La Justicia es un servicio público al que le cuesta asumir los cambios, que tarda en actualizarse y, en muchas ocasiones, llega tardíamente, lo que provoca decisiones que suelen despertar la sorpresa y hasta la indignación en la opinión pública. Ese es uno de los principales males de la Justicia que, con ocasión de la crisis del coronavirus, ha vuelto a poner en la picota a los órganos de gobierno de los jueces por la forma en la que han gestionado la situación.

Las medidas anunciadas el pasado miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando el país ya estaba entrando en ralentí, con el impulso del trabajo, la suspensión de actividades y el cierre de los colegios, institutos e Universidades durante 15 días, no han convencido a nadie sino todo lo contrario, han provocado la protesta de las cuatro asociaciones judiciales (APM, AJFV, JPD y FJI) y dos de fiscales (AF y APIF), que no han dudado en pedir la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, por el “caos” generado.

El máximo órgano de gobierno de los jueces decidió el pasado miércoles dejar en manos de cada juez la decisión de suspender los juicios, eso sí previa autorización por parte del Tribunal Superior de Justicia y la ratificación de la Comisión Permanente del CGPJ. Ese mismo día, los jueces de lo Penal de Sevilla decidieron la suspensión de los juicios durante 15 días, una medida que también reclamaron diversas juntas de jueces, plenillos de Audiencias Provinciales y Colegios Profesionales por toda la comunidad autónoma y el resto del país.

Pero como el modelo requería la autorización previa por parte del TSJA y la confirmación del Consejo, los jueces de Sevilla acordaron de momento celebrar las vistas orales "a puerta cerrada", sin audiencia pública, hasta que se produjera esa autorización previa.

La respuesta del presidente del TSJA, Lorenzo del Río, tampoco ha sido la más certera, ni por supuesto la más rápida. Al día siguiente de que el CGPJ estableciera las medidas y de que los jueces decidieran la suspensión, el jueves, el TSJA anunció que no se pronunciaría hasta el próximo lunes sobre la cuestión, dado que para ese día se había fijado una “reunión extraordinaria” de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz.

Del Río no estuvo fino a la hora de valorar la gravedad de la situación, influido quizás por la propia confusión que había generado el Consejo General del Poder Judicial cuando dictó las medidas para evitar la propagación del Covid-19 en los órganos judiciales.

Dado que la situación se hacía cada vez más insostenible y cuando todo apuntaba a que el Gobierno iba a declarar el estado de alarma en todo el país, el TSJA decidió el viernes autorizar cautelarmente la suspensión de los juicios durante 15 días –entre el 16 y el 31 de marzo–, dada la “urgencia de las imprescindibles medidas” y todo ello por “existir riesgo para la salud de las personas y de propagación de la enfermedad”.

Del Río informó entonces de que la reunión de la Comisión Permanente de mañana lunes se mantiene, aunque ahora el objeto de la misma no es ya pronunciarse sobre la suspensión de los juicios, sino “valorar todas las posibles incidencias y constituir la Comisión de Seguimiento a que se refiere la Instrucción del CGPJ de 11 de marzo de 2020”.

Los jueces deciden mañana si suspenden declaraciones de investigados

En las instrucciones dadas por el TSJA se instaba a los jueces a fijar un “calendario de turnos rotatorios que garantice la disponibilidad física en la sede judicial en el caso de que sea necesaria su asistencia y que deberá enviarse a la Sala de Gobierno para su examen y aprobación, a través de los jueces decanos y los presidentes de las Salas del Tribunal Superior de Justicia y de las Audiencias Provinciales”.

En los próximos días todavía quedan pendientes de celebrar juntas de jueces para decidir sobre si deciden la suspensión de otras actuaciones judiciales. Este es el caso de la junta de jueces de Instrucción de Sevilla, que ha fijado también para mañana lunes, convocados por el juez decano, Francisco Guerrero, una reunión en la que se planteará precisamente la suspensión de las declaraciones de testigos e imputados durante los próximos 15 días, después de que el decano haya decidido suspender todos los juicios por delitos leves inmediatos.

De esta forma, sólo se mantendrán, como es lógico, las actuaciones judiciales de carácter urgente, como los servicios de guardia, en las próximas semanas, una situación acorde con el estado de alarma decretado en todo el país. No era lógico que los juzgados, que reciben miles de visitas de usuarios cada día, permanezcan abiertos en la situación actual.