los apoyos a su capacidad jurídica tienen la mirada puesta en nosotros, demandando información y claridad en nuestra respuesta. De nosotros depende que la sociedad evolucione y comprenda el nuevo papel que debe jugar para que sea realidad el respeto a la dignidad de todas las personas.