La ventana
Luis Carlos Peris
Se abre la temporada de fuego real
Las relaciones entre España y México se estiban entre la memoria, las relaciones comerciales, la cultura, la lengua común y los sobresaltos. Si no empezamos por la memoria, mal iremos. Porque el agradecimiento al desempeño de México con los españoles durante la guerra y la dictadura fue sobresaliente. Mientras naciones como Francia y Reino Unido apostaron por la no intervención ante la sublevación militar de Franco, apoyada por el nazismo alemán y el fascismo italiano, México no sólo fue uno de los aliados más leales de la República y el régimen democrático sufriendo por ello cierto aislamiento exterior, sino que se empleó en suministrar alimentos, medicinas y otros materiales de primera necesidad. Consumado el golpe de Estado, México, con Lázaro Cárdenas de presidente, acogió a casi 25.000 exiliados españoles tras la guerra. Entre ellos intelectuales, científicos y familias de toda condición que encontraron allí un nuevo hogar. Con la ley de la Memoria histórica, desde 2007, miles de nietos de españoles exiliados a México entre 1936 y 1955 pudieron obtener la nacionalidad española. Hasta aquí la primera parte. Indispensable.
La relaciones diplomáticas se normalizaron en 1977, en la Transición, recuperada la democracia en España. Se fue restableciendo la confianza y avanzando en todas las líneas. A partir de 1982, la relación bilateral da un salto notable propiciando ambos países las Cumbres Iberoamericanas, que venían precedidas por la Comisión binacional. En 2007 se firmó la asociación estratégica España-México por la cual se privilegiaban las relaciones políticas, culturales, sociales y económicas, con proyección en el espacio iberoamericano. Hace sólo dos años, en la primera visita oficial de Pedro Sánchez a México, con López Obrador como presidente, se renovó la vigencia de la alianza y se ampliaron sus objetivos. Entre otros aspectos, López Obrador, el presidente de “las mañaneras” donde se alumbran tantos sobresaltos, firmó una declaración junto al presidente español en la que se destaca “ el dinamismo y el buen estado del intercambio económico y comercial entre México y España, en ambos sentidos, y acordaron trabajar conjuntamente para promover flujos cada vez mayores de comercio, inversión productiva y turismo, orientados a la innovación, al fortalecimiento de cadenas de valor, el desarrollo tecnológico, la investigación científica y el bienestar social”. En 2019, obvio, ya habían pasado “los sexenios” a los que aludía esta semana López Obrador y durante los cuales las empresas españolas poco menos que saquearon México.
El presidente de México ha decidido “hacer una pausa” en las relaciones entre ambos países. Lo dice como el que no quiere la cosa, en una comparecencia oficial y como si se tratara de pulsar el botón de un mando a distancia. “No queremos que nos roben (...) ni que nos vean como una tierra de conquista”. Metió en el saco “del contubernio arriba” y “la promiscuidad económica y política” a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto y a empresas españolas como Repsol, OHL, Iberdrola y Astilleros de Vigo. Como es habitual, no suele dar ni pruebas ni pistas. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, que se maneja con pericia, ha estado en su sitio, sin inflamar y relativizando, pero firme en la defensa de los intereses de España y sus empresas. Aunque AMLO, como tampoco da puntada sin hilo, dejó caer un enigmático “estaban acomplejados, fascinados con la Monarquía”. Ahí lo dejó, votando. Dos años antes había pedido al Rey Felipe VI que se disculpara por la conquista –una carta que la Corona no respondió–, muy estimulado por cierto, por su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, una activista reconocida respecto al daño ocasionado por España con la conquista.
Precisamente, la parte pendiente y subyacente de la historia común hunde sus raíces en el desembarco de Hernán Cortés en las costas de México en 1519. He ahí un tema imposible, básicamente porque cualquier mirada extemporánea sobre la historia está condenada al fracaso. Ni siquiera una pretendida mirada objetiva nos saca de las ideas enfrentadas sobre “la llegada de la civilización y el progreso al nuevo mundo” frente a “la destrucción del mundo aborigen americano y la interrupción del devenir histórico de grandes civilizaciones y culturas”. Y, por supuesto, es asunto de régimen interno en España: desde la extrema izquierda defendiendo la idea del genocidio hasta la extrema derecha vindicando a Isabel la Católica, y la toma de Granada.
En el medio, varios países relevantes han pedido disculpas por sus actuaciones a lo largo de su historia: Francia por las atrocidades del ejército galo en la guerra de Argelia; Alemania por el extermino de los pueblos herero, nama y san en Namibia a comienzos del siglo XX; Reino Unido hizo acto de contrición ante el pueblo kikuyu de Kenia por los hechos de los años cincuenta (aunque los ingleses se han saltado algunas “cosillas” que hicieron en la India, África o Irlanda, por ejemplo); o Japón, que es posiblemente el país que mejor se disculpa, por las barbaridades que hicieron sus tropas en Corea del sur, Birmania o Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta el papa Francisco se disculpó por “los muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios”. Otras naciones como Bélgica, posiblemente una de las más brutales de la historia –redujo la población del Congo a la mitad–; o Turquía por el genocidio armenio, jamás han dicho ni mú, ni parece que vayan a hacerlo.
Sólo Estados Unidos adelanta a España en inversión en México. Según los datos de la Secretaría de Economía de 2021, la inversión alcanzó los 76.000 millones de dólares, un 12% de la inversión extranjera directa en México. Casi 7.000 empresas españolas invierten en México. Los sectores con mayor presencia española son el de la energía, telefonía, la banca, el turismo y la obra pública y la construcción. Si López Obrador tiene que decir algo sobre dádivas, regalos, corrupciones o presidentes a sueldo de empresas españolas, que lo diga, que también queremos saberlo. Si no, sería mejor que dejara de enredar en las relaciones entre ambos países, profundas y sólidas. Y de paso contribuiría a no meter arena en el circuito de la seguridad jurídica de su país, que el dinero es muy cobarde. Y es muy dudoso que los miles de trabajadores y empresas beneficiados por la inversión española estén de acuerdo con darle al botón de pausa.
1. El Gobierno debe una explicación
El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que explicar la veracidad y los objetivos de las conversaciones mantenidas desde 2018 con el entorno de los presos de ETA, según un prolijo informe de la Guardia Civil. En la investigación figuran dos vías de contacto: a través del director de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) y del delegado del Gobierno en el País Vasco. Entre los interlocutores, Kubati, esa criaturita etarra que asesinó a Yoyes delante de su hijo cuando ésta quiso dejar la banda terrorista. Si en esas conversaciones hubo acuerdos relativos a las salidas de presos urge saberlo. Si la negociación se vinculaba a apoyos parlamentarios de Bildu, urge más.
2. Las elecciones las carga el diablo
Se las prometían felices Mañueco y el PP con las elecciones en Castilla-León, ese feudo histórico del PP. Pero las encuestas empezaron esta semana a soplarle en la oreja un molesto viento en forma de Vox y de las candidaturas de la España vacía, que podrían obtener una importante representación. Una plataforma similar, en Teruel, se nutrió básicamente de votos del PSOE. Anteponen la defensa de lo local a los postulados ideológicos, lo que las convierte en un balón de rugby, que tras botar no se intuye hacia dónde va a salir disparado. Por si acaso Mañueco, con la mesura de un estadista las ha comparado “con los separatistas” porque generan inestabilidad, incertidumbre e ineficacia”. Hoy sabremos cómo acaba esto. Igual no llega la sangre al río pero Mañueco, un poco a la desesperada, ha tirado en campaña de Ayuso como antídoto contra Vox. De Pablo Casado sólo se han tragado la estricta prescripción facultativa genovesa.
3. Rivera, bajo rendimiento y 500 días por año trabajado
Albert Rivera ya no trabaja en el despacho de Martínez-Echevarría, donde recaló tras su salida de la política. Parece que se ha despedido por mail y reclama los honorarios pactados hasta 2025. El despacho dice que tanto él como Villegas, que fue secretario general de ciudadanos y también ha cogido la puerta, tenían un rendimiento alarmantemente bajo y que habían sido avisados reiteradamente. “Aunque sabíamos de su completa inexperiencia, a todos nos ha sorprendido su inactividad, su desconocimiento mas elemental del funcionamiento de una organización empresarial. No estamos habituados en nuestra profesión a discursos vacíos, a llenar los espacios solo con palabras sin soporte real, a unas exigencias de protagonismo tan acusadas”, dice el despacho, que por lo visto ha descubierto en Rivera los mismos defectos que sus ex votantes. Aunque dicho sea de paso, no se entiende bien para qué lo fichaban si ya “sabían de su completa inexperiencia”. Bueno, sí lo sabían, claro. Rivera sostiene lo contrario, que ha cumplido sus compromisos. Él y su ex bufete sabrán las verdaderas razones de sus despedida. Y, como alguien ha recordado, aún más raro es reclamar 500 días de indemnización por año trabajado porque cuando él lideraba Ciudadanos defendía un contrato único por 20 días por despido procedente y 33 si el despido estaba justificado. Qué cosas se ven.
4. Viviendas y fondos de inversión
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, con el propósito de reducir déficit, tuvieron un arresto de creatividad y allá por 2013 decidieron vender parte del parque de viviendas públicas a fondos buitres y sociedades de inversión. En total soltaron más de 5.000 viviendas. Con sus inquilinos dentro, pequeño detalle. Eran familias con dificultades económicas y que necesitan acceder a pisos de protección oficial. En el caso de la comunidad fueron 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos. Los compró un fondo de inversión relacionado con Goldman Sachs mediante una empresa instrumental creada para tal fin. La primera consecuencia en el caso de los pisos de la capital fue que el fondo de inversión disparó los precios de alquiler provocando la salida de más de 1.300 vecinos. Esta semana la audiencia de Madrid ha absuelto a los responsables de la venta de los pisos al carecer la denuncia de “sustento probatorio”. En cambio, el TJM reafirmó hace algo más de un año la ilegalidad de la venta de las 3.000 viviendas de la comunidad, un proceso considerado “lesivo” para las arcas públicas por el Tribunal de Cuentas. La nueva ley de vivienda va a prohibir esas enajenaciones. Llega tarde pero llega. Es de entender que nadie preveía que instituciones públicas iban a entregar su parque de vivienda con los vecinos dentro a fondos buitres.
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