Análisis

Joaquín Aurioles

Universidad de Málaga

Reconstrucción y crisis de credibilidad

El deterioro de la confiabilidad de los diagnósticos del Gobierno invita a desconfiar de las expectativas de recaudación de tributos o la capacidad para doblegar la curva de contagios

Reconstrucción y crisis de credibilidad Reconstrucción y crisis de credibilidad

Reconstrucción y crisis de credibilidad

LA desconfianza que producen los errores, las rectificaciones y los vaivenes del Gobierno perjudican seriamente a la economía. La incertidumbre sobre el panorama fiscal, sobre el marco de relaciones laborales o sobre las propias restricciones a la movilidad dificultan la formación de expectativas, aumenta la percepción de riesgo entre inversores y emprendedores y repercute negativamente sobre la actividad económica y el empleo. Tampoco ayuda el deprimente contexto en el que ha de desenvolverse el futuro inmediato, aunque justifique el empeño del Gobierno en dibujar la realidad con perfiles optimistas para combatir el desaliento y mantener la moral. También es comprensible que su acción se haya limitado casi de forma exclusiva hasta ahora a la lucha diaria contra la pandemia.

Realmente no ha existido mucho margen para pensar en el futuro. Tampoco se disponía de recursos y las ayudas europeas, salvo las del BCE, no terminaban de definirse, aunque se tenía la certeza de la desolación y del formidable esfuerzo de reconstrucción que en algún momento habría que acometer.

Como una pieza más en la ofensiva contra el desaliento cabe entender la mezcla de sensaciones de catástrofe y esperanza con que la vicepresidenta económica presentaba la última rectificación del cuadro macroeconómico en el que el gobierno pretende incrustar su proyecto de Presupuestos Generales para 2021. El nivel de actividad se hundirá hasta un 11,2%, mientras se disparan el desempleo, el déficit y el endeudamiento público, pese a lo cual los analistas coinciden en tildar de optimista el pronóstico e incluso de algo sobrecogedor por el vértigo que produce el techo de gato púbico incrementado en un 53%, gracias a que las ayudas europeas pudieron finalmente desatascarse. El problema es el deterioro de la credibilidad en los diagnósticos gubernamentales, frecuentemente acusados de manipulación informativa durante la pandemia, que invitan a desconfiar en aspectos centrales de la argumentación, como las expectativas de recaudación de algunos tributos o la capacidad para doblegar la curva de contagios tanto como sería necesario para el cumplimiento de sus pronósticos.

No hay, sin embargo, demasiados elementos de incoherencia en el análisis de la vicepresidenta, excepción hecha de las previsiones sobre el contexto. La realidad es que el aparato productivo permanece suspendido en una elevada proporción, pero no destruido, y los bancos consiguen mantener el tipo gracias a la dotación de provisiones y a las ayudas del BCE. En estas circunstancias, es razonable esperar que el proceso de recuperación sea, cuando se inicie, intenso y rápido, aunque también dependiente de la capacidad para controlar la curva de contagio y de que la economía pueda sobreponerse sin traumas excesivos a la retirada del dopaje de los ERTE, los créditos de tesorería y otras medidas similares.

La respuesta europea ha sido controvertida, pero contundente a través del Fondo de Recuperación Next Generation EU. Proporcionará a España recursos por importe de 140.000 millones de euros para financiar inversiones que faciliten la reconstrucción de su economía. Una iniciativa de trascendencia comparable, si no superior, a la que en su momento tuvieron los fondos estructurales y de cohesión para impulsar el espectacular proceso de modernización en las estructuras básicas de la economía española en los años 90 y en el sistema de bienestar. Tendremos las ayudas, pero también exigencias en materia de responsabilidad y disciplina, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “España puede”, presentado por Sánchez, refleja la forma en que el Gobierno pretende utilizar estos recursos para impulsar “la modernización de la economía …, la recuperación del crecimiento … y el empleo …, la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente … y para responder a los retos de la próxima década”. Hubo más concreción en la presentación (2,5% de crecimiento, 800.000 empleos, etc.) que en el documento que lo sustenta, pero muy poca consistencia en ambos por el cúmulo de generalidades (prácticamente no hay datos), ausencia de información útil para la formación de expectativas e incluso una notable dosis de indulgencia con las medidas adoptadas hasta ahora.

No conseguirá el gobierno de esta forma superar su crisis de credibilidad ni liberar a la economía de sus adversas consecuencias. Los planteamientos reformistas se diluyen entre declaraciones de buenas intenciones, incluso en las políticas más proclives para ello (energética, administración pública, laboral, salud, educción y fiscal), mientras se ignoran otros aspectos centrales, como es el caso de la financiación autonómica en el contexto de las iniciativas fiscales que el Gobierno promete impulsar. También se olvidan los desequilibrios regionales, desplazados por los que provoca la despoblación, pese al papel central de la política regional en el conjunto de la estrategia política de la Unión.

Reconoce el Gobierno el enorme coste de la crisis, pero también la ocasión de impulsar un profundo proceso de transformación. Desaparecerán estructuras obsoletas y poco resistentes, pero las emergentes saldrán fortalecidas y pueden contribuir a reforzar el crecimiento potencial. Para el óptimo aprovechamiento de esta oportunidad convendría, aunque suene utópico, alejar en lo posible la gestión del rifirrafe político, mediante la creación, como he oído sugerir, de una especie de Comisaría del Plan dependiente directamente del presidente, pero adecuadamente protegida de injerencias partidistas e intereses territoriales. En el Gobierno piensan de otra forma y se plantea la creación de una Comisión encabezada por Sánchez, vinculada a la Comisión de Asuntos Económicos y con presencia de ministros y técnicos de la Administración. También se contempla la participación de corporaciones locales y autonomías, además de agentes económicos y sociales, todo lo cual supone una garantía de contaminación política de los trabajos, en lugar de blindaje.

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