La sociedad andaluza está interesada, o debería estarlo, por cuáles van a ser los hechos distintivos de la nueva y sin precedentes dirección de la Junta de Andalucía. Es decir, en la diferencia de políticas, tanto en la conducción de la administración como en el ejercicio de políticas públicas de todo tipo. De algunas de ellas –la fiscal, por ejemplo–, ya hemos podido apreciar la diferencia en lo que atañe al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y lo anunciado respecto a los tramos autonómicos del IRPF.

Es verdad que en el primero el impacto no va a ser muy elevado, dada la reducción obligada por el socio del anterior gobierno. Pero, para general sorpresa e incluso estupefacción de algunos, el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019 no solo no propone una reducción de estos gastos sociales, sino que los amplía en sus secciones respecto al presupuesto anterior, aunque no programa a programa. Y de la lectura del proyecto no puede colegirse que tal mayor dotación tenga como finalidad ampliar la concertación o la colaboración público-privada en esas dos ramas.

Lo público debe tener límites

Por otra parte, algunos, no pocos, esperaban que el proyecto para lo que queda de 2019 mostrase una desaparición de los denostados –no pocas veces sin razón– organismos no administrativos de la Junta de Andalucía. Administración paralela llamada a veces, en la que se incluyen desde organismos creados sólo para ofrecerle a alguien tener algo en que ocuparse (y ser retribuido) hasta otros que son absolutamente insustituibles, incluyendo en el recorrido algunos que ponen de manifiesto que sus creadores no dedicaron ni un minuto a reflexionar sobre los límites razonables de lo público. No me refiero a una función pública cuyo menester podría ser mejor realizado por una agencia administrativa, empresarial o de régimen especial, sino a algunos como el que, en el caso del flamenco, ha transformado el 'quejío' en 'agradesío' a golpe de subvenciones, por no hablar del ente cultural que necesita una pléyade de empleados para gestionar la modestísima inversión que luce en su presupuesto.

Pero habría sido insensato por parte de los responsables anticipar en el presupuesto la desaparición o reducción de un organismo público antes de que ésta se produzca de modo efectivo. Y es que ello no requiere sólo la voluntad del decisor público, sino también que la Justicia no considere nulos los despidos, si los afectados recurren a ella. Alguna experiencia tenemos ya sobre esto.

La acción de un gobierno que se proclama liberal en lo económico y reformista de la regulación –y pasos apreciables parece que se están dando– creo que no debe limitarse al examen y modificación de las funciones administrativas que se ejercen fuera de la administración general, sino que hay que examinar qué funciones han sido asumidas por lo público en Andalucía a lo largo de decenios y para las que carece de sentido tal naturaleza. Es decir, qué funciones son propias de la acción privada y que, por una u otra razón, han nacido públicas o han sido asumidas por lo público. No me estoy refiriendo a privatización, sino todo lo contrario. ¿Por qué se ha hecho público algo que puede ser privado, como sucede en otros lugares? ¿Por qué, de ser justificado en función de su rendimiento social, no habría bastado darle un soporte financiero a una acción privada?

Veiasa y Cetursa, dos casos paradigmáticos

Tenemos en Andalucía dos casos ejemplares, entre otros. Uno de ellos es Veiasa, conocida por su servicio de inspección técnica de vehículos, y el otro es Cetursa, la que remonta a los esquiadores en Sierra Nevada.

Veiasa nació a principios de los 90, con vocación de prestar servicios de metrología industrial –Verificaciones Industriales es lo sustantivo de su acrónimo– que se consideraban insuficientemente atendidos en Andalucía, y se contemplaba solo un servicio de ITV móvil en zonas en las que se creía que la demanda sería insuficiente para interesar a la iniciativa privada: el Andévalo onubense, por ejemplo. Nunca la regulación estatal de esta inspección consideró que hubiese de ser prestada de forma pública, si bien se admitía esta posibilidad. El Estado determinó la obligación de inspección y los medios técnicos con los que las estaciones tendrían que ser dotadas, así como previno los posibles conflictos de interés. Pero el régimen general era el de concesiones o autorizaciones.

¿Qué sucedió en Andalucía? Pues que surgieron empresas privadas para realizar el servicio en régimen de concesión y así lo hicieron desde 1985 hasta que una enmienda a la ley de presupuestos de 2004 determinó que el servicio sería gestionado en régimen de exclusividad por Veiasa. De nada sirvieron las quejas de los concesionarios, que en marzo de 2003 habían acogido con agrado la Orden de la consejería entonces competente que contemplaba una prórroga por diez años.

En España hay, según Comunidades, distintos regímenes: mixto, liberalizado o monopolista, con diferentes precios. En Andalucía optaron por el monopolio, si bien con precios menores que los de otras regiones. ¿La causa? No creo que sea la seguridad de la inspección, ya que entonces también habrían de ser empleados públicos los inspectores de aparatos elevadores o de equipos a presión (vulgo ascensores y calderas) y no ha sido el caso. Ahora bien, hacerse con un negocio que en 2017 llegó a casi 4,5 millones de inspecciones sí parece bastante atractivo, con la añadida posibilidad de ir albergando a afines descolocados. Y el negocio es muy bueno: público cautivo, ningún competidor, unos 1.500 empleados, casi 117 millones de euros de ingresos en 2017 y con un beneficio de 18,5 millones ese año. Y eso que los ha habido mejores: 26,7 millones de beneficio en 2015.

Bien, ante esto desde un pensamiento liberal sólo caben dos formas de actuar. Una de ellas es reducir las tasas sin perjudicar unos resultados equilibrados y la otra seguir el espíritu original de la prestación de este servicio: que instale una ITV quien lo tenga por conveniente, cumpliendo la normativa cuya última actualización se produjo en 2017. Y no es difícil privatizar la empresa pública garantizando la continuidad de los empleos razonables y haciendo atractiva la inversión a quienes adquiriesen los activos de Veiasa, pero sin dar lugar a un nuevo monopolista.

Y en cuanto a Cetursa, amalgama de empleo heredable, como el de los estibadores, y de huelga reivindicativa (o amenaza de ella) en el momento más perjudicial, como los controladores aéreos, ya sabemos que la acción no muy honesta de sus anteriores dirigentes fue denunciada ante la Fiscalía ¡por el responsable último! y que han sido reemplazados por personas que, según tengo entendido, son competentes y muy capaces. Pero tengo para mí que los sobresueldos y regalías de la anterior dirección tenían causa en que sus retribuciones no estaban muy lejos de las de los operadores de la estación, a la vista del convenio colectivo. El balance entre ingresos y gastos de personal no se corresponde con el de otras estaciones de invierno asimilables, desde luego, y ya quisiera yo, por ejemplo, una paga extra-extra con motivo de mi festividad local. Pero, yendo al caso, ¿qué hace un empleado público asegurándose de que utilizo correctamente un remonte o preparando una pista? Por la misma razón, digo yo, tendría que ser un homólogo el que se ocupase de las atracciones de feria, algunas de las cuales son de uso bastante más peligroso que un remonte. Y esto por no hablar de las limitaciones que, con excusa débil de protección ambiental y más paisajística que otra cosa, quieren imponerse a la extensión de lo esquiable en Sierra Nevada. Más bien Sierra Pelada, a partir de una altura no muy elevada.

Dos casos, que no son anécdota, pero tampoco determinantes, pueden ilustrar que el nuevo gobierno tiene un gran trabajo por delante y que no se limita a reducir o a eliminar organismos. Por el contrario, si dispone de energía y valentía bastantes, puede iniciar la discusión sobre los límites de lo público y el alcance del Estado. La discusión no realizada todavía en España, pero sí la que se inició en Suecia a finales de los 80 y que condujo años después al sostenimiento de su estado de bienestar. Este es el asunto central, no discutir el contrato social sino la forma de cumplirlo, evitando que el debate se limite a la cuantía de las dotaciones a unos u otros programas calificables como gasto social. El debate es: ¿cómo sostenemos las prestaciones sociales en el futuro? ¿Qué ha de hacer el Estado y qué hemos de procurarnos por nosotros mismos? La discusión, seguro, trascenderá la legislatura, pero será un gran servicio a la sociedad andaluza.