Siempre he pensado que la corrupción es un fenómeno que se produce eminentemente en el ámbito individual, no colectivo, aunque a veces puedan aparecer diversos implicados. Por eso me resulta muy difícil creer que 14 funcionarios públicos puedan ponerse de acuerdo para favorecer a una empresa en la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Entre todos estos funcionarios, ¿no había ninguno honesto?, ¿cómo se gestó ese supuesto pacto?, ¿había un club de la mina en al que pertenecían?, ¿todos los empleados públicos estaban en el ajo? Y si hipotéticamente hubiese sido así, algo que es trascendental, ¿qué beneficio obtuvieron?

La exhaustiva investigación realizada durante más de seis años no ha encontrado ninguna motivación que pudiera haber llevado a estos funcionarios a favorecer a la empresa Minorbis, pero a pesar de ello la juez de Instrucción 3, obligada por la Audiencia de Sevilla, acaba de procesar a estos 14 funcionarios de la Junta por cuatro delitos. No hubo ni pacto ni club en Aznalcóllar, según se desprende de la instrucción judicial.

La decisión de la instructora se produjo después de que la juez Mercedes Alaya reabriera la causa en dos ocasiones, a pesar de que la Fiscalía ha pedido el archivo de la investigación en media docena de ocasiones.

El procesamiento ha provocado una rotunda reacción de los funcionarios públicos de la Junta de Andalucía, sobre todo en el cuerpo de letrados e interventores. Así, la asociación de letrados de la Junta de Andalucía ha publicado recientemente un comunicado en el que lamenta el “dramático desconocimiento de la Administración por parte de la Justicia Penal” y en el que cuestionan la tesis que ha avalado la Audiencia respecto a que 14 “servidores públicos” sin ninguna clase de beneficio para ellos se “concertaran maliciosamente para adjudicar unos derechos mineros de los que tampoco obtienen beneficio alguno a una empresa con la que no guardan ningún tipo de relación”.

Los letrados recuerdan que seis años después de iniciarse el caso la concesión de la reapertura de la mina a Minorbis está siendo enjuiciada en la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que ha suspendido la tramitación del procedimiento por “prejudicialidad penal, mientras que en esta vía el procedimiento se eterniza produciendo un grave perjuicio para la carrera profesional, honorabilidad y dignidad de un grupo de servidores públicos cuya fatalidad fue participar, en cumplimiento de sus deberes profesionales y con gran dedicación, esfuerzo y compromiso, en la tramitación de un expediente especialmente complejo”.

La asociación de letrados recuerda que la reapertura de la causa en dos ocasiones –por parte de la juez Mercedes Alaya– ha obligado a la instructora a procesar a 16 investigados y a ampliar los delitos, “dando pábulo al relato torticero y carente de fundamento del denunciante”, en alusión a la empresa perdedora, Emerita.

Los funcionarios alertan de la “paralización” de la Junta ante procesos como el de la mina

Los letrados consideran que llevar este tipo de actuaciones a la vía penal se traduce en una “paralización de la Administración”, convirtiendo la emisión de informes en asuntos complejos en “una actividad de riesgo para el funcionario”, por lo que hacen un llamamiento a la “lógica, la cordura y a la prudencia al investigar estos asuntos” para que “no vuelva a producirse una instrumentalización del proceso penal como ésta y se eviten situaciones tan dramáticas, injustas y gratuitas como las que están viviendo” los funcionarios procesados y sus familias, “susceptibles de ser mantenidas desde el desconocimiento de las reglas del actuar administrativo”.

Por su parte, la Asociación de Empleados Públicos de la Intervención de la Junta de Andalucía ha secundado el comunicado de la asociación de Letrados de la Junta de Andalucía, que comparte en todos sus términos y del que ha destacado su convencimiento de que la situación procesal a la que se ha llegado en el caso Aznalcóllar “no puede tener otra causa que el desconocimiento por la justicia penal de la realidad en la que se desenvuelven la Administración pública y sus empleados, sus normas, sus principios y valores y reglas de conducta”.

“¿En qué cabeza cabe pensar que 14 profesionales de la Administración se hayan puesto de acuerdo para, maliciosamente, proponer la adjudicación del concurso de la mina con el solo objetivo de favorecer arbitrariamente a una de las empresas licitadoras, sin tener relación alguna con ella, sin obtener ninguna ventaja y apartándose de los criterios fijados en el Pliego?”, señala la asociación de los interventores.

En este sentido, los interventores alertan “a la sociedad de las nefastas consecuencias que conlleva un uso espurio del Derecho penal como el que se está materializando en este caso”. “Comprendemos que una sociedad sana no puede mostrarse insensible ante los casos de corrupción que se produzcan en el ámbito público. Pero, la respuesta de la sociedad y de las instituciones ante la corrupción no puede consistir en una reacción histérica, que se lleve por delante principios básicos de la civilización, como la presunción de inocencia o el principio de tipicidad penal”, aseveran.

Los interventores lamentan igualmente que se arroje por el “lodo de la ignominia, sin justificación alguna, la dignidad, el honor y hasta la salud de personas, como nuestros compañeros procesados, cuyo único pecado ha sido estar situados en el ojo del huracán de una lucha empresarial, en el momento en el que estaban cumpliendo, con la diligencia debida, con sus obligaciones como miembros o asesores de la mesa del concurso”.

A pesar del “daño ya producido”, los interventores esperan e “imploran” que el Derecho y la Justicia se impongan y sus compañeros “obtengan en el más breve plazo posible el resarcimiento que merecen”.

Más de 400 funcionarios firman un manifiesto de apoyo a los “servidores públicos” procesados

De otro lado, más de 400 funcionarios públicos han firmado un manifiesto de apoyo a los funcionarios procesados en el caso Aznalcóllar, en el que destacan la “profesionalidad y la objetividad de los funcionarios de la Junta de Andalucía que ahora han resultado procesados” y que “realizaron un trabajo extremadamente complicado para que la mina pudiera entrar en funcionamiento lo antes posible de acuerdo con la Ley, y así servir al conjunto de la ciudadanía, tal y como ha quedado acreditado durante la instrucción”.

Los firmantes del manifiesto muestran su “absoluta impotencia ante el sufrimiento de estos funcionarios profesionales de la Junta de Andalucía, que se ha visto aumentado cuando hasta en dos ocasiones la Audiencia Provincial ha decidido reabrir la causa, sin indicio criminal alguno, y ampliar el número de procesados y de delitos”. Por último, desean que ninguno de los procesados “vea menoscabado su buen nombre y su honor, pues aun siendo procesados, ello no quiere decir que resulten condenados”, concluye el manifiesto.

Hasta este sábado, 31 de julio, habían suscrito este manifiesto un total de 429 personas, en su mayoría funcionarios públicos, aunque también lo han apoyado otros profesionales. En concreto, el documento ha sido firmado por 56 letrados de la Junta; 25 interventores; ocho inspectores de ordenación del territorio y urbanismo; otros 110 funcionarios de la Junta; ocho catedráticos; otros 21 docentes; 54 ingenieros de minas; 12 abogados; cinco médicos: dos arquitectos; y otros 128 profesionales de otros ámbitos.