Análisis

Fernando Faces

Santelmo Business School

Pedro Sánchez y el dinero de Bruselas

El principal reto lo tenemos en España, que está a la cola en la ejecución de los fondos europeos, que triplicarán su cuantía con las ayudas extraordinarias por la pandemia

Pedro Sánchez y el dinero de Bruselas Pedro Sánchez y el dinero de Bruselas

Pedro Sánchez y el dinero de Bruselas

A la pregunta que hizo el pasado miércoles en el por Congreso de Diputados la portavoz del PP sobre dónde estaba el presidente, ausente en ese momento de la Cámara, la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo fue contundente: está en Bruselas defendiendo los intereses de España. Efectivamente Pedro Sánchez estaba en Bruselas presionando e interesándose sobre cómo y cuándo iba a recibir España el primer desembolso del Fondo Europeo de Recuperación (Next Generation UE). Para Pedro Sánchez y para España es vital que los 140.000 millones de euros lleguen cuanto antes: 72.700 millones en subvenciones y 67.500 millones en préstamos. Más del 12% del PIB de España, que recibiremos desde el 2020 al 2026. El 70% en el periodo de 2021- 2022 y el 30% a partir de 2023, condicionado al visto bueno de la Comisión Europea (CE)y del Consejo Europeo en función del cumplimiento de los objetivos. Pero… ¿Qué le preocupa a Pedro Sánchez para estar tan pendiente de Bruselas?.

Cuando antes mejor.

En primer lugar el tiempo. Es apremiante que el primer desembolso se realice en el primer trimestre de 2021.El impacto de la crisis sobre el PIB del último trimestre ha sido brutal, -17,5%. La mayor caída de la Eurozona. Las previsiones económicas auguran una caída del 12,5% en 2020.La repercusión sobre el empleo será similar, aunque algo menor, gracias a los ERTE. La incertidumbre persiste sobre los 750.000 trabajadores que todavía permanecen en los ERTE. Por esta razón Pedro Sánchez apremia para que el primer desembolso llegue en el primer trimestre de 2021.

La recuperación está siendo muy débil, la más baja de toda la Eurozona. La segunda oleada del Covid-19 está azotando España con mayor virulencia que al resto de los países europeos. El año 2020 será muy duro en términos de paro. España necesita que el mayor porcentaje de recursos provenientes del Fondo Europeo,y por lo tanto el mayor impacto, se produzca en 2021 y en 2022.De ello va a depender que los trabajadores que permanecen en los ERTES puedan volver a sus puestos de trabajo. Sánchez teme la lentitud de la burocracia europea. Todavía se tienen que pronunciar el Parlamento Europeo, los 27 parlamentos nacionales,y numerosos parlamentos regionales .Por otra parte hay que vigilar las estrategias de los lobbies de los países frugales (Holanda y países nórdicos) que han manifestado que “cuanto más tarde mejor” y que pretenden influir en el proceso de elaboración de los reglamentos que completarán la gobernanza de Fondo de Recuperación Europeo.

La segunda preocupación de Sánchez es que en el proceso de tramitación y aprobación se introduzcan nuevos obstáculos o condicionalidades. La letra pequeña de los prolijos reglamentos europeos puede llegar a modificar y limitar el alcance de los acuerdos. Los lobbies de los países centroeuropeos, más fuertes y expertos que los de los países del sur, tienen gran experiencia en estas lides. Se comprende la preocupación de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que manifestaba esta semana en una conferencia que estaba “obsesionada” con el desarrollo del marco jurídico y reglamentario que configurará la gobernanza del Fondo de Recuperación.

El enemigo está en casa.

Bueno es que el presidente del Gobierno se preocupe del dinero de Bruselas, asesorado por la ministra Nadia Calvillo, experta en burocracia europea, tras haber trabajado muchos años como alta funcionaria de la CE y como directora general de presupuestos. Sin embargo, el principal reto lo tenemos en casa. Las inversiones que se pueden realizar si se utilizan plenamente las adjudicaciones del Fondo Europeo de Recuperación triplican los fondos recibidos en los tres últimos años. La cantidad de dinero a gestionar en proyectos de inversión es espectacular. La pregunta es si España tiene la capacidad de análisis, gestión y ejecución para absorber inversiones tan extraordinarias. La experiencia pasada no nos avala. Como comentaba en mi último artículo, un reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo pone de manifiesto que la capacidad de ejecución de España (tasa de absorción) de los recursos asignados por los fondos estructurales, con la excepción de la PAC, se sitúa a la cola de los países europeos,entre los tres últimos con menor capacidad de ejecución. La tasa de absorción es del 40%. La pregunta que cabe hacerse es qué sucederá con unos fondos extraordinarios que triplican los hasta ahora recibidos.

De aquí la importancia y urgencia de mejorar la eficacia y eficiencia del entramado institucional que sustenta el proceso de selección, evaluación, ejecución y control de los proyectos públicos o públicos-privados de inversión. Sería dramático e injustificable que España, el país más dañado por el Covid-19 y el que con mayor urgencia e intensidad necesita la transformación y modernización de su tejido socio-productivo desaprovechara esta oportunidad histórica. Desde este punto de vista el Gobierno necesita ese tiempo, que ahora apremia, para construir y perfeccionar un mecanismo institucional ágil y eficiente de selección, evaluación y ejecución de proyectos. No conozco que se haya progresado en este aspecto, aparte del anuncio del presidente de la creación de una Comisión Interministerial y de una Unidad de Seguimiento dependiendo del gabinete de presidencia, dirigido por Iván Redondo. Decisión que preocupa más que tranquiliza.

Otro aspecto importante es que la aprobación de nuevos desembolsos estará condicionada al cumplimiento de la reformas y recomendaciones hechas por la CE a cada país dentro del proceso de seguimiento del “semestre europeo”. Condicionalidad que se extiende a que la reformas e inversiones tienen que estar dirigidas al aumento del potencial de crecimiento, creación de empleo y resiliencia, dentro de un contexto de transformación digital y transición ecológica. Pues bien, en su último informe la CE calificaba como insuficiente el cumplimiento de las reformas comprometidas en el ejercicio de 2019.

En el acuerdo de aprobación del Fondo de Recuperación Europeo se establece que los recursos financieros se van distribuir en varios desembolsos a lo largo del periodo 2021 a 2026. El cumplimiento de los objetivos y resultados de cada desembolso condicionará los siguientes. La CE exige que en los planes de recuperación y resiliencia nacionales se concreten los resultados esperados y las fechas(hitos). Una fecha singular será la de diciembre de 2022, fecha en la que teóricamente se habrá utilizado el 70% de los fondos. En ese momento se hará una nueva distribución entre los países del 30% pendiente,en función del impacto del Covid-19 en el PIB y el empleo en el período 2020-2022. Distribución que beneficiará a España al haber sido la más afectada . Pero para aprovechar esta oportunidad España tendrá que haber cumplido con los objetivos y resultados del período anterior.

La convergencia de España con respecto a Europa estará en función de la eficacia, eficiencia, transparencia y equidad con la que utilicemos el dinero de Europa. Paradójicamente podría ocurrir lo contrario a lo pretendido, que la divergencia en Europa aumentará como consecuencia de la eficiente utilización de los recursos de unos y la ineficiencia de otros(España). Es responsabilidad en primer lugar del Gobierno, y en segundo de la oposición que esto no suceda. España se juega su futuro en el próximo quinquenio.

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