ESTÁ hecho. Lo advertimos hace unas semanas porque así lo aseguraban personas que hablaban con Puigdemont y no lo desmentían personas que hablaban con Pedro Sánchez. Está hecho. Se está cumpliendo minuciosamente el calendario elaborado por quienes negociaban en Waterloo: se anunciaban las negociaciones antes de que se produjera la sesión de investidura de Feijóo, que sería fallida; después se anunciarían las condiciones que se estaban negociando y, antes de que se celebrara la investidura de Pedro Sánchez, tendría que haberse iniciado el procedimiento parlamentario de una ley de amnistía.

Solo falta ponerle nombre, y en eso andan los negociadores. Moncloa ha dado instrucciones de que nadie pronuncie esa palabra, recuerda lo ocurrido hace años con otro presidente socialista, Zapatero, que se negaba a pronunciar la palabra crisis cuando la situación de la economía era crítica. Pues ahora la palabra no pronunciable es amnistía, y los socialistas buscan un acuerdo con Puigdemont para que la ley que exige Junts no se llame así, Ley de Amnistía.

Se ha filtrado una posible Ley de Alivio Penal, pero como todas las filtraciones son interesadas, quienes trabajan en Moncloa siguen dando vuelta al nombre y apellido de una ley que, de aprobarse –no descartan que en el último momento a Sánchez le entre miedo– tiene un significado que asusta: no persona los pecados –delitos– cometidos, sino que no existen. En la justicia universal solo cabe para borrar los expedientes abiertos a quienes lucharon contra las dictaduras o para intentar la independencia de su país. En ningún caso, nunca, puede haber amnistía para quienes en un país democrático se rebelan contra sus leyes y su Constitución.

Todo ello se debe tener en cuenta a la hora de aceptar las exigencias de Puigdemont. El crédito internacional de España desaparecería de inmediato, se pondrían en marcha las instituciones europeas para echar abajo lo que va contra los tratados, estatutos y reglamentos de la UE, y se recordaría a quienes pueden utilizar la amnistía para repetir sus actos de rebelión contra un Estado, que jamás se les abrirían las puertas de la UE, pues sus propias leyes impiden aceptar a quienes atentan contra la territorialidad de un país miembro.

MILITANTES Y VOTANTES

Por eso es tan importante el nombre. No porque Sánchez se resista a aceptar algo ilegal, no sería la primera vez, sino porque podría ocurrir que los independentistas catalanes, con Puigdemont a la cabeza, pusieran sobre la mesa negociadora la palabra maldita. Hasta ahora la exigen solo como primer paso para votar a Sánchez; pero en los círculos independentistas ya se baraja la posibilidad de que en el pacto que se alcance con Junts se incluya ya el compromiso de Pedro Sánchez, del PSOE de Pedro Sánchez, de dar luz verde a un referéndum al que, de momento, se resiste a poner fecha.

La estrategia actual del sanchismo es ser inclemente con los socialistas que defienden la posición de Felipe González y Alfonso Guerra, que esta semana han expuesto abiertamente tras mucho tiempo de indecisión porque les costaba abrir una brecha en el partido.

Dieron el paso –Guerra mucho antes que Felipe– no solo por convicción sino también porque han recibido multitud de presiones de los socialistas que formaron parte de la Transición y también posteriores, dirigentes y militantes que no aceptan de ninguna manera que el PSOE actual se haya convertido en el partido que hace suyas las iniciativas de quienes pretenden escindirse de España, sin importarles que sean absolutamente ilegales. Los independentistas necesitaban alguien que las convirtiera en legales, y Sánchez se ha prestado a ello a cambio de que apoyen su continuidad en el Gobierno.

Presumen Ferraz y Moncloa de contar con el apoyo masivo de militantes, pero no es cierto. Sí cuentan con un suelo importante de votantes, sobre todo de pensionistas que creen que es factible el compromiso de subir las pensiones en función del IPC, cosa dudosa ante la situación económica actual, con deuda y déficit disparados, pero han perdido mucho voto joven y han dividido el voto femenino. Mientras una parte abraza las causas que defiende con tanto ardor Irene Montero porque las consideran progresistas, otras mujeres en cambio se fijan más en las consecuencias de la aplicación de las leyes emanadas del ministerio de Igualdad. No solo las relacionadas con los beneficios penitenciarios que han supuesto para los condenados por delitos sexuales, sino también por el enrarecimiento de las relaciones sociales, en las que se aplican normas del feminismo mal entendido, que ve al hombre como un enemigo a abatir.

DUDAS EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La mencionada inclemencia del PSOE de Sánchez contra el llamado felipismo, es la prueba fehaciente de que en Moncloa y Ferraz existe gran preocupación por el movimiento que ha surgido en torno a Felipe y Alfonso. Tratan de descalificar ese movimiento, que es real, incidiendo en que se tratan de políticos pasados de edad y de rosca, anclados en el pasado, que no asumen los cambios sociales y que a ellos les corresponden ahora dejar gobernar a una nueva generación que no tiene nada que ver con la Transición. Una etapa que está más que superada y a la que no reconocen méritos.

La situación para los que defienden a capa y espada Ley y Constitución, que por otra parte era un principio que mencionaban una y otra vez el presidente de Gobierno, sus ministros y su equipo del PSOE, es complicada. No tienen más posibilidad de impedir que Sánchez cumpla su objetivo de superar la investidura, si los independentistas o un puñado de diputados socialistas deciden no votarle.

Lo segundo es difícil porque, aunque algún diputado expresa sus dudas sobre la amnistía, no votar al secretario general del partido no solo lo consideran una deslealtad sino que puede tener consecuencias desastrosas personales y políticas, entre ellas el apartheid al que le someterían sus compañeros de grupo parlamentario, y la falta total de responsabilidades, el ostracisno llevado al máximo.

En cuanto a que se rompa la baraja entre Moncloa y Waterloo, es una posibilidad que no se debe descartar. Sánchez, que es un buen estratega, podría anunciar con gran alharaca esa ruptura para demostrar que no se somete al chantaje de un personaje que produce un rechazo inconmensurable en la mayoría de los españoles –incluidos numerosos socialistas– y que empieza a pasarle factura en las instituciones europeas, sobre todo Parlamento, Comisión y Tribunal Europeo de Justicia, donde se sigue con perplejidad y preocupación la política del presidente español.

Iríamos entonces a nuevas elecciones. Con una campaña en la que Sánchez sacaría pecho, como candidato que prefiere enfrentarse nuevamente a las urnas sabiendo que se juega su futuro, pero que ha elegido esa opción porque antepone a sus intereses personales y políticos lo que siempre ha defendido: Ley y Constitución. No se puede descartar ese escenario, aunque sea una patraña que Sánchez marcase líneas rojas a Puigdemont que no estaba dispuesto a traspasar.

En todo este proceso no se puede perder la vista al Tribunal Constitucional, ante el que se presentarán recursos. Si lo hace el Tribunal Supremo, como se rumorea, la aplicación de la Ley de Amnistía, o como se llame, se suspendería hasta su aprobación… o rechazo, lo que no se puede descartar.

Cándido Conde Pumpido es hombre muy cercano a Sánchez, no lo niega nadie, pero en su entorno afirman que es un magistrado de importante trayectoria y quiere finalizarla sin quedar marcado por ofrecer un favor al presidente. Multitud de expertos afirman con argumentos solventes que la amnistía no cabe en la Constitución. También existe rumores, serios, de que miembros del TC considerados progresistas se encuentran también en esa situación: no están dispuestas a aceptar como Constitucional una ley que no cumpla los requisitos para serlo.

El escenario no está tan claro como cree el PSOE de Sánchez.