El caso de los ERE
La nueva sentencia de los ERE se convierte en una misión imposible
Sentencia de los ERE
Durante mucho tiempo se ha calificado el escándalo de los ERE como el mayor proceso de corrupción de la democracia en España, pero la realidad es que, a pesar de la condena de los ex altos cargos por la creación del sistema para la concesión de las ayudas, el caso arrastra una serie de incongruencias que en estos once años no se han resuelto y que se repiten como un mantra.
En primer lugar está la cifra del fraude. La sentencia de la Audiencia de Sevilla, ahora confirmada por el Tribunal Supremo, cuantificó el dinero malversado en 679.432.179,09 euros, cantidad que se corresponde con el total de las ayudas concedidas en el periodo investigado, entre los años 2000 y 2009. Esos 680 millones que según la Justicia se concedieron de manera ilegal y que por tanto han supuesto un menoscabo de fondos públicos, fueron cobrados -y en muchos casos se siguen percibiendo en la actualidad- por los más de 6.000 trabajadores que en su día se beneficiaron de estas ayudas sociolaborales.
Estas ayudas se siguen pagando en virtud del decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y agentes en materia de protección sociolaboral a ex trabajadores y ex trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, que fue aprobado durante el último gobierno socialista de José Antonio Griñán.
De hecho, el Gobierno andaluz de Juanma Moreno financió entre los años 2019 y 2020 primas de pólizas de los ERE -las mismas que se investigan por la autoridad judicial- por un importe de más de 33 millones y de las que se están beneficiando 804 trabajadores.
Durante estos años, ni la Fiscalía ni la Justicia han dirigido las actuaciones contra estos trabajadores que se beneficiaron de las ayudas y que no han sido traídos a la macrocausa de los ERE para reclamarles el reintegro de las cantidades cobradas mediante un procedimiento considerado ilegal.
Además, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía en el caso de los ERE mantiene un criterio de solicitar el archivo de aquellas piezas de la macrocausa en las que no se han detectado la presencia de los denominados “intrusos”, personas que fueron incluidas en las pólizas de prejubilaciones a pesar de que nunca habían trabajado para estas empresas. La última ocasión en la que la administración andaluza ha plasmado este criterio ha sido en la pieza en la que se han investigado las ayudas que por importe de 35 millones fueron concedidas a la empresa tabaquera Altadis.
La defensa de José Antonio Griñán había alegado que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares repetían en sus escritos de acusación "errores garrafales" y así señalaba que la cuantía del supuesto fraude, que el Ministerio Público cifra en 741,6 millones, es incorrecta, reduciéndola a efectos dialécticos a 80,8 millones.
El abogado José María Mohedado, primer letrado que defendió al ex presidente, señaló entonces que "nunca" se podría determinar la cuantía de las defraudaciones porque los hechos respecto a las malversaciones derivadas de las ayudas sólo se van a enjuiciar en las más de 180 piezas separadas relacionadas con las sobrecomisiones, las adjudicaciones supuestamente delictivas, los intrusos, etc., por lo que hasta que no se dicte sentencia en cada una de las piezas "no se puede prejuzgar en este procedimiento ni si hubo o no fraude y el importe del mismo, porque todo ello corresponde a la investigación y enjuiciamiento caso por caso" en las piezas separadas.
No obstante, el letrado realizó una aproximación “muy provisional” en la que hablaba de 36,6 millones de ayudas sociolaborales (6,6 de intrusos y 30 de sobrecomisiones) y 44,2 millones de ayudas directas. En total: 80,8 millones.
En el juicio de los ERE, el ex consejero de Empleo de la Junta y uno de los principales condenados, Antonio Fernández, aseguró que de los 6.300 trabajadores beneficiados por las ayudas, los supuestos intrusos se reducen a un grupo de 15-20 personas, lo que supone un 0,2% del total de las ayudas concedidas, y recordó además que de los 741 millones que suponen esas ayudas, entre 140 y 150 millones fueron abonados a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de cotizaciones y convenios especiales. Sobre los intrusos, agregó que "no hay ERE irregulares, todos los ERE eran legales, otra cosa son las pólizas de rentas".
El ex consejero sostuvo que el decreto 4/2012, que regularizó las ayudas investigadas, "refrendó, asumió y siguió pagando" las ayudas a esos 6.300 trabajadores, por lo que en su opinión esa regulación era una "actualización de lo que se había hecho entre 2000 y 2010".
Antonio Fernández comentó que "nunca hubo ningún debate sobre el título competencial" sobre el que se concedían las subvenciones. "Quizás no supimos identificar el título competencial hasta el año 2012", con el dictado del decreto 4/2012 una vez que estalló el escándalo judicial de los ERE, y así añadió que en el año 2012 "se da con la tecla en cuanto al título competencia, pero eso no invalida el conjunto normativo y las actuaciones hechas entre 2000 y 2012, lo que hace es actualizar su propio cómputo normativo", dado que todos los gestores tenían "tranquilidad jurídica" en lo que hacían.
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, cuantificó esta misma semana en 21 millones de euros la cantidad que la Administración andaluza ha "recuperado" de los ERE mediante las distintas actuaciones judiciales y ante el Tribunal de Cuentas, mientras que hay otros 1,9 millones "reconocidos" pero pendientes de pago.
Sanz dijo que una vez que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia de los ERE, el Gobierno andaluz evaluará la cuestión para fijar la "posición de la Junta", que en el caso del "procedimiento" específico por el que han sido condenados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán se reservó las posibles acciones civiles en caso de condena.
Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción cifró el fraude de los ERE en más de 741 millones (741.596.545 euros), de los cuales consideraba que el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán debía devolver solidariamente junto a otros acusados más de 483 millones de euros, en concreto, 483.937.659 euros, por las ayudas concedidas entre los años 2005 y 2010.
Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente la devolución de esos 741 millones, al finalizar el juicio redujo el presunto fraude a 680 millones, al dejar fuera las cuantías correspondientes al ejercicio de 2010, y retiró la reclamación de la indemnización en su escrito de conclusiones definitivo presentado el 29 de octubre de 2018. "No ha lugar a petición de responsabilidad civil al haberse reservado expresamente la representación procesal de la Junta de Andalucía el ejercicio de la acción civil", concluía el escrito firmado por los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.
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