La situación de la Justicia en Sevilla no sólo hace aguas por el retraso en el enjuciamiento de las macrocausas. Hay otros muchos frentes abiertos, que ya venían soportando tradicionalmente grandes demoras, pero que ahora con motivo de la pandemia se han agravado más si cabe. Una de las jurisdicciones precisamente más castigadas es la laboral, con unos juzgados de lo Social que se han visto obligados a postergar la celebración de juicios a tres o cuatro años vista.

Los abogados y los sufridos justiciables ven cómo sus casos se anuncian para años como el 2024 o 2025, sin que los anuncios del consejero de Justicia, Juan Marín, respecto a la creación de un nuevo juzgado de lo Social en Sevilla –el número 13– o la reactivación tras el verano del plan de choque en la Justicia, hayan dado sus frutos por ahora. En el acto de apertura del año judicial en Andalucía, celebrado el pasado viernes en Granada, Marín destacó el plan de reactivación de la Justicia como el más ambicioso que se ha llevado a cabo en la Administración de Justicia en Andalucía, con una inversión de 15 millones de euros gracias al cual, según el consejero, se están “sacando miles de expedientes que se quedan encima de la mesa pendientes de que haya un juez que designe fecha para celebrar la vista”.

Pero por muy ambicioso que sea el plan, dinero es evidente que se están gastando, lo cierto es que la realidad sigue siendo la que se viene repitiendo desde hace años en esta maltrecha jurisdicción social que, no debe olvidarse, afecta a las reclamaciones laborales de los ciudadanos.

El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido en su memoria de 2020 que los resultados del plan de refuerzo en Sevilla –que cuenta con dos jueces de Adscripción Territorial, dos letrados de la Administración de Justicia y 13 funcionarios– “no han sido satisfactorios, por lo que será necesario asegurar una correcta y mayor eficiencia”.

Los señalamientos a 4 años se han convertido en “habituales”, critican los abogados

No hay que esforzarse mucho para encontrar el tremendo desfase en la agenda de señalamientos de estos juzgados. El último caso es de esta misma semana. El juzgado de lo Social número 9 de Sevilla ha fijado para el “19 de marzo de 2025” –tal y como puede comprobarse en la citación que se adjunta– la celebración del acto de conciliación y/o juicio de una reclamación de cantidad que entró en este juzgado a mediados de julio de este año. Cuando se celebre finalmente la vista por este caso habrán pasado casi cuatro años. Demasiado tiempo incluso para lo que acostumbra la Justicia.

Los ciudadanos son los principales perjudicados de esta situación, que resulta muy difícil de explicar por parte de los abogados que defienden a los trabajadores. El abogado Mario López Gaitica, que ha recibido esta última citación para un juicio dentro de cuatro años, explica a este periódico que la situación es claramente una injusticia: “Lo que soportamos en el ordenamiento laboral no es una justicia tardía, es simplemente injusticia”.

El señalamiento de juicios a varios años vista, prosigue el letrado, se ha convertido “en lo habitual, es la normalidad de lo extraordinario”. Mario López añade que “mientras que no se habla más que del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ciudadano observa cómo si su empresa deja de pagarle su salario tiene que esperar unos cuatro años para cobrar”.

Los juzgados de lo Social tenían más de 25.000 asuntos pendientes a finales del año 2020

El letrado advierte de otro problema añadido porque cuando finalmente el trabajador cobre ese sueldo “lo hará con rebaja porque lo normal es que la empresa ya no exista y lo abone el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), con lo que pagamos todos la deuda de un empresa y el trabajador cobra menos de su deuda por las limitaciones en el pago del Fogasa”, recuerda el letrado.

El juzgado de lo Social número 13 de Sevilla entrará en funcionamiento antes de que acabe el año, pero la avalancha de asuntos que reciben estos juzgados hace que resulte insuficiente.

Los juzgados de lo Social de Sevilla son los más colapsados de toda la comunidad. A finales de 2020 tenían un total de 25.867 asuntos pendientes de resolver, lo que supone el 29,30% del total pendiente en toda Andalucía, que era a esa fecha de 86.340. Detrás de Sevilla, se sitúa la provincia de Málaga, con 15.768 asuntos pendientes de resolver, y ya a mucha distancia Almería, con 9.054 casos sin resolver a finales del año pasado.

Un futuro incierto para 2021 por los ERTE

La memoria del TSJA aventuraba un “futuro incierto” para estos juzgados a lo largo del presente año, con una previsión de incremento de la litigiosidad en índices “muy elevados” por los efectos de la pandemia del coronavirus, que provocarán un aumento de los asuntos como los litigios derivados de la renta mínima vital, las prórrogas de los ERTE o los “despidos colectivos de empresas que no han podido superar la situación creada por las alarmas sanitarias”.

El análisis del Alto Tribunal andaluz concluía que los ERTE “sirven de freno para el posible aluvión judicial que vendrá de despidos, impagos de nóminas o modificaciones contractuales, lo que incidirá, aún más, en la Justicia a largo plazo que padecen bastantes partidos judiciales en el orden social, agravando aún más la débil situación del trabajador afectado”. El panorama que describe no es nada halagüeño para estos juzgados, pero sobre todo para los ciudadanos y la economía andaluza.