La Fiscalía ha pedido una condena de 20 meses de multa (7.200 euros) para un abogado de Sevilla por un presunto delito de deslealtad profesional: le acusa de haber prometido a un ex empleado de Correos que conseguiría para él un puesto de trabajo en la sociedad estatal pese a su declaración de Incapacidad Permanente Total.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso este periódico, la Fiscalía imputa a Antonio C.M. porque el 23 de marzo de 2015 aceptó, previa provisión de fondos de 750 euros, la labor de conseguir un puesto de trabajo en la Sociedad Estatal de Correos para el perjudicado Juan Carlos G.C. compatible con su declaración de Incapacidad Permanente Total producida el día 11 de ese mismo mes. La incapacidad fue comunicada por la citada sociedad al perjudicado y “supuso la extinción de su relación laboral”, según la Fiscalía.

Añade la acusación que el letrado, sin ser un requisito procesal, presentó una reclamación previa con fecha 20 de abril de 2018 ante la sociedad estatal y posteriormente una demanda ante la jurisdicción social el 23 de abril de 2018, que fue desestimada por sentencia firme en noviembre de 2018.

En dicha sentencia, el juzgado Social 3 estableció que “no cabía la acción declarativa que se pretendía al no haber relación laboral viva, tal y como dispone claramente el Convenio Colectivo”. Decía también que si el trabajador consideraba que su relación laboral estaba suspendida y no extinguida, debió haber accionado por despido hasta el plazo del 20 de abril de 2015 o haber recurrido la resolución de Incapacidad Permanente Total del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Esta sentencia se dictó “pese a que el acusado al día siguiente de celebración de la vista se desistió y solicitó el archivo de la causa, a sabiendas de la inviabilidad procesal de la pretensión”, según el fiscal.

Desde que aceptó el encargo en marzo de 2015 hasta la interposición de la demanda en abril de 2018, el abogado “creó en el perjudicado una falsa expectativa de consecución del puesto de trabajo en base a las manifestaciones que realizaba sobre sus contactos dentro de la citada sociedad y demás actores necesarios para la creación del puesto de trabajo”, afirma la acusación pública.

La Fiscalía califica los hechos como constitutivos de un delito de deslealtad profesional del artículo 467.2 del Código Penal, que sanciona al abogado o procurador que, por acción u omisión, “perjudique de forma manifiesta los intereses que le sean encomendados”.

La pena prevista es de doce a veinticuatro meses de multa y en este caso la Fiscalía solicita para Antonio C.M. 20 meses con cuota diaria de 12 euros (7.200 euros) y que indemnice al perjudicado en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia.