El taxi de Sevilla, y de Andalucía en general, lleva dos semanas echándose a las calles de la capital andaluza para que la Junta relegue a los VTC (que operan a través de las plataformas Cabify, Uber y Bolt) fuera de las ciudades a partir del 1 de octubre. La pregunta es por qué estos mismos taxistas que batallan por tumbar a sus competidores demuestran poco interés en mejorar su competitividad respecto a los VTC y dar un servicio mejor con la puesta en marcha del precio cerrado al cliente. Esta opción es posible tras una reforma legal autonómica de 2021.

En Sevilla y Andalucía seguimos a años luz de otras zonas, lamenta Miguel Ruano (FAAT)

La situación del taxi en Sevilla y Andalucía contrasta con lo que sucede en Cataluña. En Barcelona, sin ir más lejos, la autoridad metropolitana (AMB) pone en marcha este mismo otoño la primera app pública (Picmi) de forma obligatoria para todos los taxis (más de 10.000) que operan en la zona, incluidos los que están fuera de las emisoras privadas. Dará servicio a más de 175.000 ciudadanos y estará integrada en la app de la AMB. Permite pedir un taxi, cerrar el precio que el cliente va a pagar, aunque no permite pagos. Los taxistas de Barcelona han batallado mucho por mejorar el servicio que prestan y llevaban seis años pidiendo esta app pública, explica Tito Álvarez, líder de Elite Taxi Barcelona, que acudió a Sevilla este jueves a apoyar la protesta del gremio.

En Andalucía la opción del precio cerrado de la carrera al cliente, una de las cuestiones más valoradas por los ciudadanos que usan Cabify, Uber y Bolt, fue aprobada por la Junta de Andalucía en febrero de 2021, en plena pandemia. El cambio normativo es el decreto de modernización del taxi que modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo de 2012, que entró en vigor el 12 de febrero de 2021.

Tito Álvarez, dirigente de Elite Taxi Barcelona, este jueves en Sevilla. Al fondo, la protesta de los taxistas frente a la consejería de Fomento.

¿Por qué no se aplica ni en Sevilla ni prácticamente en ninguna localidad andaluza?

En el año y medio transcurrido desde el cambio legal andaluz, el precio cerrado de la carrera en el taxi aún no funciona por la demora de los ayuntamientos, entre ellos el de Sevilla, para adaptar sus ordenanzas a este decreto de modernización del taxi y poner en marcha una aplicación móvil (app) pública para dar este servicio a los clientes en cada municipio. Los taxistas tampoco están batallando para que eso se cumpla, sino para relegar a las VTC fuera de las ciudades.

Desde el sector del taxi, Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), lamenta que en Sevilla y Andalucía "por desgracia, seguimos a años luz de otras administraciones locales". Para Ruano, un líder que destaca por su moderación y reflexión dentro del gremio, la razón de esta demora radica en la "desidia municipal" aunque los Ayuntamientos alegan que es por exceso de "carga de trabajo y falta de personal".   

La Administración del Estado se ha negado a aprobar una regulación nacional para los VTC y ha dejado la patata caliente a las comunidades autónomas, que tienen de plazo para hacerlo antes del 1 de octubre de este año. El Decreto Ábalos dio en 2018 una moratoria de cuatro años a los VTC para seguir operando en las ciudades que se extingue el mes que viene. Si las comunidades no regulan este servicio, los VTC tienen que salir de las áreas urbanas y operar únicamente en las áreas interurbanas. 

La Junta de Andalucía ha decidido regular la actividad de los VTC y que estos convivan con el taxi en las ciudades, aunque no ha desvelado en qué condiciones lo hará. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha recalcado este jueves que para la Junta el taxi y los VTC son "dos actividades muy importantes y fundamentales para Andalucía, pensando en los usuarios, en el consumidor".