LOS dueños de Ferrovial, que como en toda cotizada son sus accionistas, respaldaron ayer de forma masiva –el 93.3%– la decisión del consejo de administración de esta multinacional española de trasladar su sede social a Países Bajos.

De nada han valido las presiones e insultos que el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, pero también su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, –que se ha alegado se su perfil moderado– para tratar de evitar que la compañía lleve a cabo sus planes para poder cotizar en EEUU, aunque antes lo hará también el parqué holandés.

Más allá de la cura de humildad que para un presidente del Gobierno tan soberbio como Sánchez supone que la inmensa mayoría de los partícipes hayan oído a los gestores, que acumulan decenios de éxito económico, todo el acoso a Ferrovial deja muy mal a España.

En la propia junta general de accionistas el secretario general de la Federación Mundial de Inversores, el belga Jean-Pierre Paelinck, acusó al Gobierno de “violar el derecho de propiedad” de los accionistas de Ferrovial con sus “injerencias”. Y el presidente de la asociación eslovena Vzmd, Kristjan Verbic, que representa a cinco millones de accionistas minoritarios, enfatizó que los principios fundamentales de la Unión Europea pasan por la libertad de establecimiento y que las decisiones de las compañías privadas y cotizadas tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas y no por los políticos o Gobiernos.

Pedro Sánchez no ha medido cómo ha dejado la imagen de España como democracia europea que debe respetar la libre circulación de empresas y capitales en el seno de la Unión.

Ni siquiera que esté a escasas semanas de asumir la presidencia de turno de la UE ha contenido su populismo –que ya no puede atribuirse sólo a que gobierna en coalición con Unidas Podemos– ha servido para que contenga sus ansias intervencionistas, sus tics autoritarios.

Lo ocurrido con Ferrovial no es más que la constatación de qué presidente tiene España, de su europeísmo intermitente y a conveniencia. Y está por ver si asume la derrota, reconoce aunque sea íntimamente sus errores, o se lanza a pleitear con la compañía y a perseguirla con la Agencia Tributaria como instrumento, que es con lo que ha amenazado en las últimas fechas para torcer la voluntad de los accionistas: amenazarles con una factura fiscal abultada si no hacían lo que quería. Cosas de cacique.