Editorial

Elecciones y conflictos

AL tiempo que eran llamados a comparecer en el Parlamento para participar en el debate sobre la ley de reordenación del sector público andaluz, representantes de varios sindicatos y plataformas de funcionarios han convocado una manifestación de protesta, que prevén multitudinaria, para el sábado día 22 de enero. Ni que decir tiene que están en su perfecto derecho. Con esta movilización pretenden que el Gobierno autonómico retire el polémico decreto que trata de reestructurar el sector público andaluz y podar su enmarañada estructura. Hay que decir que la Junta ya ha rectificado su planteamiento inicial, precisamente por las demandas de los funcionarios, reformando parte de su contenido y aceptando tramitarlo como proyecto de ley. La exigencia de retirada parece, pues, una posición maximalista, puesto que en las actuales circunstancias las distintas organizaciones de empleados públicos van a poder exponer sus puntos de vista y tratar de convencer de la justeza de los mismos al Parlamento, que es el órgano en el que reside la soberanía estatutaria de Andalucía. Más grave resulta la amenaza de algunos de los portavoces-organizadores de la manifestación que prometen una campaña para las elecciones municipales "calentita" si no se atienden sus reivindicaciones y advierten que seguirán "reventando" actos oficiales de la Junta de Andalucía. Existen suficientes cauces democráticos plenamente establecidos y asumidos, como la propia manifestación comentada más arriba, para expresar quejas y protestas y plantear reivindicaciones legítimas a los poderes de todo tipo. Ello deslegitima la organización de esas protestas estentóreas, agresivas e incívicas que persiguen a los consejeros de la Junta a cualquier acto al que acudan en el ejercicio de sus funciones, tanto como la amenaza de reventar actos preelectorales del PSOE, y de cualquier otro partido. La campaña electoral debe celebrarse con libertad y sosiego, sin interferencias de asuntos que, aunque importantes, nada tienen que ver con los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales.

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