La lucha contra el cambio climático

Tras la huella de carbono

  • El despacho Sanguino Abogados lanza un proyecto pionero para que las empresas registren su huella de carbono y contribuyan a luchar contra el cambio climático en sus propios municipios

Tras la huella de carbono

Un proyecto pionero en la lucha contra los efectos del cambio climático. El bufete Sanguino ha lanzado una iniciativa dirigida tanto a las empresas privadas como al sector público para medir la huella de carbono de las empresas –la cantidad de gases de efecto invernadero que generan con su actividad– y contribuyan a reducir dichas emisiones mediante proyectos de regeneración en sus propios municipios.

La abogada Vanessa Villegas, socio del bufete Sanguino y secretaria de la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac), asegura que el proyecto que lidera el bufete va más allá de la medición y verificación de la huella de carbono en las empresas, algo que ya se viene “haciendo desde hace bastantes años y además hay muchísimas consultoras que llevan a cabo estas mediciones”.

Lo realmente novedoso, añade la letrada, consiste en que tras esa medición de la huella de carbono, que debe ir acompañada de planes de reducción o de compensación por esas emisiones –como por ejemplo puede ser la reforestación, con un mínimo de una hectárea–, la iniciativa trata de que esas compensaciones se realicen en los propios municipios donde estas empresas ejercen la actividad.

La ley andaluza del cambio climático, aprobada en 2018, estipula que en 2020 en todos los pliegos administrativos de las empresas que quieran licitar con la Administración pública andaluza y sus entidades instrumentales tendrá que aportar sus mediciones de la huella de carbono y su plan de reducción o compensación. Tendrán de esta forma que inscribirse en un registro público sobre la huella de carbono.

El proyecto trata de acercar esta política ambiental a las pequeñas y medianas empresas (pymes), porque “las grandes empresas, las que están dentro del sector regulado, lo hacen por imperativo legal, y otras grandes empresas tienen asumida una política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con suficiente bagaje como para hacerlo de una manera voluntaria”, explica la letrada.

Vanessa Villegas destaca que hay un “inmenso volumen de pequeñas y medianas empresas a las que le cuesta mucho asimilar” esta política ambiental, puesto que muchas aún están con los certificados ISO de gestión de calidad y no han abordado la cuestión sobre la huella de carbono, la cantidad de gases de efecto invernadero que genera con su actividad, y la posibilidad de reducirla o compensarla.

El bufete conversa con los ayuntamientos de Sevilla y Málaga para impulsar este proyecto

“Lo que queremos es traernos esos proyectos de compensación al municipio, es decir, que una empresa diga que va a medirse y a presentar su plan de reducción o de compensación, y que si quiere compensar lo pueda hacer en Sevilla si es una empresa de Sevilla”, o en el municipio donde esté afincada su actividad. “Ese es el paso más que nosotros estamos dando con este proyecto”, comenta Vanessa Villegas.

El bufete está avanzando en la creación de una “plataforma” que cuenta con una parte privada, de las empresas a las que se va midiendo la huella, y otra pública, compuesta por aquellos ayuntamientos con los que están conversando para tratar de cerrar proyectos y en los que “se hará una especie de inventarios públicos disponibles con los que cuentan esos Ayuntamientos” para poder realizar esa compensación por la emisión de su huella de carbono, en el supuesto de que no puedan proceder a la reducción de las mismas.

De esa forma, se garantizaría que “las compensaciones se hagan en Sevilla y que el beneficio medioambiental se quede en Sevilla”.

Actualmente, el despacho de Ernesto Sanguino está en conversaciones con los Ayuntamientos de Sevilla, Málaga y Tomares, mientras que ya trabaja con diversas empresas privadas en la medición y reducción o compensación.

La cuestión técnica de la medición la realiza para el bufete la consultora Cesyt y con esta labor se consigue, entre otros aspectos, una mejora de la posición de la marca y de las relaciones con las Administraciones, así como la captación de nuevos clientes y la reducción de costes, lo que implica un ahorro económico.

Empresas de la construcción o la automoción se han sumado a la iniciativa

El despacho ha incorporado ya en esta iniciativa a cuatro empresas del sector de la construcción, tres de automoción, otras cuatro del sector de los transportes, y dos bodegas. Pero como la cuestión afectará a partir del 2020 a todas las empresas que vayan a licitar con las administraciones públicas, también se incorporarán muchas empresas de la hostelería, puesto que “los caterings licitan mucho”.

El proyecto se presentará además a las empresas del sector hotelero y a las grandes cadenas de hoteles, donde la exigencia de la huella va a ser muy importante.

La iniciativa surge con los compromisos que se ha marcado la Unión Europea para la retirada de las emisiones de CO2 en 2020 y 2030 y la apertura al denominado “sector difuso, es decir, al resto de empresas que no están dentro de los derechos del comercio de emisión del sector regulado”, indica la letrada Vanessa Villegas.

“Como se ha abierto al sector difuso, porque con las empresas grandes no se llega al objetivo que se ha marcado, hay que hablarle al sector difuso en su idioma: no se puede hablar de una hectárea ni de reforestar en Sudamérica”, sino de aproximar esos proyectos a los municipios donde están implantadas estas actividades, concluye Vanessa Villegas.

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