El servicio público de guardias y turno de oficio, con el que se hace posible el derecho fundamental a un procedimiento con todas las garantías para l@s ciudadan@s es uno de los servicios esenciales subsistente en el estado de alarma. Son los Colegios de Abogados quienes encargan y distribuyen el cumplir ese servicio público a cada uno de l@s abogad@s colegiad@s inscritos en dicho servicio. En un resumen gráfico rápido, contribuimos a que nuestra sociedad no se conviertan en algo así como el salvaje oeste en la medida de lo posible. Sé que al lado de la proeza que están haciendo médicos y sanitarios en estos días de pandemia covid-19 puede parecer poco importante esa labor, pero cierren por un momento los ojos e imaginen que esto no aspirase a ser un Estado de Derecho aún con todas sus imperfecciones.

En el marco del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, l@s abogad@s venimos sosteniendo triplemente este servicio que cumplimos a la sociedad desde hace años:

1. Con nuestros impuestos, como l@s demás ciudada@s, mediante los 638.950 euros que aportala Junta de Andalucía al Colegio de Abogados de Sevilla,

2. Con nuestras cuotas por valor en este 2020 de 467.143 euros (un 12,1% de las contribuciones de cada abogad@ al Colegio) 

3. Con el adelanto de las aportaciones económicas que hacemos l@s letrad@s que prestamos ese servicio público en forma de costes de alta en el colegio, mutuas o seguridad social, despacho, medios informáticos, papel, copias, tinta, teléfono, energía eléctrica, gasolina o tickets, parking, etc. y que se compensa pero que en ocasiones puede ni cubrirse con la compensación administrativamente prevista y que tarda en llegar, si es de los que se pagan, que los hay que no.

Con el covid-19 estamos, además, ante un nuevo y cuarto peaje que se añade a los anteriores: pagar con la exposición al riesgo de nuestra salud y, quizá, nuestra vida, y la de nuestras familias.

A esta avanzada altura de la pandemia del covid-19 se sigue prestando el servicio público por l@s abogad@s en los 15 partidos judiciales de toda la provincia de Sevilla sin garantías de los equipos de protección individual (EPI’s) apropiados. No ha existido una provisión rigurosa que asegurare los mismos por parte del responsable de este servicio público, el Colegio de Abogados, ni de ninguna otra procedencia. Tras diez días prestándose el servicio sin ningún tipo de EPI’s han aparecido unas mascarillas de fina tela con un bote de antiséptico y alguna caja de guantes, bien está, pero que por la calidad y número de las mascarillas tampoco garantiza la protección apropiada.

Más allá de las declaraciones de intenciones que alguna cosa ha habido, o no, las opciones de prestar el servicio público a la justicia por parte de l@s abogados del turno de oficio ha tenido que ser desigual, en todo caso, no asegurada, dependiendo del lugar y de la buena voluntad de algunas las personas -alguien que pudo aportar algunas mascarillas, una caja de guantes y similar-; forzando mayoritariamente a que los busque cada quien como pueda y ahondando en una explotación ya crónica de l@s abogad@s que llega con estas nuevas circunstancias a la distopía más descarnada: la de la relación directa entre recursos económicos y derecho a la salud e, incluso, a la vida.

Es una evidencia que pueden y podrán protegerse más y mejor l@s letrad@s con una situación económica más fuerte, que no estén en el turno de guardia y oficios o que, estando en él puedan, prescindir de realizar los servicios pasándolos a otr@s. Por el contrario, l@s abogad@s que tienen responsabilidades económicas y familiares que no dependan de su trabajo diario, deberán cumplir el servicio, como está ocurriendo, sin suministro de protección adecuado, ante un incierto escenario de paralización de la actividad judicial y económica.

Est@s abogad@s, infantería de a pie, serán l@s que garantizarán a l@s ciudadan@s el derecho fundamental a la justicia, esencial para una sociedad que no desee convertirse en ese salvaje oeste que empeore aún más las condiciones de vida durante esta pandemia. Al precio, eso sí, de que crezca la brecha de la vulnerabilidad entre l@s abogad@s, prestando el servicio sol@s y sin la protección que tod@s merecemos. Muy triste.