El obituario de la macrocausa de los ERE sigue creciendo mientras la macrocausa sigue abierta en más de un centenar de piezas separadas. Desde que la juez Mercedes Alaya inició en el año 2011 la instrucción de este macroproceso, en el que hay más de 500 personas investigadas, han fallecido ya un total de 15 personas que no han llegado a la celebración del juicio. Estas muertes se deben en su práctica totalidad a causas naturales, salvo el caso de un prejubilado que fue asesinado en enero de 2016 en Sevilla y cuya citación para declarar llegó con posterioridad al crimen. El resto de los fallecidos se deben a causas naturales, dado que muchas de estas personas tenían ya cierta edad cuando se acogieron a los procesos de prejubilaciones que, más de 15 años después en algunos casos, están siendo investigados por la Justicia.

El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga el caso, ha recibido recientemente la notificación del último fallecido, Antonio Márquez, que fue incluido presuntamente de manera indebida en el ERE de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa).

El empresario José María Ruiz Mateos falleció sin llegar a declarar ante Alaya

Pero el caso sin duda más conocido desde que arrancó la causa es el del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, quien fue citado a declarar como investigado en el año 2014 por la juez Mercedes Alaya, por supuesto tráfico de influencias en los cinco ERE de las empresas de su grupo en Andalucía. La juez también imputó a algunos de sus hijos, pero José María Ruiz Mateos nunca llegó a declarar en el juzgado por el caso de los ERE. Ruiz Mateos no acudió a declarar, alegando que había sufrido un deterioro en su estado de salud y, al final, su muerte se produjo en el mes de septiembre de 2015.

Resulta curioso cómo además muchos de los fallecidos se concentran en la Sierra Norte de Sevilla, una de las zonas que según la investigación judicial fue una de las más beneficiadas por las ayudas de los ERE, por la vinculación con esta zona del ex director general de Trabajo y Seguridad Social y principal imputado, Javier Guerrero.

En enero de 2016 falleció el empresario de la Sierra Norte José Enrique Rosendo, a quien la Guardia Civil y la juez habían considerado como uno de los integrantes del "tándem" que –con José María Sayago– recibió de la Consejería de Empleo subvenciones por importe de más de 34 millones de euros.

Su padre, Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), la localidad de la que también fue regidor Javier Guerrero, falleció dos años después, en noviembre de 2018. En este caso, Rafael Rosendo llegó a comparecer en el juzgado en los primeros meses de la investigación, en concreto, en septiembre de 2011, pero se acogió a su derecho a no declarar. Rosendo negó, no obstante, que figurase como "intruso" en el ERE de la empresa Cydeplast y defendió que los 109.750 euros que percibió de una póliza avalada por la Junta se enmarcaban dentro de una ayuda "extraordinaria y legal" para personas desempleadas.

Otras personas relacionadas con las ayudas a empresas de la Sierra Norte que han fallecido antes de ser enjuiciados son Manuel Romero Álvarez, Manuel Fuentevilla Valverde y José Montesinos Cabrera.

En los primeros años de la investigación de esta macrocausa, en diciembre de 2015, también se produjo la muerte de Francisco Mencía Morales, que fue director del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), organismo que se encargaba del pago de las ayudas a través de las transferencias de financiación que recibía de la Consejería de Empleo y que la sentencia del primer juicio de los ERE ha considerado “ilegales”.

En el camino de esta larga instrucción también ha fallecido José Antonio García Prieto, un ex concejal del PSOE de Camas (Sevilla) que había percibido pólizas de prejubilaciones de tres empresas en las que no había trabajado.

En la lista de difuntos que estuvieron investigados también está Antonio Arquero García, un amigo de Javier Guerrero que cuando fue a declarar en el juzgado aseguró que con los 314.000 euros que percibió de una "renta de supervivencia" que le había sido concedida se quitó la hipoteca que pesaba sobre su piso y arregló su casa en la localidad de El Pedroso.

También ha fallecido Mariano Martínez Fernández, un conocido del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, que había sido trabajador de la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y fue incluido en el ERE de Fuente Obejuna, por el que percibió 120.000 euros.

Otro de los investigados que han desaparecido en estos nueve años que han transcurrido desde que comenzó la instrucción es Luis Gálvez Frijol, una persona que apareció como intruso en el ERE de la empresa siderometalúrgica Springer Arteferro. El caso de esta persona resulta paradójico porque fue citado a declarar hasta en tres ocasiones –tanto por la juez Mercedes Alaya como por María Núñez Bolaños– y fue a la tercera citación cuando se descubrió que había fallecido en abril 2009, es decir, dos años antes de que arrancara la instrucción de la macrocausa.

La lista de difuntos seguirá creciendo por el retraso de la Audiencia en celebrar los juicios

No ha sido el único caso en el que ha sido citado a declarar como imputado un fallecido en una macrocausa. Le ocurrió también a la juez Mercedes Alaya cuando citó a declarar a Eduardo Báñez, el padre de la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, en la investigación de las presuntas irregularidades en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.

Evidentemente la lista de fallecidos aumentará mientras continúen sin enjuiciarse la mayoría de las piezas separadas de los ERE –hasta ahora sólo se ha juzgado el "procedimiento específico" y el siguiente juicio está fijado para septiembre–, sobre todo, si se tiene en cuenta la sobrecarga de la Audiencia de Sevilla para enjuiciar las macrocausas.