Según las perspectivas económicas de la OCDE el PIB mundial caerá un 4,2% en 2020 y España estará a la cabeza de todos los países de la OCDE con una caída del PIB en el mismo periodo de entorno al 11,6%.

Las restricciones impuestas a la movilidad transfronteriza, las medidas necesarias de distanciamiento social y los cierres y las limitaciones horarias al comercio y la hostelería ralentizarán sin duda la recuperación económica de países como España, altamente dependientes del sector servicios y del turismo. Por ello, urge la reconversión de nuestro tejido empresarial con una verdadera transformación digital que nos permita, no sólo frenar la debacle económica sino acelerar el crecimiento económico de nuestro país y sentar las bases de una sólida economía 3.0

Las políticas, entre otras, las fiscales, que cada país ponga en marcha en el corto y medio plazo influirán, y mucho, en la rápida o lenta recuperación económica y en su solidez. Observamos, que como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, gobiernos de distintos países han venido implantando medidas fiscales de diversa índole, unas para estimular la economía (incentivos), otras para favorecer la liquidez de las empresas (aplazamientos) y otras, para incrementar la recaudación.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 reflejan la política fiscal por la que España se ha inclinado. Una apuesta por el incremento de la presión fiscal, con subidas de tipos en diversos impuestos y con la introducción de nuevos impuestos con la intención de incrementar la recaudación, que permita financiar la salida de la crisis. La subida de impuestos por sí sola no siempre resulta en un incremento de la recaudación, como demuestran los innumerables estudios llevados a cabo por reconocidos economistas desde la Segunda Guerra Mundial. El objetivo debe ser el de reducir el déficit público, y el de incentivar la economía productiva, por lo que debería ir acompañado de medidas tendentes a adelgazar la estructura del Estado, e impulsar el crecimiento económico.

En materia fiscal observamos cómo países de nuestro entorno como Reino Unido, Francia, Italia o Alemania, han introducido multitud de incentivos para rebajar la presión fiscal tanto de la empresa como de inversores privados. A título de ejemplo, reduciendo o eliminando los impuestos a la adquisición de inmuebles, aprobando rebajas o exenciones en el Impuesto sobre Sociedades de determinados sectores y mejorando la fiscalidad del teletrabajo para atraer nuevos contribuyentes a sus respectivas jurisdicciones.

Precisamente una de las oportunidades que ha surgido de esta crisis y de la que España podría sacar buen rédito es la normalización del teletrabajo. Somos un país de receptores de extranjeros y, por ello, estas nuevas fórmulas de trabajo a distancia unidas al hecho de que somos pioneros en fibra óptica son el caldo de cultivo idóneo para posicionarnos como país número uno en receptores de migrantes en edad productiva, con lo que todo ello conlleva, en materia de innovación, emprendimiento, creación de empresas y de empleo, incremento de cotizaciones sociales y recaudación fiscal y, en definitiva, más riqueza sostenida y sostenible.

Sin embargo, nuestro sistema fiscal requiere una revisión y actualización a los nuevos tiempos. España es el cuarto país de la OCDE en “esfuerzo fiscal”, es decir, el cuarto país que más recauda en relación con su renta per cápita. Este hecho debe invitar a la reflexión ya que nos puede restar competitividad.

Países como Portugal o Croacia, con una presión fiscal mucho menor, han visto en la política fiscal una oportunidad para atraer talento y contribuyentes de alto poder adquisitivo. Nuestra legislación de impatriados, conocida popularmente como Ley Beckham se ha quedado desfasada. Los límites cuantitativos y cualitativos (solo aplicable a rentas del trabajo y hasta un límite) hacen que su aplicación práctica sea muy escasa. Ya no cumple el objetivo inicialmente pretendido de incentivar la atracción de talento, y tampoco resulta útil para atraer emprendedores o profesionales, o simplemente jubilados que quieran vivir en un país como España con todo lo que puede ofrecer. Si, además, tenemos en cuenta que España es uno de los pocos países del mundo, y el único de la Unión Europea que aún conserva un impuesto sobre el patrimonio, la pérdida de competitividad frente a otros países como Portugal, Italia o Croacia es evidente.

A esto hay que sumarle ahora la doble imposición a los dividendos que se aplicará a partir de 2021, los cambios previstos en el régimen de las SICAV, las nuevas figuras tributarias (tasa Google y tasa Tobin) y el nuevo valor de referencia a utilizar para los bienes inmuebles en el Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Solo el tiempo nos confirmará el efecto que esta carga impositiva supondrá, pero en una economía cada vez más globalizada, conviene tener en cuenta la política fiscal que llevan a cabo los países de nuestro entorno, de lo contrario podemos perder competitividad sin darnos cuenta, cómo les sucede a las empresas que no vigilan los movimientos de su competencia.

De sobra es sabido que España cuenta con un clima privilegiado, buenas infraestructuras, extraordinarios servicios sanitarios, elevada seguridad ciudadana y una magnifica oferta cultural y de ocio. Un país inmejorable en lo que a calidad de vida se refiere. Esto nos convierte en un destino altamente deseado por extranjeros de alto poder adquisitivo, ejecutivos de grandes multinacionales, profesionales liberales y emprendedores. ¿Vamos a competir por este mercado, o se lo vamos a dejar a los países de nuestro entorno? Son múltiples las consultas que reciben los despachos profesionales de toda Europa sobre la fiscalidad portuguesa, o la posibilidad de teletrabajar desde Croacia. Queramos o no, la presión fiscal es siempre uno de los factores determinantes de un eventual traslado de residencia a otro país. ¿Cómo vamos a resultar competitivos para el ahorro, la inversión y el desarrollo de nuevos negocios si cuando un extranjero, emprendedor, profesional de éxito, empresario o jubilado se plantea venir a vivir a España le gravamos, además de sus ingresos mundiales, todo su patrimonio, aunque éste se encuentre en cualquier parte del mundo?

Existe en ocasiones reticencia a introducir medidas como las adoptadas por Portugal y otros países de nuestro entorno, porque pueden ser mal interpretadas, pero si se explican bien, como un auténtico incentivo a la inversión extranjera y al turismo residencial, se verán como lo que son, medidas tendentes a impulsar una industria fundamental para nuestro país, y a permanecer a la cabeza de la inversión extranjera en turismo residencial.